Atractivo y arrasador RIGI, ¿qué es lo que hace que la mayoría de diputados, senadores y legisladores digan que sí a tus condiciones casi sin chistar? Tucumán adhirió al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) el 26 de septiembre, la característica principal del mismo es que ofrece incentivos fiscales y aduaneros para atraer grandes inversiones. Esto quiere decir que el principal objetivo es atraer inversiones extranjeras directas y fomentar la inversión nacional en sectores estratégicos: foresto-industria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Cabe destacar que muchos de estos sectores están regulados y protegidos, ya que ponen en juego los bienes comunes naturales del país.

Luego de un debate poco contundente, con frases célebres como “bajemos la carga impositiva, pero no nos regalemos” de Manuel Courel, en Tucumán se aprobó el régimen con un par de modificaciones. Río Negro y Jujuy fueron las primeras provincias en adherir al RIGI. A ellas les siguieron Mendoza, Chubut, San Juan, Tucumán y Córdoba. En Salta obtuvo media sanción, mientras que en Corrientes y en Chaco se encuentran pendientes de aprobación. Por otro lado, provincias como la de Buenos Aires, La Pampa y La Rioja han decidido no adherirse, algunas incluso proponiendo alternativas propias.

De acuerdo a lo publicado por el gobierno nacional en el boletín oficial, el RIGI responde a las lógicas liberales que presumen La Libertad Avanza y Javier Milei. “El RIGI es una herramienta para atraer inversiones significativas para la economía nacional, que de lo contrario no se desarrollarían.” establece el decreto 2024-749 - Ley Nº 27.742. Sin embargo, los beneficios que brinda este régimen en particular responden a lógicas capitalistas puras y sobre las cuales estos esperados “grandes inversores”, igualmente capitalistas, sacarán el mayor provecho posible.

En detalle, la reglamentación del régimen de incentivo en Tucumán dispone:

Habilitar la exploración minera, quedando sujeta su explotación a las disposiciones de las leyes ambientales vigentes y que el Poder Ejecutivo, a través del ministerio correspondiente, evalúe su viabilidad.
Exención de impuestos provinciales por el plazo de ocho años, prorrogables por ocho años más mientras genere puestos de trabajo locales.

Gracias a la presencia de organizaciones ambientalistas en la antesala de la Legislatura tucumana, se logró evitar la derogación de la ley 7879 que prohíbe la explotación minera. Sin embargo el Gobierno eliminó por decreto fondos destinados a la protección de los bosques nativos

El RIGI, una herramienta que promete desarrollo pero que también enciende alarmas. ¿Cuál es el verdadero costo de atraer estas grandes inversiones? ¿Se está priorizando el lucro de unos pocos por encima del bienestar común y la protección del ambiente? Las preguntas quedan flotando en el aire mientras Tucumán y otras provincias argentinas se sumergen en este juego de incentivos y concesiones.