El 9 de febrero del 2021, Yolanda Vargas salió de su casa a comprar comida para sus hijos Melani y Thiago. Debido a la lluvia de aquel día y las calles llenas de barro, Yolanda decidió no llevarlos con ella.

Cuando regresó, su hogar estaba prendido fuego. Sus hijos perdieron la vida en aquel incendio. Su casa era una casilla de madera en el asentamiento Las Palmeras, en la localidad de Colonia Santa Rosa, en Orán, Salta. Yolanda era el único sostén del hogar.

En ese momento, la policía de Salta la llevó presa. Estuvo detenida por 23 días, no la dejaron permanecer en el velatorio de sus hijos y tampoco recibió contención alguna para atravesar su duelo. Luego de una movilización de vecinos y organizaciones sociales, el juez Francisco Oyarzú rechazó el pedido de prisión preventiva y Yolanda fue liberada.

“Yolanda enfrenta una causa judicial amañada, impulsada por la Fiscal Claudia Carreras”, denuncian desde las organizaciones sociales que exigen justicia por la mujer y sus hijos. Señalan, además, que la funcionaria de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas, no investigó las verdaderas razones del incendio. “Buscó desde el primer día condenarla para encubrir a los verdaderos responsables de la miseria y desocupación que afectaban a la familia de Yolanda”.

Hoy Yolanda se encuentra acusada de abandono de persona, seguido de muerte agravado por el vínculo. Este 3 de febrero, deberá enfrentar el juicio por un cargo que puede implicar más de 20 años de prisión. “Se trata de un caso testigo de criminalización de la pobreza, con sesgo de clase, género y raza”, afirma Luis Camaño, abogado defensor de Vargas.