Comunicado | Caso Ingenio Fronterita

Tres años después de que comenzaran las investigaciones, por parte de la Fiscalía de ddhh, este lunes 25 de junio, se inician las indagatorias a seis acusados de diversos delitos, desarrollados en el Ingenio Fronterita contra obreros y habitantes de las colonias de ese ingenio, implementados entre 1975 y 1979. Todas las acciones delictivas se inscriben en el marco de las prácticas represivas implementadas durante el llamado Operativo Independencia y luego en el marco de la dictadura cívico militar iniciada en 1976. 

Las personas a ser indagadas por delitos de lesa humanidad son: Jorge Alberto Figueroa Minetti , Camilo Bergero, administradores del Ingenio y los miembros de su directorio: Carlos Alfredo Allende Pinto, Alfredo José Martínez Minetti, Fernando Cornú De Olmos y Eduardo Butori. Todos viven en la actualidad, en Córdoba. 

Se los indagará por delitos infringidos contra 65 personas, entre ellos pobladores de las colonias del Ingenio, obreros del mismo y dirigentes del Sindicato de Obreros de Surco y Fábrica del Ingenio Fronterita entre quienes fueron detenidos desaparecidos, Fidel Jacobo Ortiz, José Jacinto Sión, Ricardo Ernesto Medina y Sixto Federico Costa. Las acciones investigadas están referidas a violaciones de domicilio, privaciones de libertad, torturas y abusos sexuales además de respaldos secundarios en los delitos cometidos en contra de quienes fueron víctimas de desaparición forzada

Los hechos investigados por la Fiscalía se remontan a febrero de 1975, cuando se instala en el predio del Fronterita, una base militar, asiento de la llamada Fuerza de Tarea Rayo, situada a unos seis kilómetros de la Plaza de Famaillá --en  la misma calle Mitre de la Escuelita de Famaillá, el primer CCD de la Argentina--,  en el marco del Operativo Independencia, a cuyo frente estaban Luciano Benjamín Menéndez como comandante del III Cuerpo con asiento en Córdoba, y el Jefe del Operativo Independencia, Acdel Vilas. Esa base militar entroncaba con otras bases militares ubicadas en la zona de acción represiva, tales como Santa Lucía, Caspinchango y el ex ingenio Lules. 

Las indagatorias, que se realizan desde este lunes 25, comienzan con el administrador del Ingenio Fronterita en el momento de los hechos,   Jorge Alberto Figueroa Minetti, quien además tenía su vivienda en el interior de esa fábrica azucarera, y en la que funcionaba el Centro Clandestino de Detención.  La investigación de la fiscalía se orienta a que hubo cooperación de los máximos responsables del funcionamiento del ingenio en los delitos cometidos contra 65 víctimas. De ese conjunto, hay 11 casos de desaparición forzosa, 44 de esas víctimas eran trabajadores del Fronterita y 34 vivían en las colonias que eran parte de la propiedad del Ingenio Fronterita, doce de cuyas camionetas, habrían sido usadas para trasladar a los obreros secuestrados, es decir que las victimas de este caso, eran referentes sindicales o militantes de base, todos en relación de dependencia en esta fábrica azucarera. 

Según la investigación realizada por la Fiscalía, tanto la base militar como el CCD fueron instalados en tres locaciones principales cedidas a los militares por la empresa Mineti, propietaria del Ingenio. Las locaciones cedidas fueron tres galpones  a los que se conocía con e nombre de "Tambo"; los "Conventillos", utilizados por los trabajadores golondrina durante la zafra, y la "Laguna" o "Campamento", donde se instalaron las carpas del Ejército Argentino, circundando una laguna de descarte del Ingenio.

PRUEBAS Y ALLANAMIENTOS

La investigación de esta causa, que llevó casi tres años de trabajo, tiene como base, además de los numerosísimos testimonios propios de este tipo de causa judicial, una importante documentación recogida en los allanamientos que se realizaron en mayo de 2016 en las oficinas del Ingenio La Fronterita, en Tucumán y como así también en las oficinas situadas en Córdoba capital de la firma José Minetti & Cía. Ltda. En el primer lugar se secuestró legajos de víctimas de delitos de lesa humanidad que pasaron por la Base y el CCD, además, de recopilar recibos de sueldos de la época, libros del personal, archivos de litigios laborales y otros documentos, en tanto que en Córdoba se requisaron libros contables y de balances. 

El caso del Ingenio Fronterita es el primero en Tucumán que es vinculado con lo que se describe como “complicidad empresarial con el terrorismo de Estado”, y la fase de indagatoria que se inicia esta semana se asienta en la hipótesis de que  hubo coincidencia de intereses entre militares y empresarios, ya que ambos tenían el objetivo de desmovilizar a los sectores laborales sindicalizados, en  momentos en que se estaba produciendo el reemplazo de la mano de obra por las máquinas cosechadoras, con las consiguiente ola de despidos y desocupación entre los trabajadores de la caña de azúcar. En la actualidad, el Ingenio La Fronterita pertenece a la empresa Salta Refrescos, una subsidiaria de Arca Continental, S.A.B. DE C.V., la compañía mexicana embotelladora de Coca-Cola. 

YA HABIA SIDO DENUNCIADO ANTE LA BICAMERAL

Los organismos de Derechos Humanos de Tucumán, destacamos que este CCD fue el primer lugar de prisión denunciado, tras la recuperación del estado democrático,  ante la Comisión Bicameral de nuestra provincia que investigara los casos de secuestros, torturas y desapariciones de tucumanos, producidas por la dictadura cívico militar. Los “Conventillos” del Fronterita eran parte del horror cotidiano que se vivía en la zona en los nefastos tiempos del Operativo Independencia y de la dictadura. 

Asimismo expresamos que consideramos que investigaciones con este eje –civiles actuando concomitantemente con el Ejército represor— desenmascaran la unión de objetivos y acciones concretas entre el poder económico y un sector del empresariado con el Terrorismo de Estado una de cuyas metas fue la desarticulación del movimiento obrero, y en el caso de Tucumán, de las organizaciones de los trabajadores y sus dirigentes, especialmente los vinculados a la actividad cañera, es decir FOTIA. Por todo ello, y luego de tantos años de espera, destacamos el inicio de esta nueva etapa en esta causa, y esperamos que prontamente se pueda concretar el juicio oral correspondiente.

Firman:

Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Tucumán – H.I.J.O.S  - ANDHES - Liga Argentina por los Derechos del Hombre
Fundación Memorias e Identidades del Tucumán
Asociación de Ex Presos Políticos de Tucumán
Asociación ex presos políticos Bernardo de Monteagudo
Agrupación de Ex Presos Políticos “Héroes de Trelew” de Tucumán
Comisión de Derechos Humanos de Tafí Viejo – Comisión de Derechos Humanos de Monteros - Comisión por la Memoria de Río Seco.