Por la aparición con vida de Santiago Maldonado
/Santiago Maldonado desapareció hace 10 días mientras acompañaba un corte de ruta organizado por comunidades mapuches que reclaman territorios ancestrales en la Patagonia. En el marco de las políticas represivas que el Gobierno Nacional impulsa como regla ante el conflicto social, la Gendarmería Nacional desalojó de forma violenta el corte que se realizaba en la Ruta 40 y, sin orden judicial, el predio de la estancia Leleque que también ocupaban los manifestantes. Allí, Santiago fue visto por última vez. Testigos afirman (según denunció el Centro de Estudios Legales y Sociales [CELS]) que a Santiago lo detuvieron agentes de Gendarmería. Desde esta fuerza y el Ministerio de Seguridad se niega esa posibilidad y, a pesar de estar sospechada, la Gendarmería Nacional forma parte de la búsqueda del joven artesano.
Desde Tucumán se acompañó el reclamo por la aparición con vida de Santiago. Organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas se manifestaron en plaza Independencia y leyeron un documento consensuado en el que señalaron al Gobierno Nacional como el principal responsable. Exigieron asimismo las renuncias del Secretario de Derechos Humanos de la Nación Claudio Avruj, quien afirmó que el joven platense está “extraviado” negando de esta manera la responsabilidad del Estado y sus obligaciones como garante del cumplimiento de los Derechos Humanos, y de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien es la principal ideóloga de la escalada de violencia y autogobierno de las fuerzas de seguridad y que profundizó las políticas represivas que implementó desde 2012 Sergio Berni como Secretario de Seguridad de la Nación.
Desde los organismos de derechos humanos se denunció a estas políticas represivas como el marco necesario para sustentar las políticas económicas llevadas adelante por el Gobierno Nacional y que están causando el aumento de la pobreza y la desocupación y, por ende, el crecimiento de la protesta social. Las represiones a los trabajadores de Pepsico y Cresta Roja en las últimas semanas dan cuenta de que la receta para combatir las consecuencias del ajuste económico no es el consenso sino la violencia.
Por otra parte, se denunció la gravedad que significa que un ciudadano desaparezca en manos de una fuerza de seguridad en el Estado de derecho. Esta desaparición implica una afrenta al sistema democrático que impera desde el 10 de diciembre de 1983 ya que, según explica el documento leído durante la manifestación, “Los hechos que precedieron y se sucedieron en la desaparición de Santiago encuadran en la figura de Desaparición Forzada de Personas”.
Los manifestantes tucumanos además hicieron referencia a la pronta finalización del juicio por delitos de lesa humanidad en el marco del Operativo Independencia, una analogía inevitable ante la escalada de violencia por parte de las fuerzas de seguridad y la posibilidad de la desaparición de un ciudadano a manos de estas, como ocurriera en la provincia durante 1975 en pleno proceso democrático.
