Finalmente, y después de 11 años de cajoneos, este martes el proyecto de despenalización del aborto propuesto por la Campaña Nacional por el Aborto Legal Seguro y Gratuito se empezó a debatir en la Cámara de Diputados de la Nación. Esta es la séptima vez que la Campaña presenta el proyecto ante los legisladores nacionales, pero es la primera vez que pasa a comisión para ser debatido. Ante este hecho las militantes y simpatizantes de la campaña convocaron a apoyar en las plazas del país este proyecto que pondera el derecho a elegir de la mujer gestante y la necesidad de terminar con el principal causante de muerte materna en Argentina que es, según las organizaciones convocantes, el aborto en condiciones de clandestinidad. Las mujeres tucumanas respondieron a este llamado y se convocaron en la tarde del martes en plaza Independencia.

Sucede que los abortos en Argentina se llevan adelante a pesar de su ilegalidad. Ora en clínicas privadas de gran prestigio, ora en la casa de una comadrona de barrio que dice conocer las artes de la extracción. Son entre 300.000 y 500.000 abortos al año (la ilegalidad impide conocer el número exacto), de los cuales cerca de 30.000 terminan en el sistema de salud por algún nivel de complicación. Desde el retorno de la democracia más de 3.000 mujeres han muerto por exponerse a procedimientos artesanales para la interrupción de embarazos no deseados. La inmensa mayoría de esas mujeres pertenecían a los sectores populares, para quienes está vedado el acceso a los tratamientos seguros debido al elevado costo (principalmente por su ilegalidad). *

Es por eso que estas manifestaciones no debaten los alcances morales de un hecho que es parte de la vida cotidiana de las mujeres argentinas. La discusión, para quienes defienden la interrupción voluntaria del embarazo, gira en torno a la salud pública, es decir, alrededor de lo que debe hacer el Estado para que no mueran 150 mujeres al año debido a procedimientos peligrosos ante una decisión que corresponde al ámbito privado.