El miércoles a primera hora la noticia ya se había corrido: terminó siendo una cesárea. Una micro cesárea, explicaron los médicos que intervinieron, porque hicieron todo lo que pudieron para que el daño sea el menor posible. La indignación ganó las calles, el dolor ganó el alma y a las 11 de la mañana, en la puerta de la oficina central del Sistema Provincial de Salud (SIPROSA), el repudio fue contundente.

Lucía es el nombre ficticio puesto a esta niña de 11 años que pidió acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Su caso fue judicializado y el Ministerio de Salud terminó siendo una especie de mediador. “Como si hubiera algo que ocultar”, dijo a diferentes medios Fabián Gigena -médico que intervino finalmente en lo que terminó siendo una cesárea-. “Nos habían dicho que era una nena de una contextura grande, pero no era así,es muy pequeña. La encontré en su cama jugando con juguetitos de plástico”, narró Cecilia Ousset, que asistió a Gigena.

“Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito regional Tucumán denunciamos el violento accionar del sistema público de salud de la provincia que obligó a una niña de once años a someterse a una cesárea habiendo manifestado en reiteradas ocasiones, desde hace dos meses, la voluntad de interrumpir el embarazo. No solo ella sino también sus familiares”, se leyó por el megáfono. Las puertas del edificio que suelen estar abiertas para la atención al público se cerraron.

“Torturadores” , fue la leyenda que se pegó en las paredes, que se pintó en el suelo, que se cantó y se gritó hasta gastar las gargantas. “No vamos a permitir que se tenga como rehenes a niñas, mujeres y personas gestantes en los hospitales mientras los casos se judicializan para dilatar el tiempo de gestación y así terminar sometiéndolas a prácticas que no se enmarcan en el protocolo de interrupción legal del embarazo”, continuaba el texto que luego se leyó en la vereda de casa de Gobierno, frente a la plaza Independencia.

En esa plaza, a pocos metros, un puñado de manifestantes con pañuelos celestes rezaban, algunos de rodillas, otros de pie. Pero todos rezaban. Custodiados por policías. Rezaban.

“Exigimos la renuncia inmediata de los responsables que han torturado a una menor sin ningún tipo de escrúpulos: Gustavo Vigliocco (Secretario ejecutivo médico del SIPROSA), Rossana Chahla (Ministra de salud pública de la provincia), Juan Manzur (gobernador de Tucumán), Elizabeth Avila (médica pediatra de neonatología del hospital Eva Perón), Washington Navarro Dávila (Ministro de defensa)”, decía el documento entre gritos afónicos y bronca que se hacía nudo en la garganta.

“Exigimos la inmediata implementación del protocolo de ILE en los hospitales de toda la provincia. Pedimos que se respete y garantice el derecho a la intimidad de la niña, repudiamos al arzobispo de Tucumán quien difundió su nombre dejándola aún más expuesta y vulnerable. Denunciamos la persecución que se lleva adelante contra los profesionales que realizaron la práctica, aun manifestándose objetores, pero entendiendo que en este caso lo importante es el cumplimiento de la ley.

¡No queremos más Lucías!”.