¿Cuántas niñas fueron ‘madres’ en 2021?¿Qué ocurrió en los meses que van de 2022? “Esas cifras las pedimos y apenas las tengamos, las daremos”, responde Soledad Deza, abogada feminista presidenta de la Fundación Mujeres por Mujeres, que espera que el Ministerio de Salud de la Nación les informe un dato que es fundamental a la hora de trabajar en la prevención de abusos sexuales infantiles. 

En 2019 se hablaba de 139 niñas que habían sido obligadas a parir en Tucumán. Lucía, de apenas 11 años, fue una de ellas y su caso ocupó los titulares de los medios no sólo locales sino también nacionales e internacionales. Ahora, tres años después y tras la masiva movilización social que esta causa provocó, ¿cambió la situación? Sin conocer las cifras que Mujeres por Mujeres reclama es difícil evaluar y responder esa pregunta ¿Hace algo el Estado para prevenir los casos como el de Lucía? “Eso habría que preguntarle al Estado porque casos como el de la niña de 10 años (que se conoció en enero de este año) nos inducen a pensar que no hace nada”, contesta Deza.

La niña de 10 años había llegado al hospital del Este con un embarazo de siete meses. “El caso ingresó al servicio de tocoginecología de esa institución, que se caracteriza por ser anti derechos. Ellos la derivaron a la Maternidad para que allí se aplique el protocolo ILE y la intervención terminó con el nacimiento de un sietemesino”, explica una fuente que trabaja en ese nosocomio y que pidió la reserva de su nombre. “Técnicamente existió interrupción del embarazo porque este no llegó a término; el problema es que no se produjo un aborto, que es lo que en teoría garantiza la ILE, que se encuentra vigente desde hace más de 100 años”, señala, y ante la pregunta de por qué no se garantizó un aborto responde: “Es que nadie se va a inmolar (ante las presiones y la persecución que se viven en el sitema de salud). Se trata de médicos, no de héroes”.

El Estado que niega derechos

La llegada de una niña embarazada al sistema de salud da cuenta de una cantidad de derechos vulnerados a los que fue sometida. Especialistas y activistas por los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes consultados coincidieron en que el sistema sanitario es el último peldaño de una escalera de organismos estatales que no actúan cuando corresponde: desde el área de educación hasta la Dirección de Infancia, Adolescencia y Familia (Dinayf), el Cuerpo de Abogados de Víctimas de Violencia y el Poder Judicial. Llegada esta instancia, solo resta hacer lo que corresponde: garantizar la ILE, es decir, la expulsión del feto sin vida.

“Cuando una niña ingresa al sistema sanitario embarazada, el personal de salud debe brindarle información sobre la legalidad del aborto en su caso. Todo debe pasar sin demoras, sin excusas, sin barreras, sin objeciones de conciencia encubiertas de discurso pseudo científico y sin intervenciones farmacológicas que desarrollen artificialmente la vida intrauterina para provocar nacimientos con vida. Un aborto exige la terminación de la vida fetal como condición para que exista, el resto es maleficencia médica”, explica Deza.

Si bien los abortos en gestaciones de más de 20 semanas no son los más frecuentes en general, en una niña abusada son muy probables, ya sea por la edad de la niña, por su desarrollo, por los desconocimientos, silencios y complicidades que los rodean. No obstante, aclara la abogada feminista, la ley no pone límite gestacional para el aborto bajo el sistema de causales. “No hay vacío, la ley es clara y lo que sí hay, son excusas. Hay una persona en un lugar de poder que provoca deliberadamente un daño. Hay violación de obligaciones éticas y legales muy fuertes en un médico que no respeta la autonomía de una paciente vulnerable. Hay, además, un poco de perversión y perversidad”, sostiene Deza. 

 “Las cosas cambiaron para peor desde que está Medina Ruiz”, dice la fuente cuya identidad se reserva por su expreso pedido, y que se refiere al ministro de Salud Luis Medina Ruiz (en el cargo desde que Rossana Chahla asumió como diputada). “La fetólisis es la forma técnica con la que se garantiza la muerte fetal intrauterina y este procedimiento sí se realizaba en la provincia. Hoy no se hace porque existen presiones para que no se haga. No es que no haya profesionales capaces. Hay antecedentes de judicialización de profesionales de la salud que han intervenido en casos de ILE sin que se haga la muerte fetal intrauterina, y eso se recuerda para presionar”, señala. 

Deza, por su parte, también advierte que existen profesionales capacitados para este tipo de intervenciones. Cuando en enero se conoció lo que ocurría con la niña de 10 años, la fundación que preside presentó un pedido de información pública. “Es imperdonable que, habiendo recursos, se revictimice a las niñas. La abogada no duda en señalar que estas decisiones hablan de un Estado “que prefiere congraciarse con los conservadurismos sanitarios e institucionales antes que asegurar el derecho al desarrollo humano de las niñas”. 

¿Cómo prevenir abusos en las infancias?

Si la llegada de una niña abusada y embarazada al sistema de salud es el último escalón en una sistemática vulneración de derechos, ¿cómo evitar que esto suceda? Se empieza con la prevención de abusos sexuales en las infancias. “Eso se logra con campañas de difusión enormes”, dice Adriana Guerrero, coordinadora nacional de Cladem (Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer​) y ejemplifica con la efectividad de las campañas de vacunación por Covid 19, la del uso del barbijo y la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados. 

“En esas campañas se ha definido un objetivo, se han tomado las acciones necesarias para alcanzarlo, se dispusieron los recursos y han concientizado a la sociedad. Con los abusos sexuales infantiles eso no se ha hecho todavía. No hay campañas públicas que pongan el abuso sexual infantil como una conducta disvaliosa para la sociedad y que concienticen en que no es una cuestión de la vida privada de las personas”, dice Guerrero.

“El abuso sexual infantil se previene con educación sexual integral y con difusión de información a toda la ciudadanía. La educación sexual es clave para enseñar otras formas de vincularse afectivamente, los límites que tiene el cuerpo, la noción de consentimiento y, sobre todo, para brindar herramientas para que la víctima pueda revelar lo que le pasa, que muchas veces está naturalizado en su imaginario y oculto para su entorno”, opina Deza. 

Pero toda esa campaña de difusión y prevención requiere de una herramienta, que al decir de Guerrero es fundamental: estadísticas cruzadas e integradas. “Necesitamos que una denuncia en una comisaría por un abuso esté integrada con las estadísticas de los organismos encargados de la niñez, con los organismos de salud y con la justicia, y así tener una dimensión real del problema. Si no tenemos estadísticas integradas no tendremos ninguna condición de diseñar políticas públicas que den respuesta a estas problemáticas”, comenta. 

Deza, además, advierte: “es hora de involucrar a las universidades en estas políticas públicas con agujeros, porque detrás de estas cuestiones hay déficit en la formación profesional del personal de salud, de la psicología, del trabajo social, de la enfermería y de la abogacía. El personal de salud que naturaliza a las niñas madres no sale de un repollo: sale de la universidad”.