Mala praxis: el caso del niño que podría cambiarlo todo

Fotografía: Mariela de Haro.

“¿Lo ves? Él es Matías”, dice Candela, que tiene apenas 4 años. Cuando ella nació, su hermano ya no estaba. Para María Luna, mamá de ambos, Matías ya se había convertido en lucha, en búsqueda de justicia, en bandera inclaudicable. Cande mira la foto de su hermano, le sonríe, le hace morisquetas y la sacude en alto. “A ella le hablé de Matías desde siempre. No lo conoció, pero lo extraña como si hubiera jugado con él toda la vida”. María puso todas las imágenes que encontró de su pequeño sobre la mesa. “Con esa sonrisa me dijo ‘mamá te amo’ y entró al quirófano”, dice mientras señala la imagen del niño con el delantal del jardín de infantes. “Le entregué mi hijo al médico, que con su negligencia lo terminó matando”, dice la mujer, que pide que la causa por mala praxis contra el otorrinolaringólogo Álvaro Páez y las médicas terapistas Federica Castro y Florencia Jeréz se eleve de una vez a juicio. “No es venganza, es justicia. Es necesidad de saber la verdad de lo que sucedió en esa sala de cirugías”.

El 20 de octubre de 2016, a las 7, Matías Juárez, de 8 años, ingresó al quirófano del sanatorio San Lucas para ser operado de amigdalas. “Mamá, quedate tranquila que esto es rápido. No tarda más de media hora”, cuenta María que le dijo el doctor Paez. Pasada la hora de intervención se abrieron las puertas y vio a su hijo salir llorando y sin poder abrir los ojos. “Estaba morado, estaba helado, estaba exaltado”, recuerda. Una de las terapistas le dijo que tenía un cuadro de broncoespasmo y que lo mejor era trasladarlo a terapia intensiva. “Me dijeron que a la noche le iban a dar el alta. Eso nunca pasó. Matías no podía abrir los ojos y empezó con los sangrados. Fueron tres sangrados. En el tercero ya le salió mucha sangre por la boca y por la nariz”. 

Las horas y los días que siguieron la tuvieron a María en pie de lucha. Una tomografía que se demoraba y que se terminó haciendo después de las insistencias de la mujer que, desesperada, amenazó con llevar un escribano para dejar constancia del accionar del personal del sanatorio. “En el estudio salió que mi hijo tenía la mitad del cerebro infartado. Tenía un ACV isquémico. Nunca pararon los sangrados y ellos no hicieron nada para determinar a qué se debía”. Un ofrecimiento de dinero que la enfureció cuando le anunciaron que el cuadro era irreversible. “El médico saca la billetera mientras me decía que era algo que nosotros no teníamos previsto y le dije que se guarde la billetera. Nos trataron todo el tiempo como ignorantes”. El destrato del personal y de las autoridades del sanatorio, que se negaron a recibir a la mujer. “El 25 de octubre mi hijo falleció por un paro cardíaco. El médico nunca más apareció. Yo había pensado que era el mejor lugar donde lo podían atender. Ni los dueños ni las autoridades del sanatorio dieron la cara”.

Si no hay juicio, gana la impunidad

“En la provincia no hubo nunca alguna condena por mala praxis. Todas las causas que se iniciaron con esta carátula ya prescribieron”, advierte la abogada Silvia Furque, representante legal de la querella iniciada por María. “Estamos esperando que la fiscalía pida la elevación a juicio porque la semana pasada se terminó con la indagatoria a los tres imputados”, explica, y dice que el panorama es esperanzador porque hasta finales de 2021 todo indicaba que se cerraba la causa y se sobreseía a los imputados. 

El proyecto es una iniciativa de la ONG Por la vida y la salud, con personería jurídica en trámite y cuenta con cinco puntos principales, entre los que se destacan la inclusión de mala praxis en el Código Penal, la suspensión preventiva de la matrícula médica, creación de un registro de médicos imputados, encriptar las historias clínicas para que no puedan ser modificadas y asistencia económica para víctimas y familiares..

¿Por qué las causas por mala praxis no llegan a juicio? “En provincias como Tucumán, el grupo médico es muy cerrado y tiene sus conexiones para hacer que las causas se olviden”, responde Furque, y explica que como el delito es homicidio culposo y la pena máxima es de cinco años, prescriben en ese periodo de tiempo. Entonces las estrategias de las defensas buscan dilatar el proceso, que el tiempo pase y no se llegue a juicio. “Eso garantiza la impunidad porque, mientras tanto, no se les suspende la matrícula y los médicos siguen atendiendo como si nada”, señala María que, además, pertenece a la Red de Familiares y Víctimas de Mala Praxis y desde ese lugar impulsan un proyecto de ley que busca reformar el Código Penal en lo que respecta a este delito. 

“Para nosotros las pruebas son claras y contundentes”, dice Furque y recuerda que la demora en la cirugía, según las explicaciones que recibió María, se debieron a la complicación con uno de los puntos. “¿Cómo es posible que Paez no pensara que ese puntito podía estar causando el sangrado?”, pregunta la abogada, y cuenta que ante una de las preguntas a la junta médica que se realizó por esta causa le respondieron que era vital determinar con premura el origen del sangrado. “Sangre deglutida era la que expulsaba el niño y ni al cirujano ni a las terapistas se les ocurrió hacer estudios, llamar a un especialista. Nunca explican por qué no consultaron con un gastroenterólogo, por qué no hicieron una endoscopía. Han permitido que el niño muera desangrado”, señala. 

A finales del año pasado, con el pedido de sobreseimiento que realizó la fiscal Mariana Rivadeneira -quien por entonces estaba a cargo de la investigación y sobre la que pesan varias denuncias por mal desempeño-, María cortó las calles frente a tribunales penales. Acompañada por un puñado de organizaciones sociales y militantes gritó hasta quedarse sin voz. “Ahora tenemos otro fiscal, el doctor (Ignacio) López Bustos con un criterio diferente al de la doctora Rivadeneira. Ella había considerado que no había prueba del delito y, sin citar a indagatoria, le había pedido el sobreseimiento a Paez y a las terapistas”, dice Furque, al tiempo que advierte la necesidad de que pronto se eleve a juicio para que se fije fecha antes que la causa prescriba. “Esto sentaría un precedente importante. No puede ser que en Tucumán no haya un solo fallo condenatorio. A diario vemos condenas por mala praxis en Buenos Aires, en Santa Fe. Incluso en Catamarca, que es otra ciudad donde la comunidad médica es cerrada y tiene mucha influencia, hubo un juicio cuya condena se conoció en octubre pasado”.

 “Cuando volví de Tribunales con la garganta adolorida de tanto gritar, Cande me abrazó y me dijo: ‘mamá, la próxima vez llevame, así yo grite por Matías y a vos no te duela ’. Por eso también busco justicia, por ella, porque ella nunca tuvo a su hermanito”, dice María. Y mientras mira las fotos desperdigadas en la mesa enumera: “le gustaba jugar a la pelota, le gustaba ir a la cancha, le gustaba el rap, le encantaba buscar en YouTube cómo dibujar a Bob Esponja y seguía paso a paso las indicaciones mientras ponía pausa en el video. Le gustaban las empanadas de choclo. Era hincha de San Martín y fanático de Boca. El patio del Liceo Militar -donde Matías cursaba la escuela primaria- lleva su nombre. Me han hecho un daño irreversible, nada me lo va a devolver, y el juicio tampoco, pero al menos me va a permitir saber la verdad”.