No hay plata para la justicia ambiental
/*Por Mariana Gerez de Sur Ambiental organización Socio Ambientalista (SASA)
Foto: Agostina Tonello
En casi dos años de gobierno de Javier Milei, las políticas de ajuste han atravesado distintas áreas sensibles de la sociedad como salud, jubilaciones, discapacidad y educación. Bajo la bandera de mantener el superávit fiscal y de reducir el Estado, se recorta el gasto público, comprometiendo así a sectores clave para el desarrollo y la contención social.
El área de ambiente no escapa a esta lógica. Con un presidente abiertamente negacionista del cambio climático, sus políticas reflejan un claro retroceso en las cuestiones ambientales: recortes presupuestarios de hasta el 80% en 2024 en programas claves para tratar desastres ambientales y controlar empresas contaminantes, derogación de leyes, degradación del Ministerio de Ambiente a Subsecretaría, y el traspaso del Servicio Nacional de Manejo del Fuego al Ministerio de Seguridad. Todas estas políticas no solo intervienen en el presente, sino que también hipotecan el futuro del país.
El monto total del gasto público proyectado en Presupuesto Abierto proyectado para 2025 ($94.589.939) es significativamente menor que el de 2024 ($96.054.275). Esto evidencia una reducción considerable en el presupuesto general de un año a otro teniendo en cuenta el contexto inflacionario.
En el área de Ecología y Desarrollo Sostenible también hay una fuerte subejecución: en lo que va de 2025 se usó apenas el 30,9% del total destinado a este área, representando el 0,28% del total del gasto público.
Según datos del estudio sobre el presupuesto 2024 realizado por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en comparación con el de 2023 las caídas por área son:
Subsecretaria de Ambiente: -79%
Parques nacionales: -34%
Servicio Nacional del Manejo del Fuego: -81%
Enriquecimiento y conservación de Bosques Nativos: sin ejecución
Energías Renovables: -66,4%
Por otra parte, algunas áreas no solo evitaron recortes, sino que además recibieron fondos millonarios. Las empresas hidrocarburíferas obtuvieron transferencias directas de casi 400.000 millones, lo que contrasta con la caída de presupuesto destinado a subsidios de tarifas de servicios públicos. Otro de los sectores que mantiene un presupuesto alto es el del pago de deuda pública, que ejecuta un amplio margen del gasto público.
Este recorte marca un gran retroceso en la manera en que enfrentamos la crisis climática: deja pocas herramientas para prevenir y solo permite mitigar los daños de manera tardía ante los sucesos de emergencia, cuando lo necesario es tener un proyecto estructural a largo plazo que pueda responder al contexto.
Durante los primeros meses de este año se vivieron dos situaciones que tuvieron graves consecuencias: los incendios ocurridos en la Patagonia y en Corrientes, y las inundaciones en Bahía Blanca.
Lo ocurrido en Bahía Blanca tuvo como consecuencia 16 muertos, más de 100 personas desaparecidas, cientos de hogares destruidos, y más de 900 personas evacuadas. Ante estos hechos, hubo una respuesta lenta por parte del Gobierno, que transfirió 10 mil millones del fondo de Aportes del Tesoro Nacional para situaciones de emergencia. Este continúa siendo usado por los distintos gobiernos en función de su relación afín con los gobernadores mientras que deja de lado la atención de emergencias. Además del escaso recurso destinado, se cerró la Dirección Nacional de Emergencias dejando a 485 personas sin trabajo.
Por su parte, durante los incendios en la Patagonia y en la provincia de Corrientes se perdieron aproximadamente 287 mil hectáreas, lo que equivale a 14 veces la superficie de CABA. Para esta emergencia, la ayuda llegó de manera tardía y, luego de dos meses, el Gobierno destinó sólo 12 mil millones. Además, el hecho de haber trasladado el Servicio Nacional del Manejo del Fuego desde la Subsecretaría de Ambiente al Ministerio de Seguridad, hace que vea la situación como un problema de seguridad, y no en el marco de la crisis climática vinculado con un determinado modelo productivo. Por otro lado, esta decisión también habilita que se persiga y señale a jóvenes y poblaciones originarias, que son quienes luchan por vivir en ambientes seguros.
Las condiciones laborales son también otra de las formas de vaciar las áreas encargadas de la prevención, mantenimiento y cuidado de los espacios naturales. Con la degradación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a Subsecretaría, se perdieron alrededor de 200 trabajadores entre despidos y renuncias forzadas debido a la precariedad e inestabilidad laboral en la que se encontraban. En Parques Nacionales, de 700 brigadistas necesarios, solo quedan 350, y se frenaron las obras en senderos, ciclovías y faros de conservación.
Evidentemente, no existe una mirada integral para hacerle frente a la crisis climática y se considera el uso que se hace del territorio. En relación con esto, tampoco existe una mirada preventiva, lo que se refleja en la subejecución de recursos en programas destinados a este fin. En este sentido, el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de Bosques, contemplado en la Ley de Bosques Nativos (Ley 26.331), encargado de financiar a productores rurales en proyectos de conservación para evitar desmontes e incendios, no recibió los fondos asignados y tampoco se usaron los que ya existían. Por otra parte, en junio del año pasado (2024), el Ejecutivo decidió cerrar el proyecto de energías renovables en entornos rurales (vigente desde 1999 con fondos del Banco Mundial), que garantizaba el acceso a energías limpias en lugares que no cuentan con tendido de red eléctrica, vulnerando así el derecho de acceso a la energía de más de 30 mil familias.
Tener una estrategia seria e integral frente a la crisis climática actual es clave para el manejo y la prevención de los futuros desastres climáticos. Es necesario que el Estado enfoque sus prioridades hacia el bienestar de la población y que cumpla con sus obligaciones internacionales y constitucionales, garantizando el derecho a un ambiente sano para sus ciudadanos y ciudadanas. Pero todo lo que venimos viendo es lo contrario: se recortan fondos destinados al bienestar de la población, necesarios para hacer frente a la crisis climática, mientras se usan nuestros recursos para subsidiar empresas multimillonarias que explotan nuestros territorios sin medir las consecuencias a largo plazo. Entonces, no hay plata… ¿pero para qué?