Falleció un adolescente que se encontraba alojado en un dispositivo de cuidados institucionales (DCI) de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAyF). Las causas de la muerte están relacionadas con problemas de salud mental y presunta negligencia por parte de las instituciones intervinientes.

El caso de este adolescente, quien presentaba un historial de padecimiento y riesgo suicida, expuso la alarmante ausencia de una perspectiva de salud mental en el abordaje institucional. Y nos preguntamos ¿dónde está el dispositivo pensado para estos casos?, o en su defecto ¿en los DCI se capacita realmente a todo el personal para abordar la complejidad de estos casos? ¿Qué tipo de respuestas da el sistema de salud en las intervenciones interinstitucionales?

Pasaron dos semanas y, si bien hasta la fecha no hubo un comunicado oficial, la noticia ha trascendido en diversos medios. La falta de rigor periodístico quedó expuesta cuando la historia del adolescente no tuvo el debido respeto de su privacidad y su identidad de género. Los medios locales hablaron de él ignorando su nombre y su identidad autopercibida.

Ante el manejo irresponsable de la información y la gravedad del suceso, el Centro de Estudios y Acciones en Salud Mental y Derechos Humanos (CEA) ha instado a un análisis profundo de los problemas subyacentes. Asimismo, ha propuesto una revisión urgente de las prácticas de intervención interinstitucional en los abordajes con niñas, niños y adolescentes, buscando garantizar una protección integral y respetuosa de sus derechos.

Desde el CEA, enfatizan que esta tragedia “expone la situación estallada de las instituciones, que están sin poder dar respuesta a la complejidad del contexto social". Insisten en la necesidad de hablar de lo sucedido, pues "a partir de esto, se pueden pensar coordenadas para entender por dónde ir o hacer algo al respecto". El silencio, señalan, debe evitarse "más aún teniendo en cuenta que este hecho condensa muchas de las problemáticas actuales".

Coordenadas de una problemática compleja

Ministro de desarrollo social - federico masso y ministro de salud - Luís MEdina Ruiz

Los psicólogos señalan que existen tres pilares fundamentales para entender este hecho, y la situación general de las adolescencias en el sistema de protección: las instituciones, las políticas públicas y la comunicación.

En cuanto a las instituciones, destacan la contradicción que implica que estos centros pensados para la protección de personas vulneradas, terminen siendo permeados por un discurso securitista. "Alguien pensó que para que estén más seguras y seguros ahí adentro, es necesaria la intervención de la institución policial", expresaron, refiriéndose a la inexplicable presencia policial dentro de estos espacios.

“Es necesario pensar las instituciones en su relación con la política y cuáles son las políticas públicas que se imparten hoy”, advierten los profesionales del CEA al tiempo que llaman a rever la efectividad de las capacitaciones actuales. Ocurre que esas capacitaciones a menudo se limitan a la transmisión de información, sin generar una verdadera sensibilización ideológica con la problemática. "No todo se trata de información", remarcan, haciendo hincapié en que la comprensión y el abordaje adecuado de estas situaciones va más allá de repetir leyes y protocolos. La información a la que hacen referencia muchas veces queda en la parte de arriba del organigrama vertical de las instituciones y no llega al personal que aborda directamente las situaciones.

En cuanto a las políticas públicas, destacan el compromiso y la actitud propositiva de muchas y muchos trabajadores del Estado, advierten que “hay una lógica de políticas públicas marcadas” y sostienen que no se están implementando políticas proteccionales efectivas. Según su análisis, la lógica predominante, es la de que "el conflicto social se soluciona con mayor presencia de fuerzas de seguridad, armamento, vigilancia y encierro”. Esta visión punitivista choca de frente con las necesidades de los adolescentes, especialmente aquellos con padecimientos de salud mental y va contra la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 26.061). Esto se puede ver en las publicaciones del Ministerio de Desarrollo Social “que no son más que un copy paste que dicen las mismas cosas”.

Finalmente, la comunicación fue señalada como un factor clave. Los profesionales cuestionan el abordaje del caso por parte de los medios y la "vara baja para poder pensar un poco más la complejidad del contexto y comunicar de otra forma estas situaciones”, lo que dificulta una comprensión profunda de los problemas subyacentes.

La necesidad de un cambio de paradigma

Los psicólogos enfatizan que, a pesar de que el joven era un claro "caso de salud mental" la situación no fue abordada de la manera en que hubiera correspondido, lo que revela una preocupante desatención a lo establecido por la Ley Nacional de Salud Mental (Ley 26.657). También señalan, como una de las principales causas de esta falencia, la necesidad de un órgano de revisión en la provincia, cuya implementación es obligatoria, para promover y fiscalizar la aplicación de la ley en todos los ámbitos de atención a esta problemática.

El CEA hace hincapié en que la solución no pasa por responsabilizar a los trabajadores, sino por un cambio de paradigma en la forma en que se conciben y aplican las políticas públicas.

Por último, destacan la necesidad de volver a las "viejas formas de trabajo territorial, ligado a lo comunitario". Esto implica que el Estado se haga cargo de organizar redes comunitarias, acercarse a los barrios, a los referentes locales y escuchar directamente a los adolescentes sobre sus necesidades y vivencias en sus territorios.

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