Súper RIGI: un nuevo paquete de privilegios para las grandes empresas
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El pasado miércoles el proyecto del Súper Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) obtuvo dictamen de mayoría en el Congreso y será tratado hoy en la Cámara de Diputados en una sesión especial. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, fue presentada como una versión ampliada y superadora del RIGI vigente.
Este proyecto establece un nuevo régimen de incentivos para “nuevas actividades económicas” e incluye a firmas vinculadas a la inteligencia artificial, la infraestructura tecnológica, la industria aeroespacial, la fabricación de semiconductores y baterías de litio. Con el objetivo de atraer inversiones extranjeras, el súper RIGI otorga privilegios por 30 años a empresas que estén comprendidas en el concepto de “nuevas industrias”. Para acceder al régimen, los proyectos deben cumplir con un piso de inversión de 1000 millones de dólares.
Entre los principales beneficios se encuentra la reducción del 25% al 15% de la alícuota del impuesto a las ganancias, la exención total de los derechos de exportación e importación y la baja del 24% al 10% de las contribuciones patronales. Además, los megaproyectos quedarán exentos del pago del IVA. Actualmente, una industria nueva o fuera del régimen debe abonar un 21% de IVA por cada compra de bienes o servicios. En cambio, las empresas que sean alcanzadas por el régimen podrán pagar a sus proveedores mediante Certificados de Crédito Fiscal electrónicos emitidos por el Estado.
Por otro lado, el proyecto endurece las condiciones fiscales para las provincias. Aquellas que adhieran tendrán un tope del 0,5% para el cobro del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Hoy en día, la mayoría de las actividades económicas pagan alícuotas de entre 3% y 5%. De aprobarse el proyecto, las provincias se verían obligadas a competir reduciendo su capacidad de recaudación. Tampoco podrán agregar nuevos impuestos durante 30 años. La iniciativa también recorta los incentivos para generar encadenamientos productivos, ya que se elimina el compromiso mínimo del 20% de contratación local en bienes y obras, es decir, se prohíbe al Estado exigir al inversor a comprar insumos nacionales cuando exista una alternativa importada más barata. Esto, además, podría reducir las posibilidades de generar trabajo local.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que este nuevo régimen generará un costo fiscal de $1069 millones de dólares para el Estado, debido a la reducción del impuesto a las ganancias. El debate de este proyecto de ley, que requiere de inversiones millonarias, se da en un contexto en el que Argentina registra una pérdida de más de 26.000 empresas privadas y más de 300.000 puestos de trabajo entre 2023 y 2026, según los datos del Instituto Argentina Grande (IAG).