La protección de las comunidades originarias del país depende del tratamiento y la aprobación de la prórroga de la ley 26.160, que suspende los desalojos y exige la titularización de los territorios ancestrales. Si esto no ocurre, el 70 por ciento de las comunidades del país no podrá acceder al relevamiento de sus tierras y se podrían intensificar los desalojos.