Actualmente no existe una figura que englobe todas las posibilidades de reclamos, reconocimiento de derechos y control del cumplimiento de determinados ornamentos legales con respecto a las personas con discapacidad. "El Estado provincial tiene la obligación de tomar el 4% de empleados con discapacidad, como mínimo. ¿Quién controla esto? Nadie," expresa Miguel.