Aspirantes a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) denuncian que se “exige” el pago de un “bono” de $12.000 para poder inscribirse. Aunque la institución lo presentó como una contribución de carácter optativo, diversos estudiantes enfrentaron a las autoridades, debido a la irregularidad en su exigencia como requisito obligatorio para la inscripción.

Los estudiantes explicaron que la facultad está priorizando a quienes pagan el bono, dando como incentivo la posibilidad de tener ventaja a la hora de elegir comisiones. Para esto se ha mencionado la existencia de un día de inscripción gratuita. Pero cuando llega ese día, son reducidas las posibilidades para elegir comisiones con horarios accesibles, generando dificultad para las personas que trabajan.

Además, señalaron que el trámite para exentar el pago del bono resulta desagradable. Para esto, se solicita un informe en la sección de pagos, demostrando la falta de recursos económicos para afrontarlo, o en caso de contar con menos recursos, te emiten un informe de reducción del monto.

Si bien es un bono que se cobra todos los años, el hecho de que exista, dando ciertos beneficios a quienes pueden pagarlo, genera desigualdad entre el alumnado.

Por otro lado, ese pago, también está como requisito para inscribirse en otras carreras, con montos de $10,000 para medicina y $3,000 para enfermería. En estas, inicialmente se justificó como un medio para cubrir gastos operativos y luego para financiar mantenimiento y obras en la facultad.

Desde la agrupación estudiantil “La Favaloro” exigen transparencia en el uso de los fondos y comentaron que “se entiende la razón por la cual se cobra el bono, muchos estudiantes también lo entienden, y estamos muy preocupadas por el desfinanciamiento de las universidades. El problema aparece cuando pagar se vuelve un requisito obligatorio”, comunicaron las estudiantes, quienes también recalcaron la inequidad que implica para los estudiantes que no pueden pagarlo.

Las autoridades de la UNT no realizaron ninguna declaración oficial al respecto hasta el momento. Mientras tanto, el malestar entre los aspirantes y sus familias persiste, evidenciando la necesidad de una revisión transparente de las políticas de inscripción y cobro de la institución.