Sobra la fe, falta la tarasca

Argentina vivió una semana histórica con la visita de un papa después de 39 años, León XIV estuvo en el centro de las noticias relacionadas con el país. En el mundo, Perú archivó la causa por las esterilizaciones forzadas durante el fujimorismo —¡qué coincidencia con el apellido de quien ocupa la presidencia hoy!—, mientras que en España una huelga general intensificó las protestas en torno a la crisis de la vivienda. Y en la tierra de la mirinda manzana, las polémicas en el juicio por el femicidio de Érika Álvarez continúan, al igual que el reclamo de la comunidad universitaria por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El papa en Argentina

La visita apostólica del papa León XIV a la Argentina dejó una fuerte impronta social y espiritual tras congregar a millones de fieles en CABA, Córdoba y Luján. Durante su recorrido, el sumo pontífice puso el foco en la situación de la pobreza y la discapacidad. Visitó el Cottolengo Don Orione, en Claypole, y en la UCA recibió a cartoneros, campesinos y estudiantes. Allí interpeló directamente a la dirigencia política al afirmar que el verdadero progreso de una nación se mide por la acogida y la asistencia que sabe dispensar a quienes más lo necesitan. Estos dichos resuenan frente a un gobierno que recorta presupuesto en discapacidad, limita la entrega de medicación gratuita y avala la represión en manifestaciones.

En un contexto internacional y local atravesado por la polarización y la proliferación de discursos de odio, el paso de León XIV es valorado como un gesto positivo al instalar un mensaje de paz, encuentro y armonía social. Ante multitudes de jóvenes y familias en la vigilia de Palermo y en su misa de despedida, el líder religioso llamó a construir fraternidad y a traducir la fe en gestos concretos de solidaridad frente al sufrimiento de los sectores vulnerados. Su consejo final, "Argentina, levántate y camina", buscó llevar alivio y esperanza en medio de un clima social tenso y difícil.

Como en este país nada pasa sin pena ni gloria, el desarrollo de las celebraciones en el Monumento a los Españoles quedó envuelto en una fuerte polémica tras difundirse imágenes de exclusivas carpas VIP montadas frente al altar para funcionarios, empresarios y figuras del espectáculo. Mientras miles de peregrinos pasaron la noche con frío y aguantaron el sol sobre sus cabezas durante toda la jornada, el sector privilegiado contó con servicio de catering, sillones y sanitarios diferenciales. La situación generó malestar en el seno de la Iglesia católica por el contraste entre la ostentación del espacio reservado y el mensaje de austeridad predicado por el pontífice.

La controversia escaló hacia el plano administrativo al revelarse que la Jefatura de Gabinete adjudicó de manera directa y por "urgencia" (cuando la magnitud de la actividad se conocía desde agosto) la organización del evento a la productora DF Entertainment por más de 8.690 millones de pesos, incluyendo los pliegos del sector VIP. A su vez, dicha firma subcontrató para las tareas de vigilancia y limpieza a las empresas Tech Security y Purgato S.A., vinculadas a los hermanos del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Aunque el Ejecutivo nacional intentó despegarse de la responsabilidad sobre los invitados especiales, bloques opositores presentaron pedidos de informes y denuncias para investigar posibles conflictos de intereses en el manejo de los fondos públicos.

 “En Perú no hubo un programa de esterilizaciones forzadas" 

La Fiscalía de Derechos Humanos de Perú ordenó el archivo definitivo de la investigación por las esterilizaciones forzadas ejecutadas entre 1996 y 2000 durante el régimen de Alberto Fujimori . El cierre del expediente, que comprendía formalmente a cinco víctimas fallecidas, 4.172 mujeres agraviadas y 52 investigados —entre ellos exministros de Salud,como el actual senador oficialista Alejandro Aguinaga—, se fundamentó en la prescripción de los delitos establecida por la Ley N.º 32107. Aunque la propia resolución del Ministerio Público reconoció la existencia de crímenes de lesa humanidad, la aplicación de la norma impulsada por el fujimorismo dejó sin efecto la acción penal. Aguinaga dijo que "todas las investigaciones han sido archivadas porque en Perú no hubo un programa de esterilizaciones forzadas".

La decisión judicial provocó una inmediata indignación entre las asociaciones de mujeres campesinas e indígenas afectadas, quienes denunciaron el cierre de las puertas de la justicia tras casi tres décadas de reclamos. Organismos como Amnistía Internacional y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advirtieron que el archivo perpetúa la impunidad y vulnera los tratados internacionales firmados por Perú. Señalaron que el dictamen desconoce el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de noviembre del año pasado, que obligaba a Perú a investigar y sancionar estas violaciones graves.

Los representantes legales de las víctimas confirmaron que apelarán la resolución ante instancias superiores y elevarán una denuncia formal ante la Corte IDH por el incumplimiento de sus disposiciones. A pesar del revés en el ámbito penal, las organizaciones de derechos humanos ratificaron que continuarán exigiendo la nulidad de la ley de prescripción y el cumplimiento efectivo de las reparaciones civiles y médicas pendientes. Las mujeres sobrevivientes movilizadas en Lima reafirmaron su voluntad de sostener el reclamo en los tribunales internacionales hasta obtener una condena contra los responsables intelectuales y materiales del plan.

Huelga general en España después de 14 años

España vivió su primera huelga general en 14 años con una jornada marcada por multitudinarias movilizaciones. Las calles de las principales ciudades del país se llenaron por el reclamo de soluciones ante la crisis de acceso a la vivienda, el encarecimiento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo. Aunque los datos oficiales reportaron un acatamiento laboral dispar en los sectores industriales y de servicios, las protestas convocaron a aproximadamente medio millón de personas en ciudades como Madrid, Valencia y Bilbao. Las consignas apuntaron directamente contra las políticas económicas del Gobierno y la especulación inmobiliaria que dificulta el acceso al alquiler.

La jornada registró momentos de tensión en Barcelona, donde se produjeron enfrentamientos entre grupos de manifestantes y efectivos de seguridad, con barricadas, quema de contenedores y represión policial en el centro de la ciudad. Los incidentes dejaron un saldo de más de 70 detenidos y manifestantes heridos. Las centrales sindicales mayoritarias y los movimientos sociales denunciaron el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes antidisturbios durante la dispersión de las columnas.

Ante la difusión de imágenes sobre los operativos en la vía pública, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ordenó abrir una investigación interna para evaluar la actuación policial durante el desarrollo de la huelga general. Desde el Ejecutivo español defendieron el despliegue preventivo para garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos y el derecho al trabajo, mientras anunciaron mesas de diálogo para abordar las demandas habitacionales.

Femicidio de Érika Álvarez: renunció el abogado de "El Militar" Sosa 

El debate oral por el femicidio de Érika Antonella Álvarez tuvo un nuevo capítulo polémico en los tribunales de Tucumán tras la renuncia formal de Marcelo Cosiansi. El letrado es uno de los abogados defensores del único imputado, el exmilitar Felipe "El Militar" Sosa. Cosiansi comunicó su apartamiento ante el tribunal integrado por los jueces Gonzalo Ortega, María Valeria Mibelli y Eliana Gómez Moreira al denunciar insultos, amedrentamientos y un intento de agresión física por parte de su defendido hacia su colega de defensa, Rubén Flores. A través de un comunicado difundido posteriormente, Cosiansi aclaró que "no tengo miedo ni a Felipe Sosa ni a quien lo amenaza a él", pero remarcó que es imposible ejercer una defensa técnica sin confianza ni conocimiento sobre el origen de las intimidaciones que rodean al acusado.

El codefensor Rubén Flores ratificó ante los magistrados que continuará al frente de la representación legal de Sosa. Esta confirmación evitó que el debate oral deba suspenderse o anularse por falta de patrocinio jurídico, aunque el tribunal dispuso un cuarto intermedio para aceptar formalmente la salida de Cosiansi y analizar si corresponde iniciar actuaciones disciplinarias por abandono de la defensa. Durante su exposición, el abogado saliente también manifestó su preocupación por las reiteradas afirmaciones del imputado sobre supuestos "mensajes y visiones", calificándolas como inconducentes para la estrategia judicial.

El proceso judicial, que acumula cinco incidentes a lo largo de sus primeras nueve audiencias, expuso además presuntas vinculaciones con redes de narcotráfico y presiones externas contra el entorno del acusado. Mientras el juicio retoma su curso hacia la etapa final de testimonios y alegatos, los familiares de Érika Álvarez sostienen el pedido de justicia y de una condena justa.

60 días de paro universitario

La Universidad Nacional de Tucumán (UNT) atraviesa una nueva semana de huelga docente que lleva el acumulado anual a 60 jornadas de paro. La medida de fuerza, convocada por la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt) en consonancia con la Conadu Histórica, se extiende desde el jueves 12 hasta el miércoles 18 de noviembre en reclamo por el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial. Ante la falta de respuestas del Ejecutivo nacional, la secretaria general del gremio, Anahí Rodríguez, advirtió sobre la necesidad de endurecer el plan de lucha e impulsar una "huelga de fondo" que podría poner en riesgo tanto las mesas de exámenes de diciembre como el inicio del ciclo lectivo 2027.

El reclamo se profundiza con la adhesión del sector nodocente nucleado en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que dispuso un cronograma de paros nacionales para los días 28 de octubre y 3, 12 y 16 de noviembre bajo la consigna de defender la universidad pública y el salario digno. En Tucumán, la huelga del personal administrativo y de servicios impactó de lleno en la actividad estudiantil, provocando el cierre de dos de los comedores universitarios de la casa de estudios durante la jornada de protesta.

Además de las demandas dirigidas al Gobierno nacional, los gremios mantienen un fuerte cruce con el Rectorado de la UNT encabezado por Sergio Mohamed por la demora en la convocatoria a paritarias locales para resolver deudas salariales, fallas de infraestructura y licencias especiales. Como parte de su cronograma de visibilización, Adiunt realizó una protesta frente a la sede central de calle Ayacucho y anunció nuevas movilizaciones en la obra social universitaria (ASUNT) y paneles de debate sobre políticas públicas. La comunidad universitaria espera una pronta respuesta del oficialismo para tener certezas presupuestarias y definir cómo será el próximo año académico.