Sobre el final de un año en el que empezó el décimo quinto juicio por delitos de lesa humanidad en la provincia, la Fiscalía Federal de Tucumán pidió la elevación a juicio oral contra tres expolicías provinciales y un exjuez federal por el asesinato del docente y gremialista Isauro Arancibia.

El reconocido docente y militante tucumano, oriundo de la ciudad de Monteros, fue asesinado junto a su hermano en la madrugada del 24 de marzo de 1976 durante un allanamiento en el que también murió un agente policial.

El hecho fue registrado como un enfrentamiento y no hubo investigaciones en aquel momento que respaldaran esta hipótesis. Ante estas irregularidades y después de más de una década de investigación, los representantes del Ministerio Público Fiscal aseguran que no existen dudas de que se trató de un fusilamiento.

Por estos hechos, la fiscalía solicitó se impute a Mario Escalada, Jorge Ragonese y José Sánchez (tres agentes que participaron del operativo) como coautores de violación de domicilio y homicidio calificado, ambos en concurso real con el delito de asociación ilícita. Además, señalan al exjuez federal Manilo Torcuato Martínez como responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes a su cargo como juez federal de Tucumán. También lo acusan de abuso de autoridad, prevaricato y omisión de promover la persecución penal de los autores materiales de los homicidios, materializando así su participación secundaria en el homicidio doblemente agravado de los hermanos Arancibia y la violación del domicilio.

Los hechos probados por el Ministerio Público Fiscal

Según la investigación realizada por la Fiscalía y en la que se basa el requerimiento de elevación a juicio, la madrugada del 24 de marzo de 1976 los hermanos lsauro y Arturo René Arancibia arribaron a su domicilio de calle Congreso al 200 de la capital tucumana. Allí funcionaba también la sede de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP).

A los pocos minutos, tres móviles de la Brigada de Investigaciones de la policía provincial arribaron al lugar. Tras derribar la puerta, según los testimonios recabados, se sintió un fuerte tiroteo que terminó con la vida de los hermanos Arancibia. En este hecho murió también el policía provincial y miembro de la Brigada de Investigaciones Sergio Oscar Fagioli y resultó herido el policía Antonio Armando Peralta.

De acuerdo a la acusación fiscal, quienes realizaron el operativo fraguaron el procedimiento y el entonces juez federal Manlio Martínez solo acogió la versión policial y no realizó las investigaciones que correspondía. “A este ‘relato’ fáctico, el ex juez federal imputado Martínez adscribió sin más con total conformidad. Pese a lo llamativo e improbable de la versión dada por entonces por la propia policía, la causa judicial iniciada por Manlio Martínez no tomó en ningún momento un rumbo orientado a determinar cómo sucedieron realmente los hechos y quiénes fueron los responsables de los homicidios violentos”, sostuvieron los fiscales Carlos Brito y Pablo Camuña.

¿Quién es el exjuez Manlio Martínez?

Manlio Torcuato Martínez fue juez en la provincia durante la última dictadura cívico militar y, según se desprende de cientos de testimonios, fue funcional a los delitos cometidos por el terrorismo de Estado.

En 2015 fue juzgado y condenado por los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia, en carácter de partícipe, en los homicidios calificados de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen. También por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, prevaricato, privación ilegítima de la libertad en relación con Miguel Atilio Romano. Finalmente, fue imputado por haber sido miembro de una asociación ilícita. Sin embargo, en 2017, la Cámara de Casación Penal anuló el fallo y el exjuez fue puesto en libertad.

“Hijita, si es subversiva, no se queje”. “¿Querés que te lleve a la Escuelita de Famaillá de vuelta? ¿O a la jefatura?”. Esas fueron algunas de las frases textuales que los testigos sobrevivientes contaron cuando declararon en el Tribunal Oral Federal. “Usted no me puede amenazar, si usted es el juez, no me puede amenazar que me lleven al centro de concentración ese”, fue la respuesta que le dio en aquel momento Pedro Rodríguez, testigo víctima había sido secuestrado en abril de 1975 y que declaró en el juicio realizado en 2015.