“El Ministerio de la Mujer está en manos de una chica que es lesbiana, podrían haber puesto a una mujer”, sostuvo durante un programa televisivo el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto, al referirse a Ayelén Mazzina, referente de la cartera.

Esta frase desafortunada, de la que luego pidió disculpas, dejó entrever su posicionamiento antifeminista, puesto que fue una expresión realizada mientras explicaba que las mujeres condenadas por el crimen de Lucio Dupuy eran personas que participaban de las marchas del movimiento.

En su defensa, tras la polémica generada en redes sociales, Pichetto utilizó su twitter para aclarar que su intención “fue denunciar que el Ministerio de la Mujer no repudió el asesinato de Lucio Dupuy por coincidir la orientación sexual de la ministra con las de las perpetradoras del crimen”. Además, agregó que mientras se desempeñaba como senador, votó a favor del matrimonio igualitario y la identidad de género.

De la misma manera, Mazzina le respondió a través de su cuenta de Twitter: "Soy mujer, lesbiana, feminista y ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y lo invito a Pichetto a hablar de ESI (Educación Sexual Integral) cuando crea que se sienta preparado". Además se burló a través de un meme de que el hombre no considerara como mujeres a las lesbianas.

Hasta el presidente de la Nación, Alberto Fernández, utilizó su twitter para repudiar los dichos de Pichetto: "Las mentes cerradas no admiten la transformación positiva que ha vivido nuestra sociedad", expresó, entre otras cosas.

Sin embargo, el pensamiento de Pichetto es parecido al de un importante sector de la sociedad que ignora las funciones de una institución inédita en la historia y que, con errores o desaciertos, intenta garantizar una mayor igualdad en nuestra sociedad.

Un Ministerio con historia

El surgimiento del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad no fue casual, fue fruto de la lucha del movimiento LGBTQ+ y agrupaciones feministas que a lo largo de nuestra historia han trabajado por ampliar los derechos de las mujeres y diversidades. Su representación o conducción no debería estar sujeto a la orientación sexual de una persona como sugiere Pichetto, sino a la capacidad e idoneidad de quien lo encabeza.

Antes de esta entidad existía el Instituto Nacional de las Mujeres (desde 2017) y, antes de este, el Consejo Nacional de la Mujer (desde 1992). Pero además de la existencia de estas instituciones, hubo una serie de cambios trascendentales que fueron configurando el escenario para lograr los avances que conocemos hoy. Esos cambios fueron la Ley 26.510 de Educación Sexual Integral -ESI- (2006); la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (2009); la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario (2010); la Ley 26.743 de Identidad de Género (2012); la Ley 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política (2017); y la Ley 27.499 -conocida como Ley Micaela- (2018).

Fue en 2019, al inicio de la presidencia de Alberto Fernández, cuando se creó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a través de un decreto que modifica la Ley de Ministerios. Esto significó que el entonces Instituto Nacional de las Mujeres, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social, transfería todas sus competencias a la nueva entidad dependiente del Ejecutivo Nacional.

El ministerio fue creado para “para garantizar los derechos de las mujeres y diversidades, frente a toda forma de discriminación y violencia, y en pos de la construcción de una sociedad más igualitaria que promueva la autonomía integral de todas las personas”, según el boletín oficial.

El organismo tiene la responsabilidad de diseñar políticas públicas que promuevan la igualdad y articular acciones con el sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil en ese mismo sentido. También está en su deber formar y capacitar en materia de género y diversidad a las personas que cumplen funciones en la Administración Pública en todos sus niveles, en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como a organizaciones de la sociedad civil. Además, debe cumplir con el objetivo de realizar investigaciones y estudios de género, igualdad y diversidad que ayuden a crear e implementar políticas públicas nacionales.

Más allá de todas las falencias que pueda cargarse a esta institución, es importante conocer sus funciones para exigir su correcta actuación y la garantización plena de derechos en todo el territorio nacional.