Romina Dip es de la ciudad de Alberdi, lugar donde formó pareja con Bruno Romano, actual concejal del oficialismo tucumano, a quien denunció en 2018 por violencia de género. “Ahí lo verán en la foto abrazado con Osvaldo Jaldo y con (Juan) Manzur”, afirmó en relación al actual gobernador y al jefe de gabinete de ministros de la Nación, respectivamente. “Tengo temor a terminar en un ataúd como Paola Tacacho”.

Los abusos, el machismo y la violencia contra las mujeres en el ámbito político no son una novedad. Cada vez más casos adquieren visibilidad gracias a la militancia feminista y a las agrupaciones que brindan redes de contención y apoyo a las víctimas. Ese también es el caso de Dip, quien decidió denunciar a su ex pareja, sabiendo que el hombre buscaría protección en el mundo político. En 2020, gracias a su insistencia y valor, tuvo lugar el juicio contra Romano. Sin embargo, la justicia resolvió absolverlo de los cargos que se le imputaban. Después, en junio de 2022, se revisó aquel fallo y, favorablemente para Dip, dictaron la responsabilidad penal del acusado, aunque meses después, la justicia retrocedió nuevamente y lo sobreseyó.

“La justicia deja mucho que desear en Tucumán y tenemos varios casos a la vista, como el de (Ricardo) Bussi y el de (José) Alperovich, que son poderosos encubiertos por los políticos, por eso las causas no prosperan”. Es necesario recordar que el legislador Bussi fue denunciado por abuso sexual en 2020 y el ex senador Alperovich tiene una causa desde 2019 por abuso sexual a su sobrina.

La política es comúnmente ocupada por varones. Basta con mirar las fotografías de los funcionarios del Gobierno Provincial para reconocer la poca participación femenina. Estos espacios han facilitado las manifestaciones sexistas y también la naturalización y complicidad ante situaciones de violencias. Es de esta forma que así también se archivan causas y se continúa trabajando con personas acusadas de violencia como si nada hubiese ocurrido, teniendo las víctimas que enfrentarse solas a sus golpeadores.

El juicio contra Romano no impidió que se terminara la violencia contra Dip. Es por eso que la mujer inició una nueva causa ya que Romano infringió la perimetral que le impedía acercarse, además de realizar amenazas de muerte hacia la mujer. Para septiembre de este año estaba prevista una audiencia que permita avanzar con la causa, pero fue suspendida 15 veces en total. Según la mujer, están buscando la prescripción e impunidad del acusado.

Si bien los casos de violencias de género no son exclusivos de la política, encuentran mayor respaldo por parte de ese mismo sistema. Romano, como concejal del peronismo tucumano, mantiene una sólida protección del poder político según la mujer. Además, la violencia se extendió hasta la familia del hombre, quienes amenazan y violenta a la víctima. De hecho, recientemente el hermano de Romano, Matías Romano, fue condenado por violentar a Dip.

Cuando son denunciadas las personas que se encuentran en posiciones de poder, estas pueden utilizar sus influencias en la justicia, realizar amenazas a sus víctimas, manipularlas y/o intentar disuadirlas de llevar adelante los procesos de investigación. Estas posibilidades son muy coincidentes con el relato de la denunciante.

Dip asegura que, si no fuese por las agrupaciones feministas, su caso no habría llegado a juicio. Sin embargo, sostiene que la justicia se las ingenia para continuar desoyendo sus reclamos en pos de cubrir al concejal Romano. La mujer admite que aún temiendo por su integridad física, continuará en esta difícil lucha porque quiere seguir viva para cuidar su hija, que depende exclusivamente de ella.

Otros políticos impunes

José Alperovich: el entonces senador fue denunciado en 2019 por su sobrina, quien además era su empleada. Según la denunciante, los hechos sucedieron en Tucumán y en Buenos Aires y la causa quedó radicada en Capital Federal.

En mayo de 2022 el Ministerio Público Fiscal especificó en el pedido de elevación a juicio oral que Alperovich debía responder por tres hechos de abuso sexual (dos en grado de tentativa), y seis de violencia sexual agravada por acceso carnal.

Quien fuera también ex gobernador de Tucumán, irá a juicio oral por decisión del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 35 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por sorteo, la causa recayó en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29.

Ricardo Bussi: al titular del partido Fuerza Republicana (FR) lo denunció una joven de 26 años en 2020, que era su colaboradora en FR. Por la fecha de la denuncia, el expediente es tratado con el viejo Código Procesal Penal, el cual le da fueros al legislador y exige someterlo a una “investigación jurisdiccional” en un tiempo que no puede exceder los dos meses. De esta manera, el abogado defensor de Bussi, Juan Colombres Garmendia, solicitó que esas actuaciones fueran archivadas puesto que ya vencieron los plazos. Pero el juez Guillermo Matías Puig no hizo lugar al pedido.

La víctima realizó una presentación ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el acompañamiento de distintas organizaciones.

En abril de este año el juez Puig pidió el desafuero del legislador, pero aún esto no se confirmó en la Legislatura.

José Orellana: el intendente de Famaillá, localidad situada al sudoeste de la capital tucumana, fue denunciado hace seis años por abuso sexual. La causa llegará a juicio oral este mes. El hecho sucedió cuando Orellana era legislador nacional y la denuncia fue realizada por una mujer que trabajaba en la Cámara de Diputados con él.

El intendente será juzgado por abuso sexual simple, luego de que el hecho sucediera en el despacho del funcionario. La víctima tenía 21 años y se desempeñaba como secretaria de la entonces diputada Gabriela Troiano.