39 años y 12 días. Ese es el tiempo que pasó desde que un grupo de hombres armados ingresaron a una casa de calle Azcuénaga al 1600 y masacraron a cinco militantes montoneros que se encontraban reunidos. Desde entonces la búsqueda de justicia fue un camino a recorrer a pesar de todo. De las puertas cerradas, de los riesgos. Del dolor. Era impensable que ese juez que negaba el acceso a la Justicia, que rechazaba los hábeas corpus, que amenazaba y socarronamente les dijera a los detenidos que querían denunciar las torturas que habían recibido que si eran ‘subversivos’ se las tenían que aguantar, pueda llegar a ser juzgado. Era impensable, pero no imposible.

Manlio Torcuato Martínez fue condenado a 16 años de prisión. Este fue el resultado de ese camino recorrido a pulso de lucha y confianza en una justicia mil y una veces negada. Se conoció el veredicto casi al mediodía de este viernes 12 de junio y las lágrimas, los abrazos, los gritos por haber alcanzado algo impensable fue lo único que importó. Manlio Torcuato Martínez, el primer ex juez de la Argentina condenado por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.

Los hechos por los que fue imputado se desprenden del asesinato de cinco militantes montoneros en una vivienda de calle Azcuénaga al 1600. Fue un 20 de mayo de 1976. Ese día Alejandra Nicklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen fueron masacrados. Un juicio que ya tiene sentencia firme determinó que dos de los responsables de aquella masacre fueron Luciano Benjamín Menéndez y Roberto Heriberto Albornoz. Desde entonces quedaba también probar cuál fue la responsabilidad de quien fuera juez en aquel momento.

Ese juez que no investigó cinco muertes. Que entregó solo dos cuerpos y que parece haber ignorado que otros tres habían desaparecido. De hecho permanecen desaparecidos. Ese juez que no quiso escuchar la explicación de Miguel Romano, al que sí inició una causa en la que no le pareció ser incompetente. Al que envió al centro clandestino de detención que funcionaba en la ex Jefatura de Policía. Ese juez al que poco y nada le interesó el destino de ese hombre que perdió su inestable salud mental, privado de su medicación. Y que mucho menos aún le interesó saber el destino de la vivienda que Romano le alquilaba a la familia Romero Nicklison. Vivienda que, ‘casualmente’, pasó a ser propiedad de un empleado de su juzgado.

Finalmente la investigación avanzó. Fue elevada a juicio y un debate oral y público con todas las garantías procesales empezó en marzo de este año. Más de 60 testigos pasaron por la sala de audiencias y después de siete semanas a lo largo de estos tres meses, la sentencia llegó. Pero unas pocas horas antes de conocerse ese veredicto, el ex juez habló. Aseguró que apenas iniciado el golpe de Estado, él presentó la renuncia a su cargo. Esa renuncia, según dijo no se la aceptaron. Al contrario le llegó, según expresó, la confirmación del cargo. “Las alternativas para mí eran o pasar a la clandestinidad o el exilio. Por supuesto, para ninguna de las dos cosas estaba preparado”, sostuvo en un nuevo intento de presentarse como víctima.

Manlio fue condenado. “Esto sienta un precedente muy importante” dijeron desde la fiscalía. “Es un principio de justicia”, señaló María Delina, una de las hijas de Romano mientras se secaba las lágrimas y sostenía las manos de su madre.