Territorio, despojo y criminalización: se espera la sentencia en el juicio contra la Comunidad Indio Colalao
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Foto de Mariela de Haro | La Palta
El juicio contra los nueve integrantes de la comunidad diaguita Indio Colalao avanza y se espera que mañana jueves el tribunal dicte sentencia. Los jueces Guillermo Puig, Patricio Prado y Stella Maris Arce escucharon durante tres jornadas -el miércoles, jueves y viernes pasado- los alegatos de la fiscal, de los abogados querellantes y del defensor de los comuneros.
El conflicto que llegó a la sala de audiencias el 10 de febrero lleva trece años. Los empresarios agropecuarios Freddy Vela Moreno y Jorge Posse denunciaron a los comuneros por los delitos de usurpación, robo agravado e intento de homicidio durante un incidente ocurrido en 2012 en ese lugar cuando los integrantes de la Base Riarte les impidieron el ingreso. Vela Moreno y Posse aseguran que desde 2010 el territorio les pertenece y se sienten amparados por boletos de compra venta. Por su parte, la comunidad reivindica sus derechos ancestrales sobre el territorio. “Nos impacta como comunidad indígena que digan que usurpamos ¿Qué usurpamos? Si somos milenarios, y eso significa que hemos estado siempre”, dice el cacique de la Comunidad, Pedro Chávez.
La primera audiencia de alegatos comenzó con la palabra de los imputados, entre los que se encuentran dos ex caciques de la comunidad. Algunos de ellos aseguraron que ni siquiera estuvieron en el lugar en junio de 2012. A continuación, el abogado Lobo Aragón, representando a la querella, sostuvo su alegato desconociendo que hubiera derecho alguno que reconozca la preexistencia de los pueblos originarios. "Existe el artículo 16 de la Constitución Nacional. Ellos dicen que son la Comunidad Indio Colalao y que pertenecen a la Nación Diaguita, ¿cómo puede ser? Estamos en la República Argentina", vociferó el letrado.
Más tarde fue el turno de la fiscal Estela Giffoniello, quien también relativizó la identidad indígena de los comuneros: "Dicen que son indios. Algunos vivían en Salta, o en Buenos Aires y dicen que son ancestrales". Estas palabras fueron en coincidencia con la postura desplegada por la abogada a lo largo de las audiencias testimoniales. Cabe recordar que la fiscal cuestionó a los comuneros por su manera de vestir y sus creencias religiosas, asegurando que no comprendía cómo podían creer tanto en la Virgen como en la Pachamama. Durante su alegato pidió una pena de seis años de prisión efectiva para los nueve imputados, acusándolos de intento de homicidio, usurpación y robo agravado.
Desde la Comunidad Indio Colalao recuerdan que sus derechos están garantizados por el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, por contar con personería Jurídica (desde 2011) y por estar contemplados en el relevamiento territorial que dispuso la ley 26160 (impedía desalojos de comunidades en todo el país). Esto último derivó en una carpeta técnica con datos jurídicos y catastrales presentada como prueba documental a lo largo de las audiencias y valorada como prueba fundamental por el abogado defensor Carlos Garmendia. Además, rebatió los cuestionamientos de la fiscal sobre la identidad de los comuneros y citó documentos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), donde se reconoce a la Base Riarte como comunidad debidamente relevada en el marco de la Ley 26.160. La Resolución 146/2020 del INAI dio por cumplido el relevamiento técnico, jurídico y catastral por parte de la comunidad Indio Colalao. En la resolución se reconoció la "ocupación actual, tradicional y pública" de las tierras en disputa. Sin embargo, el conflicto continúa y ahora la comunidad enfrenta un juicio donde sus derechos territoriales son puestos en duda.
Garmendia advirtió que, si el tribunal desconoce el relevamiento territorial y el título de posesión, deberían iniciarse juicios políticos contra los jueces, ya que el artículo 75 de la Constitución Nacional es claro en el reconocimiento de los derechos indígenas.
Al inicio de la audiencia del jueves presentaron sus alegatos los abogados querellantes Camilo Atim y Florencia Abdala. Atim insistió en que no se trataba de cuestionar la pertenencia o no a una comunidad indígena. “El hecho de pertenecer a una comunidad indígena no otorga el derecho a cometer un delito”, advirtió y dio por probado que los nueve imputados estaban en el lugar, que rompieron el candado y ejercieron violencia sobre Moreno y su hijo.
Durante su turno, Garmendia enumeró las pruebas que daban cuenta de que algunos de los imputados no se encontraban en el lugar de los hechos. Además, indicó que las agresiones y los hechos de violencia siempre vinieron de parte de los empresarios.
Foto de Mariela de Haro | La Palta
Esperar la sentencia
La fiscalía solicitó para los 9 imputados la pena de seis años de prisión en tanto la querella, representada por Atim y Abdala, pidió para cuatro de ellos 10 años de prisión y en tanto para los cinco restantes seis años de prisión. Por su parte, el defensor pidió que se los declare inocentes.
Desde la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita Tucumán hacen extensiva la invitación a organizaciones sociales, políticas, centros de estudiantes, asambleas populares y toda persona que quiera acompañarles a esperar la sentencia del juicio. Este jueves a las 9 fueron convocados por el Tribunal para escuchar el veredicto en España 430 -Tribunales penales. “Durante todo el juicio desplegaron su racismo. Pedimos difusión y acompañamiento ante la hostilidad de los tribunales penales. Ante la avanzada criminalizadora que nos trata de usurpadores, reafirmamos que no somos delincuentes, somos preexistentes”, sostienen en la convocatoria.
