El carácter inconstitucional de la ley de contravenciones de esta provincia sigue siendo una tarea pendiente de la Corte tucumana, a pesar de haber sido reconocido por la Suprema Corte Nacional de Justicia. La incoherencia, la impunidad y el abuso de poder que representa la puesta en marcha de esta ley, es una amenaza a la democracia y una falta de respeto a los Derechos Humanos.