Represión y violencia bajo el discurso del orden y la paz social

Foto: Marcha reforma laboral 2025 - Alejandro Sarmiento | La Palta

Dos de junio de 2026. En el barrio Aguas Corrientes, la Policía de Tucumán dispara con balas de goma a las piernas de Silvana Soledad Corbalán, dirigenta del Movimiento Evita. Un día después, cientos de mujeres se movilizan en plaza Independencia a 11 años del Ni Una Menos. Una fila de policías se despliega sobre la vereda de la casa de Gobierno y, con escudos, empujan de manera violenta a las personas que se acercan. 

Llega el fin de semana, muere el músico de rock argentino Indio Solari y un grupo de tucumanos y tucumanas se congregan en plaza San Martín para rendirle homenaje. Mientras cantan sus canciones, efectivos de la policía de la provincia y de la Guardia de Infantería se hacen presente y reprimen a las personas que se encuentran en el lugar. Lo hacen con golpes, palos, gas pimienta y sin mediar diálogo alguno. Tres personas son detenidas, entre ellas el docente y fotoperiodista Julio Pantoja, quien se encontraba cubriendo la concentración. Son trasladados a una comisaría en una camioneta y la agresión continúa. Ese mismo fin de semana, otras personas son detenidas, sin orden judicial, en la vía pública durante un megaoperativo policial.

“Estos episodios son consecuencia de la perspectiva en materia de seguridad en la provincia. La recurrencia con la que sucedieron en esta última semana, dan cuenta de una profundización y agudización de lo que observamos en los últimos años en relación a las fuerzas de seguridad. En particular sobre la utilización de figuras penales para perseguir a quienes se manifiestan en protestas y justificar una intervención que está fuera de lugar”, sostiene Florencia Vallino, abogada y directora ejecutiva de Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes). 

Desde agosto de 2024, en Tucumán se desarrollan megaoperativos conocidos como “el trencito", en barrios populares. En ellos, policías ingresan en largas filas de vehículos y realizan detenciones arbitrarias. Desde entonces, se incrementaron las denuncias por violencia policial. Es en el marco de uno de estos operativos cada vez más frecuentes, que la policía dispara a Corbalán cuando intentaba defender a su sobrino en el barrio Aguas Corrientes. “Con ese despliegue numérico de la fuerza se hace una espectacularización. Estos episodios son, además, celebrados por la gestión actual, son difundidas en clave de éxito cuando en realidad son episodios que incluyen una lesión grave de personas”, dice Vallino.

En noviembre de 2025, el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por las detenciones masivas, el hostigamiento y el arresto sin supervisión judicial en los barrios populares de Tucumán. Desde el gobierno provincial sostienen que el objetivo es mantener el orden, la paz social y brindar seguridad. De esta manera, los operativos aumentan al igual que la entrega de recursos materiales para las fuerzas de seguridad. Solo en septiembre de 2025 se destinaron alrededor de 700 millones de pesos al área. “Hablan de paz social y lo que vemos es todo lo contrario. Vemos intervenciones caracterizadas por la violencia, la desproporción, la irracionalidad en última instancia. No entendemos de qué concepto de paz social hablan porque usar el espacio público, manifestarse públicamente y expresar opiniones forma parte de ese vivir en comunidad que caracteriza a la democracia y la paz social en un contexto democrático”, afirma la abogada. Además, agrega que estas prácticas punitivas y represivas suelen ejercitarse en contextos de fuerte ajuste económico y que en la provincia y en el país se agravan con el desfinanciamiento a políticas sociales. 

El mapa de la policía

Foto: Reconstrucción juicio gatillo fácil (2021) - Alejandr Sarmiento | La PAlta

Ante el aumento de la violencia policial en Tucumán, en diciembre de 2025 se conformó el Mapa de la Policía, una herramienta ciudadana para reportar, registrar y visibilizar abusos policiales. Su objetivo es obtener un análisis situado y datos concretos que permitan incidir en la discusión y toma de decisión de políticas de seguridad. “Buscamos hacerle frente a esa avanzada punitivista y represiva del Gobierno de la provincia”, afirma Vallino. La iniciativa también promueve formas de organización en los barrios para el cuidado colectivo frente a situaciones de violencia estatal. Además, en la página web se brindan recursos e información sobre cómo actuar ante detenciones arbitrarias.  

El proyecto colectivo fue impulsado por Andhes, Patria Grande, Metacrisis, Fundación Periodismo en Crisis, Patria Amiga y el Frente Popular Darío Santillán.  

Vallino sostiene que la provincia debe desarrollar una política de seguridad con una perspectiva integral basada en los derechos humanos. Para ello, remarca, es necesario un Estado presente en la vida cotidiana de las personas y la capacitación permanente del personal policial para actuar bajo los marcos normativos.  

“Hoy vemos una multiplicación de una forma de ejercer la fuerza que es muy preocupante. En la medida en que se repite una y otra vez empieza a naturalizarse como si fuese una manera regular de ejercicio del poder y bajo ningún punto constituye un ejercicio regular. Acallar voces disidentes, reprimir y criminalizar a periodistas en un contexto democrático es profundamente peligroso y se trata de una expresión misma de autoritarismo”, concluye la abogada.