"La minera, el gobierno y el poder judicial coordinaron la represión"

Desde hace más de 15 años en Catamarca se desarrolla la actividad minera a cielo abierto en Bajo de la Alumbrera, llevada a cabo por una sociedad formada entre el gobierno catamarqueño, la Universidad Nacional de Tucumán y empresas de capitales suizos y canadienses, con el nombre de Minera Alumbrera YMAD-UTE. Esta es una de las actividades más importantes a nivel mundial, debido a la fuente de trabajo que genera y a los ingresos económicos que deja en la provincia y en el país en donde se desarrolla. Sin embargo, en el transcurso de los años se pudo comprobar que esto no es así, a lo que se le suma el máximo problema: la falta de políticas mineras que protejan al medio ambiente y a los vecinos del yacimiento que padecen la contaminación que la mina produce.

Pasaron muchos años de destrucción al suelo, a la flora y fauna del lugar, y a la salud de los pobladores de aquellas localidades más próximas a la mina, tales como Belén, Andalgalá, Tinogasta y Santa María, entre otras. Pero esta situación está llegando a su máximo punto de tolerancia.

En los últimos tiempos comenzaron las movilizaciones de ambientalistas y vecinos catamarqueños en contra de la explotación minera a costa de sus vidas. Pasaron muchos gobiernos que esperanzaban a la población, pero ninguno escuchó a la gente que sufría las verdaderas consecuencias.

La lucha diaria con cortes, manifestaciones y pegatinas, logró hacerse escuchar en todo el país, tanto que la causa ya no es solo de los vecinos, sino que los reclamos por el suelo catamarqueño se conviertieron en nacionales. Esta semana la lucha contra la minería se tiñó de violencia. El pasado miércoles, durante la asamblea de vecinos de Belén en rechazo a la mega minería Bajo de la Alumbrera (resguardados en la propiedad privada de uno de los manifestantes y a metros del yacimiento, sobre la ruta 40), alrededor de las 15 h se produjo un allanamiento y desalojo ordenado por el Fiscal Jorge Flores del juzgado de la ciudad de Belén.

Los protestantes realizaban un corte selectivo impidiendo el paso de camiones con insumos para la mina y con gran violencia el campamento fue derribado por la policía, quienes sacaron las pertenencias de los asambleístas y se las llevaron en los camiones municipales. “Arrestaron a más de 30 compañeros que estaban en ese lugar, hubo dos menores detenidos, 15 mujeres arrestadas y trasladadas a la comisaría de la peor forma. Así que estamos lamentando los hechos”, comentó Alejandro Salazar, miembro de la asamblea de vecinos de Belén, para la Red de FARCO Satelital. “Para la justicia federal no cometíamos ningún delito, para la justicia provincial sí estábamos cometiendo delito, por eso se ordenó el desalojo compulsivo de muchísimos compañeros con el grupo de infantería”, manifestó el asambleísta.

Cuando se dio a conocer la noticia del desalojo violento, vecinos de Andalgalá quisieron solidarizarse y llegaron a Belén, pero fueron obstruidos por el bloqueo pro minería, propuesto desde la empresa a sus trabajadores, quienes defendían su fuente de trabajo. Es por ello que los asambleístas llegaron a la conclusión de que existió un trabajo coordinado entre la policía y la empresa. “La minera, el gobierno y el poder judicial coordinaron todo esto para que ocurra lo que ocurrió. No nos quedan dudas de que todo esto ha sido planificado entre esos organismos”, repudió Salazar.

Luego de lo ocurrido, hubo cortes selectivos, dirigidos a la multinacional, en todas las zonas cercanas al yacimiento: Andalgalá, Santa María, Fuerte Quevado, Amaicha del Valle y Tinogasta, donde se vivió también una situación de extrema violencia cuando la policía de Catamarca desalojó a los vecinos con balas de goma y gases lacrimógenos. En diálogo con el informativo de FARCO, una vecina de Tinogasta expresó “no se puede entender qué es lo que está pasando. Este no es un gobierno democrático, esta es una dictadura, un avasallamiento a la dignidad y a los derechos humanos de los pueblos”.

La situación más crítica sobre la violación de los derechos humanos se vive en Belén, donde está asentado el yacimiento. “En Belén tenemos los índices más altos de desocupación y pobreza, y lo más preocupante son las enfermedades que ocasiona este tipo de emprendimiento”, manifestó decepcionado un vecino de Belén. “Llama la atención la gran cantidad de gente con cáncer. No hay organismo que haga un relevamiento, porque el Estado al ser socio de la empresa minera no maneja estadísticas; pero nosotros como vecinos y pueblo chico que todos conocemos, sabemos que algo está pasando en la salud de la población”, concluyó Alejandro Salazar.

Ya no se trata solo de ambientalistas y asambleas de vecinos que bloquean el paso de camiones. En estas últimas horas se ha producido un levantamiento del pueblo catamarqueño, cansados de que se violen sus derechos y de ver derribarse sus expectativas puestas en un nuevo gobierno que implemente políticas mineras diferentes, ya que se ha demostrado que la sociedad con la multinacional seguirá su camino.

Fuente: Informativo de FARCO Satelital

Delfina Campero

dcampero@colectivolapalta.com.ar