La explotación ampliada

 Fotografía cortesía de Pro Eco.

Fotografía cortesía de Pro Eco.

Entre las célebres citas del escritor francés Víctor Hugo se encuentra la que expresa: “Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha”. Pero lo que Víctor Hugo no se imaginaba es que más triste es una universidad, que impulsa al desarrollo académico, siendo cómplice junto a un gobierno provincial de la contaminación y destrucción de ecosistemas. Desde hace más de 50 años, el Yacimiento Minero de Agua de Dionisio - YMAD está constituido por el gobierno de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado Nacional. Asociado en unión transitoria a la empresa Minera Alumbrera, YMAD explota el Yacimiento Bajo de la Alumbrera desde 1997. Ambas están en sociedad con una corporación minera representada por otras tres trasnacionales: Goldcorp Inc, Yamana Gold y Xstrata Cooper.

En la actualidad, el yacimiento Bajo de la Alumbrera consiste en un open pit o pozo a cielo abierto de 2 kilómetros de diámetro y 1 kilómetro de profundidad. Este yacimiento está llegando al fin de su vida útil para la extracción de cobre, molibdeno, oro y algo de plata. Por lo tanto YMAD y las empresas asociadas anunciaron en septiembre de 2014 la explotación del yacimiento Bajo el Durazno situado entre cuatro y cinco kilómetros al Nordeste del pozo de Bajo de la Alumbrera. La exploración en este territorio y el reconocimiento de la rentabilidad del lugar se viene realizando desde hace varios años y, según anunció el grupo ecologista Pro-Eco, esta semana iniciaron las excavaciones en el lugar, haciendo uso del mineraloducto.

El problema principal radica en que Minera Alumbrera posee el open pit donde se vuela la roca para ser cargada en una máquina de gran tamaño. Luego esa roca pasa por una etapa de molienda y una vez hecho polvo se le aplica una sopa química. Los residuos de ese proceso, que contienen metales pesados, son arrojados a un dique de cola que se encuentra en la cabecera de cuenca del Río Amanao. El bajo mineral que queda se le arroja mucha cantidad de agua que se extrae de 8 pozos de un acuífero profundo. Para ello se utilizan alrededor del 100 millones de litros de agua por día. Todo eso ingresa a un tubo llamado mineraloducto que atraviesa 310 kilómetros pasando por Andalgalá, Las Estancias, Alpachiri, Concepción, llegando por la ruta 38 hasta Ranchillos. En Tucumán, a ese barro mineral que viene por el mineraloducto, se le extrae agua que es volcada al canal DP2. Allí se arrojan metales pesados que finalizan su recorrido en la Cuenca Salí Dulce o Río el Frontal de Termas de Río Hondo. El barro limpio y seco que queda es cargado en trenes hasta el puerto de Rosario, desde donde se aleja del país al ser llevado en buque a China.

El grupo ecologista viene denunciando desde hace años el incumplimiento del Código de Minería de la Nación Argentina, así como las leyes mineras y las leyes ambientales del país por parte de estas empresas y corporaciones. “Bajo presión obtuvimos informes de impacto ambiental, pero no cuentan con el apto ambiental”, explica Freddy Carbonel, miembro de Pro-Eco, dejando en claro que las empresas tienen el deber de realizar una audiencia pública anunciando a la población la explotación. “Nunca hicieron una audiencia pública en Santa Lucía y Andalgalá, que son las zonas afectadas. Lo que hicieron fue informar a algunos referentes sociales y autoridades, pero no a la población en general”, cuenta Freddy. La situación llevó a que el grupo Pro-eco hiciera el pedido de información a través de una ley pública ambiental. “En la Dirección de Minería de Tucumán nos contestaron que no conocían ese proyecto. Sin embargo sabemos que la Dirección de Minería de Tucumán le está autorizando el uso del mineraloducto para minera la Alumbrera. Ellos están promocionando el proyecto de Bajo el Durazno como una ampliación de Bajo (de) la Alumbrera”, explica Freddy.

Las consecuencias de las poblaciones afectadas son terribles. Cáncer, malformaciones, problemas respiratorios y otros daños a la salud que fueron comprobados por expertos, señala Carbonel. “Estas empresas están cuestionadas por delitos ambientales y sociales. Nosotros somos querellantes de una causa en el canal DP2. Todavía no estamos logrando que lo llamen a declarar al ex Gerente Corporativo de Bajo de la Alumbrera y ahora le están autorizando una nueva explotación”, expresa Freddy. Las autoridades, por su parte, no dieron respuestas ni consultaron al respecto en relación a lo que está haciendo. “De allí se obtienen utilidades en dinero y ello no lo informan. Eso debería ser publicado”, afirma el integrante de Pro-Eco.

El proyecto se presenta como una ampliación del trabajo en Bajo de la Alumbrera, siendo que en realidad la explotación es en un nuevo territorio. La exigencia de “Justicia Ambiental Ya” se hace urgente ante la violación sistemática a los derechos humanos que van a ser perpetuados a través del nuevo Yacimiento. “Ese canal artificial se ha naturalizado y ha creado un ecosistema. Si vas al lugar la gente te cuenta que se baña allí. La defensa de las empresas dice que el canal no tiene vida porque es artificial. Es una locura. Son ecogenocidas”, afirma Freddy Carbonel.