Audiencia pública por la Ley de Glaciares: defender el agua también convoca
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Foto: Glaciar PErito Moreno - Fuente: wikipedia - Autor lamblukas
Un teatro con tu canal de streaming favorito se llena en cinco minutos. Los clásicos del fútbol convocan multitudes que pagan entradas sin importar (a veces) los precios. La pasión mueve montañas. El placer también. Pero hay algo que hoy empieza a convocar desde otro lugar, desde la urgencia: la defensa del agua.
En Argentina, el debate por la reforma de la Ley de Glaciares (Ley 26.639) entró en una etapa decisiva. El 26 de febrero de 2026, el proyecto impulsado por el gobierno obtuvo media sanción en el Senado de la Nación Argentina con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.
El tratamiento generó cuestionamientos de organizaciones socioambientales, especialistas y asambleas territoriales que advierten sobre el posible debilitamiento de una norma clave para la protección de reservas estratégicas de agua dulce.
Ahora la discusión se traslada a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Y en ese proceso se abre una instancia donde la sociedad puede intervenir para, nuevamente, poner límites: una audiencia pública para debatir la modificación de la ley.
Glaciares y crisis climática
La discusión sobre la ley no ocurre en un vacío. En los últimos años la crisis climática dejó de ser una advertencia científica para convertirse en una experiencia cotidiana: sequías prolongadas, incendios forestales cada vez más intensos, inundaciones y pérdida de biodiversidad.
El planeta atraviesa transformaciones profundas impulsadas por un modelo de desarrollo basado en la explotación intensiva de los bienes comunes naturales. En ese contexto, los glaciares cumplen un rol fundamental. Para muchas organizaciones socioambientales, el debate sobre la reforma de la ley no es sólo jurídico o técnico, sino una discusión sobre el modelo de desarrollo y sobre los límites del extractivismo en un planeta en crisis.
Audiencia pública: la voz como defensa
El 5 de marzo, Diputados oficializó la convocatoria a una audiencia pública para recibir opiniones sobre el proyecto que modifica la Ley de Glaciares.
Las audiencias públicas son mecanismos de participación ciudadana que permiten que personas, organizaciones, empresas o instituciones expongan argumentos antes de que se tome una decisión política.
Su objetivo es abrir el debate y garantizar transparencia en la toma de decisiones. Para eso se organizan exposiciones donde se presentan opiniones, investigaciones, posicionamientos sociales y argumentos técnicos. Estas instancias se rigen por principios de igualdad, publicidad, oralidad, informalidad, gratuidad y participación.
Aunque las opiniones no son vinculantes, todas las intervenciones deben quedar registradas y formar parte del informe final del proceso. Además, la autoridad convocante tiene la obligación de explicar cómo consideró las distintas posiciones al momento de adoptar una decisión.
Las audiencias públicas están pensadas para ampliar la conversación y permitir que cualquier persona interesada pueda expresar su mirada. A veces alcanza con una pregunta, una preocupación o una experiencia propia vinculada al territorio. Porque cuando se discute el agua, no se discute un tema técnico aislado: se discute el futuro de los territorios y de quienes los habitan. “No hace falta ser especialista: alcanza con reconocer que el agua sostiene la vida cotidiana y que defenderla es también una responsabilidad colectiva hacia quienes vendrán después”, afirma la artista visual y ecologista Guadalupe Carrizo, maestranda en arte latinoamericano en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo y parte de la Red Federal de Acción Colectiva en Defensa de los Glaciares.
La defensa del agua se organiza de manera federal
Foto: Daniel BeltraN / Greenpeace
La convocatoria también deja ver un dato significativo: la participación atraviesa todo el país. Hasta el momento se registraron intervenciones provenientes de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que confirma el carácter federal del debate. Más de la mitad de las personas anotadas provienen de la provincia de Buenos Aires y CABA, mientras que Córdoba, Mendoza y Santa Fe conforman un segundo núcleo importante de participación, al que se le suman provincias de la Patagonia y del centro del país. El mapa de inscripciones muestra algo que las asambleas socioambientales vienen señalando desde hace años: la discusión sobre el agua dejó de ser un tema exclusivamente cordillerano. La preocupación por los glaciares, las cuencas hídricas y los bienes comunes atraviesa territorios urbanos y rurales, y convoca a personas que entienden que la crisis ambiental ya no es un problema distante, sino una experiencia compartida.
En paralelo a la audiencia pública, desde la Red Federal de Acción Colectiva en Defensa de los Glaciares se presentó formalmente ante la Cámara de Diputados un documento que expresa oposición a cualquier proyecto que implique retroceder en la protección establecida por la Ley 26.639.
El documento fue acompañado por 276 asambleas, colectivos, instituciones y organizaciones de todo el país. Ya cuenta con número de expediente y fue remitido a la Presidencia de la Cámara, a los distintos bloques parlamentarios y a cada diputado y diputada. La red continúa sumando adhesiones con el objetivo de ampliar la representación social en defensa de los glaciares y del agua en distintos espacios institucionales.
En ese marco, Carrizo señala que la reforma tiene implicancias que van mucho más allá de los territorios cordilleranos. Explica que los glaciares funcionan como reservorios de hielos milenarios que se derriten lentamente y alimentan las cuencas hídricas de las que dependen ríos y comunidades en al menos doce provincias argentinas. “Estamos hablando de millones de personas que reciben agua directa o indirectamente de estos sistemas”, advierte.
En el caso de Tucumán, menciona la relación con la cuenca que desciende desde la cadena del Aconquija, de la que dependen cientos de miles de habitantes del área metropolitana y de otros departamentos de la provincia. También subraya que los sistemas ecológicos son complejos y que los efectos no se limitan a una región específica: “Lo que se decide hoy no afecta sólo a quienes vivimos ahora, sino también a las generaciones futuras y a las demás especies que comparten estos ecosistemas”.
A pesar de la gran convocatoria, y en medio de este proceso participativo, comenzaron a surgir cuestionamientos al formato definido por el oficialismo de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados. Las comisiones encargadas del tratamiento (presididas por los diputados libertarios José Peluc y Nicolás Mayoraz) establecieron un esquema de audiencias de sólo dos jornadas con intervenciones de cinco minutos por persona. El problema es que la convocatoria despertó una participación masiva: más de 60 mil personas se inscribieron para intervenir. Con ese formato, apenas una pequeña fracción podría exponer de manera efectiva. Legisladores de distintos bloques y organizaciones socioambientales advirtieron que limitar el tiempo y la cantidad de jornadas podría transformar una herramienta de participación democrática en una instancia meramente formal, dejando afuera a la enorme mayoría de quienes buscan intervenir en el debate sobre el futuro de los glaciares y del agua.
Hay un punto central que aparece en el debate ambiental: los glaciares no son ecosistemas que puedan “reconstruirse” fácilmente una vez dañados. A diferencia de otros impactos ambientales que pueden revertirse con el tiempo o con políticas de restauración, la destrucción de un glaciar implica una pérdida prácticamente permanente. El abogado ambientalista Enrique Viale lo resume de forma directa: “una vez destruido un glaciar, no hay forma de volver atrás”. Estas masas de hielo se forman a lo largo de cientos o miles de años a partir de la acumulación de nieve y hielo compactado. Alterar su estructura, contaminar su superficie o intervenir en el ambiente periglacial puede modificar procesos que tardaron siglos en consolidarse. La discusión sobre su protección no es sólo una cuestión regulatoria: se trata de evitar daños que, una vez ocurridos, no pueden deshacerse.
Las leyes ambientales más importantes de Argentina nacieron muchas veces de la presión social, la organización territorial y la participación ciudadana. La audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares vuelve a abrir uno de esos momentos. Si miles de personas pueden llenar un estadio o un recital en minutos, también pueden hacer oír su voz cuando se discute algo tan básico como el agua.
La audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados está abierta a todas las personas interesadas. Quienes se inscriban podrán exponer su posición o simplemente dejar registrada su opinión para que forme parte del informe final del proceso. A veces participar es simplemente decir que el agua importa.
Sumarte a la audiencia pública es una manera concreta de participar en una discusión histórica. Porque cuando se decide sobre los glaciares, lo que está en juego es la vida del presente y del futuro.
La convocatoria está abierta. Podés anotarte en este link.