El verano tucumano volvió a exponer una postal conocida y, al mismo tiempo, cada vez más preocupante. Las lluvias intensas que se sostienen desde enero, hace semanas, dejaron localidades enteras en situación de emergencia, familias que perdieron sus viviendas y comunidades que, ante la falta de protocolos de asistencia ni respuestas estructurales, tuvieron que organizarse para sobrevivir.

Las imágenes que circularon en redes sociales durante los últimos días son el resumen de una problemática histórica en distintos puntos de la provincia de Tucumán. Docentes atravesando caminos rurales completamente inundados para poder llegar a sus lugares de trabajo, vecinos formando cadenas humanas para no ser arrastrados por la corriente, defensas precarias contra el avance del agua y viviendas arrancadas por la fuerza del río. No se trata de un fenómeno inesperado, es un escenario que año tras año golpea con mayor intensidad las mismas zonas.

En Santa Rosa de Leales la situación continúa siendo crítica. Luzmila Castillo, vecina de Leales, describe un escenario donde la lluvia no da tregua y las consecuencias se siguen profundizando. Luzmila cuenta que la rutina de muchos vecinos cambió abruptamente, que dejaron de ir a trabajar para quedarse resguardando sus viviendas o asistiendo a familiares y conocidos afectados. Según relata la joven, hay familias que “no quieren dejar su casa”, aun cuando el agua ya “les llevó todo”, mientras que negocios familiares, como almacenes, perdieron todos sus electrodomésticos, aparte de la mercadería.

Castillo enumera necesidades urgentes: colchones, mercadería, artículos de limpieza, repelentes y materiales básicos para reforzar las viviendas. La preocupación mayor, señala, está puesta en los niños. “Hubo casos de picaduras de alacranes y la presencia de animales muertos que el agua arrastra incrementa el riesgo sanitario. Necesitamos una solución urgente”, resume.

La educación suspendida

El impacto atraviesa de lleno al sistema educativo. Carla Rodriguez, docente de Aguilares, explica que en zonas cercanas al pedemonte las escuelas directamente dejaron de ser accesibles. Muchas trabajadoras debieron cumplir funciones en instituciones cercanas, mientras alumnos y familias quedaban completamente inundados. Para ella, las medidas preventivas “llegaron demasiado tarde”, a pesar de que el pronóstico y las condiciones ya anticipaban el desastre.

La docente también advierte sobre el temor que existe dentro de las instituciones para visibilizar problemas estructurales. Señala que las directoras suelen evitar realizar reclamos formales por miedo a represalias, por lo que decidió exponer la situación a través de redes sociales, mostrando videos de docentes descendiendo de colectivos en medio del agua. Ese material tuvo gran repercusión, dejando a la vista las condiciones en las que continuaban las clases.

El traslado hacia las escuelas se convirtió en una experiencia de riesgo permanente, con rutas deterioradas por la lluvia, vehículos que quedaban varados y trayectos que debían completarse caminando, con el agua “a la altura del pecho”. Incluso al llegar, muchas instituciones estaban inundadas, generando problemas sanitarios y de salud para trabajadoras y alumnos.

Según Carla, la respuesta estatal fue parcial y desigual. Mientras que en La Madrid se desplegó asistencia debido a la cantidad de familias afectadas sobre la ruta, en localidades más pequeñas como Atahona, Monteagudo, Niogasta, entre otros, la ayuda prácticamente no llegó. Allí viven menos familias, pero las necesidades son igual de urgentes.

En este escenario, las mismas trabajadoras y trabajadores de las instituciones educativas comenzaron a organizar colectas para asistir a estudiantes y familias de esas zonas. “Son nuestros alumnos”, explica, señalando que no queda otra alternativa frente a la ausencia estatal. Además, advierte que las consecuencias no han terminado, y según el pronóstico las lluvias continuarán, con docentes enfermos por la exposición, estudiantes que dejaron de asistir y familias que deberán reconstruir sus hogares desde cero, hay un futuro lleno de incertidumbre.

El miedo a perderlo todo

En zonas como Las Piedritas, el avance del Río Salí dejó a familias enteras literalmente sin sus casas. La fuerza de la corriente arrasó con decenas de viviendas. Ese temor movilizó también a los vecinos del Barrio 40 Viviendas de Los Vallistos, en La Banda del Río Salí, quienes decidieron no esperar la llegada de asistencia oficial y organizaron jornadas comunitarias para llenar bolsas con ripio y piedras y construir una barrera de contención, ya que sus casas están a solo 20 metros de la orilla del río.

Frente a la emergencia, el tejido social volvió a convertirse en la principal red de contención. Voluntarios vinculados a grupos religiosos, ONGs, organizaciones barriales y trabajadoras de la educación se están encargando de la recepción y distribución de las donaciones. Sin embargo, la demanda supera ampliamente las posibilidades de ayuda.

La solidaridad comunitaria aparece como respuesta inmediata, pero también como síntoma de una ausencia persistente de políticas integrales que permitan anticipar y reducir el impacto de desastres que ya no pueden considerarse excepcionales.

Mientras el agua comienza a bajar lentamente, el reclamo vuelve a ser el mismo de cada año: soluciones de fondo para que la próxima lluvia no vuelva a dejar pueblos enteros bajo el agua.

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