El agua como límite
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Foto: Daniel Beltra / Greenpeace
La Ley de Glaciares nació en 2010 después de años de lucha socioambiental. Fue una conquista. Estableció que los glaciares y el ambiente periglacial son reservas estratégicas de agua dulce y que ciertas actividades (como la megaminería) no pueden avanzar sobre ellos. No era solo una norma técnica, era un límite.
Esta semana el senado dio media sanción a la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y Ambiente Periglaciar. La propuesta, impulsada por el oficialismo, plantea delegar en las provincias mayores atribuciones para definir qué zonas deben estar protegidas y cuáles pueden habilitarse para actividades productivas. En la superficie puede parecer un simple debate administrativo, pero toca una cuestión de fondo: quiénes deciden sobre el agua y qué hacer con ella.
El hielo no hace ruido cuando se derrite. En la Cordillera, los glaciares retroceden milímetro a milímetro mientras, en Buenos Aires, el Congreso debate su destino. No se trata de una discusión técnica ni de un expediente más en la agenda legislativa. Lo que está en debate es el alcance de una ley que, desde 2010, fijó límites claros a determinadas actividades económicas en nombre del agua como bien común.
Los glaciares son grandes masas de hielo permanente que se forman cuando la nieve acumulada durante muchos años se compacta y transforma en hielo bajo su propio peso, en regiones donde, aún en verano, el frío impide que se derrita completamente. Lejos de ser estáticos, fluyen lentamente por acción de la gravedad y presentan una zona de acumulación,donde la nieve se transforma en hielo, y una zona de ablación, donde el hielo se pierde por fusión o desprendimientos.
En Argentina los glaciares se distribuyen a lo largo de la Cordillera de los Andes, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y, según los datos del Inventario Nacional de Glaciares completado y publicado oficialmente por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), hay 16.968 cuerpos de hielo identificados en todo el país, que ocupan unos 8.484 km² de superficie total. Estos cuerpos de hielo incluyen glaciares y otras formas de hielo permanente que actúan como reservas de agua estratégica, concentrados principalmente en provincias andinas como Mendoza, San Juan, Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Tucumán, además de las Islas del Atlántico Sur. Incluyen glaciares de valle, de montaña, de circo y también geoformas periglaciales, como los llamados glaciares de escombros, todos fundamentales como reservas estratégicas de agua dulce que alimentan ríos, sostienen ecosistemas, como también distintas actividades productivas y turismo.
A lo largo del tiempo, muchos glaciares fueron reduciendo su superficie y volumen debido al aumento de temperaturas asociado al cambio climático, lo que altera su balance entre acumulación y derretimiento y afecta la disponibilidad futura de agua.
Comprender su funcionamiento permite analizar la relación entre clima e hidrología, por lo que resulta clave promover actividades educativas como la comparación de fotografías históricas, el uso de mapas interactivos del inventario, la observación de imágenes satelitales y el análisis de datos de superficie glaciar. Así, los estudiantes pueden desarrollar una conciencia acerca de cómo estos “ríos de hielo” responden a los cambios ambientales y por qué son considerados el agua del futuro.
2025 fue declarado Año Internacional de la Conservación de los Glaciares por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en reconocimiento al papel crucial que estos ecosistemas cumplen en la regulación hídrica, la estabilidad climática y la provisión de agua para millones de personas en el mundo. La resolución impulsa a los Estados a fortalecer políticas de monitoreo, investigación científica y protección de las reservas de hielo frente al avance del cambio climático. En ese marco global de alerta y cooperación, el debate argentino sobre la modificación de la Ley de Glaciares adquiere una dimensión aún más significativa: mientras la comunidad internacional llama a reforzar su cuidado, el país discute el alcance de su principal herramienta de protección.
Desde Jóvenes por el Clima Tucumán expresaron su “firme rechazo” a la reforma por considerarla un retroceso inadmisible en la protección de reservas estratégicas de agua dulce en un contexto de crisis climática e hídrica. Sostienen que la modificación “debilita estándares ambientales consolidados, desnaturaliza el régimen de presupuestos mínimos y subordina la protección de bienes comunes esenciales a decisiones discrecionales atravesadas por intereses extractivos”, y remarcan que defender la ley “no es oponerse al desarrollo, sino sostener un modelo de gobernanza ambiental basado en la prevención, la ciencia y los derechos humanos”.
En la misma línea, la Asamblea por el Agua Tucumán advierte que, en los Nevados del Aconquija y las Cumbres Calchaquíes, existen más de 122 glaciares y geoformas periglaciares que funcionan como reservorios estratégicos de agua para la provincia. Denuncian, también, que la reforma implica “entregar el agua” en beneficio de intereses mineros.
Hoy el oficialismo propone modificar la ley en nombre del federalismo y la inversión, diluyéndose un principio central: que el agua es un bien común cuya protección trasciende intereses locales y presiones empresariales. La discusión parlamentaria terminará en una votación. Habrá números, titulares, comunicados. Sin embargo, la verdadera disputa seguirá en los territorios, en las calles, en los lugares de trabajo, en las comunidades que dependen del agua.
Porque cuando se decide sobre glaciares, se decide sobre algo más profundo: qué tipo de sociedad acepta convertir la vida y la dignidad en variables de ajuste. Y ahí, más que una ley, lo que está en juego es el sentido del futuro.
En un mundo que ya vive crisis hídricas, incendios y sequías récord, la pregunta es brutalmente simple: ¿cuánto vale el agua?