Cuando el derecho a la educación se convierte en una decisión administrativa

Para las y los estudiantes de zonas rurales, el acceso a la educación nunca es simple, es un acto de resistencia. Las distancias son largas, el transporte pasa apenas un par de veces al día y perder un viaje significa directamente, no llegar al aula. Sin embargo, en el Instituto de Enseñanza Superior (IES) de Chuschagasta, las ganas de superarse rompen todas estas barreras. Quienes asisten no lo hacen por obligación, sino por la profunda convicción de que una carrera terciaria es el pasaporte hacia un futuro mejor. Hoy, ese futuro pende de un hilo.

El Instituto de Chuschagasta, inaugurado en 2023, corre riesgo de cierre definitivo. La medida llega cuando aún ni siquiera se ha permitido que la primera cohorte de alumnos, prevista para este año, logre recibirse. La razón oficial radica en el presupuesto. Desde las autoridades se exige un cupo mínimo de 80 estudiantes para sostener la infraestructura y los salarios docentes, una cifra inconsciente de la realidad demográfica de la zona, que actualmente cuenta con alrededor de 30 alumnos y alumnas que concurren diariamente a la institución.

Lejos de imponer una currícula desconectada de su entorno, el IES ofrece una tecnicatura y un profesorado orientados a la informática. Estas carreras surgieron de un estudio realizado por la propia comunidad para detectar sus intereses y necesidades. Ante el aislamiento geográfico, los habitantes entendieron que el conocimiento digital era indispensable para acortar las brechas en relación a la población del centro de la provincia, y para, por ejemplo, asistir a los adultos mayores de la zona en la realización de trámites online.

El cierre del IES dejaría a las y los jóvenes sin posibilidad de acceder a la educación superior. La alternativa propuesta es un  instituto ubicado en Trancas, pero su modalidad vespertina-nocturna lo vuelve inviable. La mayoría de los estudiantes vive en zonas montañosas y debe realizar un largo trayecto de bajada hasta el centro del pueblo para recién allí tomar un transporte hasta el instituto. Si terminaran de cursar de noche no habría colectivos de línea que les permitieran regresar a sus hogares.

La situación de Chuschagasta no es un hecho aislado, sino que se inscribe en un mapa de desigualdades estructurales. Mientras que en el centro de la provincia de Tucumán existe una amplia oferta de institutos de formación, en el norte las opciones son escasas y constantemente atacadas. El reciente cierre del IES de San Pedro de Colalao es un antecedente directo de esta política de olvido y desinterés.

Para el cuerpo docente, esta decisión trasciende lo meramente económico y se perfila como un claro ataque a los pueblos originarios y a las comunidades de la periferia. A este panorama de desinversión se suma el abandono administrativo. Desde hace un año, la institución carece de una dirección oficial tras el retiro del anterior director. Los llamados a junta para elegir nuevas autoridades han sido aplazados sistemáticamente. Dejaron al frente a una directora provisional que no posee la potestad real para realizar reclamos formales, limitándose a comunicar las decisiones del Ministerio de Educación.

Una escuela rural nunca es solamente un edificio donde se imparten contenidos. Es un centro de convivencia, de socialización, de construcción comunitaria, donde se celebra el esfuerzo colectivo. Eventos autogestivos organizados por profesores y alumnos, como cenas adaptadas al contexto para destacar la perseverancia de quienes estudian, demuestran el tejido social que se vive entre sus paredes. Cerrar el Instituto de Enseñanza Superior de Chuschagasta es ignorar las particularidades del territorio y vulnerar el derecho a la educación. Detrás del argumento presupuestario queda el silencio de un Estado que, al retirar sus instituciones, limita el desarrollo y el futuro de una comunidad que exige dejar de ser olvidada.