Tucumán bajo el agua: una crisis que no empieza con la lluvia
/*Por Micaela Gabaicel
Foto: La Madrid -Marzo 2026 | Gentileza Belén Castellanos
En Tucumán, la lluvia ya no es solo un fenómeno meteorológico. Es, cada vez más, un disparador que deja al descubierto algo más profundo: una trama de desigualdad, falta de planificación y la aceleración de una crisis climática que ya no puede ignorarse. Lo que ocurrió durante la segunda semana de marzo de 2026 - con inundaciones en diferentes zonas de la provincia - no puede leerse únicamente como una emergencia climática, sino como el síntoma visible de un problema que se viene acumulando hace años.
En menos de 48 horas se registraron hasta 170 milímetros de lluvia, un volumen que equivale a varias semanas de precipitaciones. El impacto fue inmediato: ríos desbordados, rutas cortadas, suspensión de clases y cientos de familias evacuadas. Sin embargo, el dato climático, por sí solo, no alcanza para explicar la magnitud del desastre.
El sur de la provincia volvió a ser el epicentro. La Madrid, Juan Bautista Alberdi, La Cocha, Graneros, Simoca, Aguilares y Concepción concentraron gran parte de los daños. En La Madrid, el desborde del río Marapa, sumado a la apertura de compuertas del dique Escaba, generó una situación extrema: hasta el 75% de la población tuvo que ser evacuada. En total, más de 400 familias resultaron afectadas en toda la provincia, muchas con pérdidas materiales irreversibles.
Pero la geografía del desastre no termina ahí. En el Gran San Miguel de Tucumán, zonas cercanas al río Salí, como Las Piedritas, también volvieron a evidenciar una fragilidad persistente: viviendas asentadas en áreas expuestas, infraestructura insuficiente y una relación desigual con el territorio. Lo que sucede en estos barrios responde a la misma lógica que en el sur profundo: cuando el agua avanza, no encuentra contención.
La dimensión ambiental: lluvias más intensas en menos tiempo
En este punto, el análisis no puede desligarse de la dimensión ambiental. Tucumán viene registrando lluvias cada vez más intensas y concentradas. Para marzo de este año, ya se habían acumulado más de 700 milímetros de precipitaciones, en una provincia cuyo promedio anual ronda los 1400 mm. Este comportamiento no es aislado, sino parte de un contexto más amplio de crisis climática. El último informe del IPCC (AR6) advierte que el cambio climático está intensificando el ciclo del agua, generando precipitaciones más intensas y eventos extremos más frecuentes en distintas regiones del mundo. En la misma línea, explicaciones basadas en ese informe señalan que el aumento de temperatura incrementa la capacidad de la atmósfera para retener humedad, lo que se traduce en tormentas más fuertes.
Foto: La Madrid -Marzo 2026 | Gentileza Belén Castellanos
Sin embargo, el problema no es únicamente cuánto llueve, sino las condiciones sobre las que impacta esa lluvia. La deforestación, la expansión urbana desordenada y la ocupación de zonas inundables reducen la capacidad natural del suelo para absorber el agua. En ese contexto, el agua no solo cae: corre más rápido, con más fuerza, y termina acumulándose donde hay menos capacidad de respuesta. El cambio climático, en este sentido, no actúa solo: amplifica desigualdades y debilidades preexistentes.
La transformación del territorio juega un rol central. La deforestación, la expansión urbana desordenada y la ocupación de zonas inundables reducen la capacidad natural del suelo para absorber el agua. A esto se suma una infraestructura que no acompaña ese crecimiento: canales saturados, alcantarillas insuficientes y caminos rurales vulnerables. En ese contexto, el agua no solo cae: corre más rápido, con más fuerza, y termina acumulándose donde hay menos capacidad de respuesta. Que en medio de la emergencia se haya evaluado romper rutas para permitir el drenaje no es solo una anécdota, sino una señal de las limitaciones estructurales existentes.
Infraestructura y decisiones: la prevención que no llega
Ahora bien, esas limitaciones no son neutras. También son el resultado de decisiones políticas. Según datos publicados por el diario La Nación, Tucumán recibió $35.000 millones de Nación para obras de prevención hídrica, pero solo ejecutó el 30% de esos fondos. La subejecución de partidas clave, como el dragado de ríos o la limpieza de canales, impacta directamente en la capacidad de prevenir desbordes. En este sentido, la pregunta no es solo cuánto se invierte en asistir la emergencia, sino cuánto se prioriza evitarla.
Desde el gobierno provincial, el gobernador Osvaldo Jaldo sostuvo que el gobierno provincial continúa asistiendo a las familias afectadas y remarcó el carácter excepcional de las lluvias. Sin embargo, esto no anula el problema de fondo: cuando los recursos existen y los escenarios son previsibles, la prevención no puede quedar relegada frente a la urgencia.
Desigualdad: cuando el impacto siempre cae en los mismos
Foto: La Madrid -Marzo 2026 | Gentileza Belén Castellanos
Es ahí donde la crisis adquiere una dimensión de derechos humanos. Porque las inundaciones no afectan a todos por igual. Las zonas más golpeadas coinciden con aquellas que históricamente presentan mayores niveles de vulnerabilidad: áreas rurales, periferias urbanas y barrios con menor infraestructura. En esos territorios, perder bienes materiales no es solo una pérdida económica, sino un retroceso difícil de revertir. La capacidad de recuperación no depende únicamente del esfuerzo individual, sino de las condiciones estructurales y del acompañamiento estatal.
Desde el sur provincial hasta los márgenes del río Salí, el patrón se repite: los eventos extremos impactan con mayor fuerza sobre quienes tienen menos recursos para enfrentarlos. En ese sentido, la crisis climática no solo intensifica problemas existentes, sino que los profundiza. La desigualdad no es una consecuencia secundaria de la inundación; es una de sus condiciones de posibilidad.
Pensar lo ocurrido en Tucumán únicamente como una emergencia implica quedarse en la superficie del problema. La lluvia, en todo caso, funciona como un detonante que expone una realidad previa: territorios desiguales, infraestructura insuficiente y decisiones que no siempre priorizan la prevención. Si estos escenarios se repiten con cada tormenta, la pregunta ya no es si volverán a ocurrir, sino bajo qué condiciones lo harán y a quiénes volverán a afectar con mayor intensidad.
Cuando el agua baja, lo que queda no es solo barro ni pérdidas materiales. Queda también la evidencia de que el desastre no fue completamente inevitable. Y, sobre todo, queda abierta una discusión incómoda pero necesaria: si se conocen las causas, si existen los recursos y si los impactos son previsibles, entonces evitar que estas historias se repitan no debería ser una excepción, sino una decisión. En un contexto donde los informes del IPCC advierten que estos eventos serán cada vez más intensos y frecuentes si no se logra limitar el aumento de la temperatura global a 1,5°C, la urgencia deja de ser sólo local. Lo que está en juego no es únicamente cómo se responde a la próxima tormenta, sino qué condiciones se construyen - o se siguen postergando - frente a un escenario climático que ya no es futuro, sino presente.
