Virginia Aparicio es investigadora del CONICET, ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias y trabaja en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Desde hace 20 años se dedica a investigar el impacto de los agroquímicos. Con esa trayectoria, la institución impulsa un pedido de exoneración en su contra.

En 2020, Aparicio lideró el proyecto internacional SPRINT, cuyas siglas en español significan “Transición Sostenible de Protección Vegetal”. Esta investigación fue financiada por la Unión Europea y tenía como fin desarrollar una herramienta de salud en todo el mundo para evaluar los riesgos y el impacto del uso de plaguicidas. Argentina fue el único país sudamericano que participó. En 2021 comenzó la primera etapa de la investigación con la toma de muestra de sangre, orina, heces e hisopados nasales a 73 personas voluntarias de Balcarce, Tres Arroyos, Necochea, Mar del Plata y Tandil. Los resultados revelaron la presencia de agroquímicos, como el glifosato, en el 86,1% de los argentinos muestreados. Este herbicida, clasificado por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno para los seres humanos, se detectó en las heces del 100% de los bonaerenses que participaron del estudio. Además, se encontraron de 6 a 22 plaguicidas en alimentos, de 43 a 86 en el polvo de los hogares y de 10 a 28 en agua superficial. La investigación permitió analizar cómo más de 200 plaguicidas pueden tener efectos considerables si son utilizados de manera prolongada.

La segunda parte del proyecto consistía en trabajar con productores para reducir el uso de estos químicos, pero esa etapa nunca llegó a concretarse. Los resultados iban a ser presentados en junio de 2023 durante una reunión virtual. Una semana antes, Carlos Parera, director nacional del INTA en aquel entonces, ordenó suspender el encuentro y le prohibió a Aparicio continuar participando del proyecto. En diciembre de ese año, el entonces presidente del INTA, Mariano Garmendia, decidió poner fin a la participación de la institución en la investigación. Al año siguiente comenzó la persecución del INTA central a la científica con averiguaciones acerca de sus funciones en la Experimental Balcarce. En febrero de 2025 le notificaron que se encontraba sumariada. Hoy, Virginia enfrenta un pedido de exoneración, es decir, la institución busca inhabilitarla de por vida para prestar servicios en el Estado. “Significa quitarme la identidad científica”, dijo la investigadora a la prensa.

Entre las acusaciones se encuentra el supuesto ocultamiento de información a sus superiores. Sin embargo, Aparicio sostiene que todas las decisiones tomadas durante el proyecto fueron comunicadas al jefe directo de la Estación Experimental. Además, desde un principio fue el mismo INTA quien aprobó su participación. También se la acusa de haber causado un perjuicio económico y material al Estado nacional. Tanto su abogado como ella, afirman que el financiamiento provino de la Unión Europea y que los gastos fueron detallados ante las autoridades. Mientras tanto, el logo de la institución continúa apareciendo en la página web del proyecto.

En Misiones ninguno de los resultados del proyecto pareció tener peso en las políticas vinculadas al uso de agroquímicos. En septiembre, la Cámara de Representantes de la provincia dio luz verde al uso de glifosato en la producción de yerba mate. En 2023 la provincia había aprobado la Ley de Promoción de Bioinsumos que prohibía el uso de este agroquímico para evitar exponer a la población a los agrotóxicos y proteger el suelo, el agua y la biodiversidad. Este año, la prohibición fue eliminada con el argumento de que no existen alternativas eficaces que reemplacen al glifosato en determinadas actividades y su sustitución elevaría el costo de producción. Actualmente, Misiones es una de las provincias que produce el 80% de yerba que se consume en todo el país.

“Aplicar la máxima sanción a una investigadora por hechos producidos en el marco de un proyecto institucional tendría consecuencias sobre todo el personal y debilitaría la investigación pública”, advirtió la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) en un comunicado. El gremio consideró como inadmisible la exoneración a Aparicio. Diferentes instituciones, organizaciones sociales y científicas también manifestaron su preocupación y solidaridad con la situación de la investigadora e invitaron a la comunidad a firmar un pronunciamiento público. Las organizaciones afirman que este caso forma parte de otro mecanismo del Gobierno nacional para atentar contra la ciencia en el país, en un contexto marcado por el constante desfinanciamiento al sector.