Un año y tres meses se extendió el juicio por administración fraudulenta contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. La causa conocida como YMAD -por las siglas de la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio tiene como imputados a Juan Alberto Cerisola, exrector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Olga Graciela Cudmani, exdirectora general de Construcciones Universitarias, Osvaldo Venturino, exdirector de Inversiones y Contrataciones, y Luis Fernando Sacca, exsubsecretario administrativo.

Finalmente, hoy se conoció la sentencia del Tribunal Oral Federal (TOF) que resolvió condenar a tres de los imputados a penas de entre dos y tres años de prisión. En tanto Sacca quedó absuelto por el beneficio de la duda. Así, Cerisola fue condenado a 3 años y seis meses, Cudmani a tres años y dos meses y Venturino a dos años. Todos ellos con inhabilitación perpetua a desempeñar cargos como funcionario público.

Un fraude de alto costo para la UNT

Los Fiscales Pablo Camuña y Agustín Chit, junto a la auxiliar fiscal Lucía Doz Costa, consideraron que estaba probada la comisión del delito por parte de los cuatro exintegrantes de la conducción universitaria. De acuerdo a lo establecido por la ley 14.771 de formación de la YMAD, el 40% de las regalías de la empresa estaban destinadas a la finalización de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier. Sin embargo, estos fueron utilizados para la refacción y construcción de 13 obras públicas, donde se detectaron irregularidades como el pago de sobreprecios, el incumplimiento del procedimiento de la ley 14.771, entre otros.

A lo largo de más de un año de debate oral y público, se realizaron más de 40 audiencias, por las que pasaron más de 50 testigos y peritos en sala. A lo largo del proceso, se incorporaron 50 cajas de documentos y se realizaron 11 inspecciones oculares en 11 de las 13 obras analizadas.

El Ministerio Público Fiscal expuso su alegato durante tres jornadas que se desarrollaron a fines de junio. En ese momento, solicitaron que se los condene a resarcir a la institución por un perjuicio superior a 55 mil millones de pesos, generado entre 2006 y 2011. Además, remarcaron la importancia de que los hechos sean reconocidos como actos de corrupción contra la UNT.

Las penas pedidas por Camuña, Chit y Doz Costa fueron de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para el exrector Juan Cerisola, 4 años de prisión e inhabilitación perpetua Olga Cudmani, 2 años de prisión e inhabilitación perpetua para Venturino y 2 años de prisión e inhabilitación por 10 años para Luis Sacca.

También solicitaron la revocación de las excarcelaciones de Cerisola y Cudmani y que se dicte prisión domiciliaria, considerando el riesgo de que eludan el cumplimiento de la sentencia, sobre todo en su aspecto económico.

Cabe recordar que la acusación abarca tres grandes bloques:

Renuncia irregular a utilidades de YMAD: fondos que la UNT debía recibir por ley de la empresa Yacimientos Mineros Agua de Dionisio.
Obras públicas con sobreprecios e irregularidades contractuales.
Colocaciones financieras opacas y discrecionales.

Según la fiscalía, el perjuicio económico probado equivale a más de 84 mil millones de pesos actualizados a 2023, un monto que “permitiría garantizar el funcionamiento de la UNT por un año completo, financiar 32.500 becas estudiantiles durante cinco años, o sostener 17 mil proyectos de investigación del CONICET”.

También solicitaron que, tras la sentencia, se investigue la posible responsabilidad penal de otras personas y que se remitan copias al Consejo Superior de la universidad, como medida de no repetición.