La construcción colectiva es la clave

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“El protocolo nace en un marco legal que ha ido cambiando, que le da otro lugar al niño, donde el niño ya no es un objeto de tutela sino un sujeto de derecho”. Así empieza Mariela Garvich a hablar de un trabajo con el que se siente comprometida además de orgullosa. A lo largo de la entrevista rescató una y otra vez que todo esto es el fruto de un trabajo colectivo, interdisciplinario y, sobre todo, horizontal en un ámbito tan verticalista como el Poder Judicial. Se trata de lo que se ha dado en llamar “Protocolo interinstitucional para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de abuso sexual infantil o violencia”. Es el resultado de un trabajo que empezó, en la provincia, en el año 2011 pero solo en y para el Poder Judicial. Luego, debido a la misma problemática, se fue haciendo clara la necesidad de interactuar con otros organismos. Así se convocó al Ministerio de Educación, al Ministerio de Seguridad, al Ministerio de Salud, a la Dirección de Familia, para trabajar en conjunto con los representantes de todos los estamentos del Poder Judicial (camaristas, jueces de apelación, jueces de instrucción, fiscales, defensores, médicos forenses y psicólogos forenses).

¿Y cuál es el aporte de este protocolo? Pues bien, los psicólogos Mariela Garvich y Emiliano Gato lo explican desde su óptica y experiencia. Ambos son miembros del gabinete psicológico forense, vienen trabajando en el acompañamiento a niños víctimas de abuso y/o violación sexual que llegan a estar judicializados y participan del equipo interdisciplinario e interinstitucional que elaboró dicho protocolo. Señalan que los dos objetivos directrices son obtener una prueba de calidad y no re victimizar al niño. Pero para tener una idea más o menos acabada de la importancia de la creación y aplicación de este protocolo es preciso conocer el camino que se recorre (o se recorría) hasta que un niño, una niña o un adolescente llegan como víctimas a un proceso judicial.

“El hecho se devela en un hospital, en la escuela o en la familia", explica Mariela. "La persona que escucha hace preguntas, luego va al médico de la policía, al psicólogo de la policía. Si es en la escuela ya ha pasado por la maestra, la directora, la asistente social y la psicóloga del SASE (Servicio de Asistencia Social Escolar) y del GPI (Gabinete Pedagógico Interdisciplinario). Todo esto sin acompañamiento y contando una y otra y otra vez lo que ha pasado”, señala. “Llegaba a la fiscalía, de ahí pasaba dos, tres, cuatro años hasta que se sustanciaba el juicio y en el juicio el niño tenía que ir a declarar otra vez”, recuerda la psicóloga. En ese camino el niño no solamente debe revivir y recrear el momento más traumático de su vida sino que, a riesgo de preguntas, respuestas, comentarios y conjeturas, la narración del hecho se iba modificando. Esto último terminaba siendo perjudicial ya que, según afirman los especialistas, una omisión o una variación, era tomada como un indicador de que lo que se relataba era una mentira. “Hay que ser muy necio para no darse cuenta que pasaron 5 años. Pasar de los 7, 8 años a los 13, 14; ya la significación, el sentido, todo va cambiando por un proceso lógico”, agrega Emiliano.

Pero los problemas no terminaban ahí. Cada organismo interviniente, desde que se conocía el hecho hasta que la causa llegaba a juicio, actuaba de manera autónoma. Así, cuenta Mariela Garvich, “el GPI y el SASE tenían su propio protocolo. Ellos tenían todo un procedimiento porque consideraban que debía haber un grado de certeza antes de hacer la denuncia. Como nadie sabía lo que hacía el otro todos se afanaban por hacer las cosas lo más completas posibles, sin darse cuenta que eso terminaba obstaculizando el proceso judicial”. Y en este esfuerzo por actuar con las mejores intenciones no se tenía en cuenta un punto muy importante, y es que aquí entran en juego el derecho del niño a la salud y el derecho a la justicia. Así, en resguardo del derecho a la salud, se priorizaba la intervención psicológica y, cuando se daba intervención a la justicia, muchas veces ya se habían perdido todas las pruebas. Se obstaculizaba de este modo ese otro derecho, tan importante e inalienable como todos los demás.

Este protocolo interinstitucional para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual infantil o violencia busca sanear todas esas grietas. Como su nombre lo indica es ‘interinstitucional’. Todas las instituciones que intervienen en este proceso, desde que empieza hasta que llega a juicio, tuvieron la posibilidad de conocerse durante las reuniones de elaboración del protocolo. En ese espacio pudieron hablar y explicar cada uno por qué hacían las cosas como las hacían. Conocer quién los había antecedido o quién continuaría con cada caso. “Ahora, ante cualquier duda, nos llamamos por teléfono”, rescata Emiliano, que sabe que la apuesta siempre es al diálogo.

Los dos psicólogos forenses, miembros de este equipo interdisciplinario, afirman que este protocolo reduce a lo mínimo indispensable la cuestión burocrática. Por un lado evita que el niño deba volver al Poder Judicial a contar lo sucedido. Si bien se contempla la posibilidad de una nueva entrevista,  esta debe estar fundamentada, ya sea porque se haya producido una interrupción por motivos de fuerza mayor o porque se hace necesario preguntar por nuevos datos. No se puede volver a hablar de lo que ya se ha narrado, cumpliendo así uno de los objetivos planteados: no revictimizar al niño.

Por otro lado, procura que el pasaje del niño por el Poder Judicial colabore con la obtención de pruebas. Al respecto explican que ya en el año 2005 la ley estableció que las declaraciones de las víctimas sean tomadas por el sistema de cámara gesel. De este modo se evitaba que esos niños y niñas deban dar ese testimonio en un juicio. Pero antes, indica Emiliano Gato, la cámara gesel era el punto que cerraba la instrucción por eso tardaba, por lo menos, dos años. En cambio ahora, como se hace lo más rápido posible, es una medida que abre la investigación. Entonces las víctimas no terminan narrando algo que sucedió hace varios años, relato que puede ser modificado por los efectos que el tiempo produce en la memoria y en la conciencia. Además, si se obtiene la suficiente cantidad de datos, esa narración facilita la obtención de pruebas físicas. De este modo se garantiza el otro objetivo planteado: obtener una prueba de calidad.

El sufrimiento, el dolor, las situaciones traumáticas por las que un niño, una niña y su familia tienen que atravesar cuando un abuso, una violación u otro hecho de violencia se develan son inconmensurables. No ha de ser fácil tomar la decisión de hacer una denuncia y avanzar en un proceso judicial que se avizora engorroso, burocrático y más traumatizante todavía. Es sumar dolor al dolor y debe costar entender, en ese contexto, que a veces curar las heridas más profundas debe producir más dolor. Conscientes de esto y buscando que ese dolor, inevitable a esta altura, sea el menor posible es que en la provincia muchos profesionales realizan un trabajo comprometido. Reflexionan y actúan para que los avances producidos por documentos como la Declaración Universal del Niño no queden solamente en un papel. Y aunque el regreso a casa sea, muchas veces, con el sabor amargo de los sinnúmeros de cuentas pendientes, no bajan los brazos. Se capacitan, discuten, construyen en silencio, al margen del reconocimiento social pero con la convicción de aportar a un cambio colectivo.

Gabriela Cruz

gcruz@colectivolapalta.com.ar