Recta final en el juicio por la apropiación del nieto 128

Foto: Audiencia juicio por apropiación - Celeste Antonio | La Palta

¿Quiénes eran Víctor Lucio Sánchez y Carlos Alberto Vega? ¿Cuál era su relación? ¿Qué pasó después de la separación de los hermanos secuestrados, Marcos Eduardo Ramos y Elías Ismael Suleiman? Estas son las preguntas que el Ministerio Público Fiscal buscó responder durante los alegatos de clausura en el juicio por la apropiación de Marcos Ramos. Así, por más de dos horas, la fiscalía reconstruyó los hechos uniendo las piezas de todas las pruebas presentadas en el debate. 

El juicio por la apropiación del nieto 128, Marcos y la sustracción de su hermano Ismael durante el terrorismo de Estado, se encuentra en su etapa final. El único imputado es Carlos Alberto Vega, quien era capitán de infantería del Ejército Argentino con Aptitud Especial en Inteligencia (AEI). Según la declaración de la testigo experta Verónica Almada, la AEI se obtenía a partir de un curso con formación clave para integrar el circuito de inteligencia que operó en la provincia durante el terrorismo de Estado. Además, Vega se desempeñó como oficial del Destacamento de Inteligencia 142 del Ejército hasta 1977. Como jefe del Grupo de Actividades Especiales de Inteligencia y Contrainteligencia, tuvo bajo su responsabilidad el secuestro de personas, los traslados a los centros clandestinos de detención, los interrogatorios bajo tortura para obtener información y la difusión de esa información.

Para diciembre de 1976, Vega estaba a cargo de las tareas de inteligencia en el Centro Clandestino de Detención Arsenal Miguel de Azcuénaga. “Vega tenía a su cargo a los grupos de secuestradores. Ningún grupo secuestrador podía ir a buscar a su blanco si no estaba previamente fiscalizado, decidido por el grupo de actividades especiales de inteligencia y de contrainteligencia que él lideraba”, sostuvo la fiscal Valentina García Salemi. Entre las personas que fueron señaladas para su persecución y secuestro, se encontraban Rosario del Carmen Ramos y Pastor Dante Campos, militantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y padres de Marcos. Ambos continúan desaparecidos.  

A cargo de Vega también estaba el Personal Civil de Inteligencia (PCI), del que formaba parte Victor Lucio Sánchez. Fue Vega quien le otorgó un aval para que ingrese al destacamento 142. Antes de ser designado PCI, Sánchez integraba la patota de secuestradores y torturadores en La Florida. Durante el juicio Arsenales - Jefatura II, numerosos testimonios dieron cuenta de su participación en secuestros, torturas y violaciones sexuales en los centros clandestinos. Sánchez fue el apropiador de Marcos y murió impune en 1990. 

La apropiación de niños, parte de un plan sistemático

Durante el terrorismo de Estado, la apropiación de niños y niñas consistió en su sustracción,  retención, ocultamiento, sustitución de la identidad y la falsificación de documentación pública. “La gravedad del hecho tiene que ver con que tuvieron lugar en dependencias estatales, fueron cometidos por agentes estatales y contra personas específicas que se consideraban enemigos y que eran perseguidos por todo el aparato del Estado. No son acciones aisladas, sino que forman parte de un plan sistemático”, afirmó el fiscal Pablo Camuña. Este delito tenía como fin la aniquilación completa de quienes eran considerados subversivos. 

Ismael y Marcos eran hijos de Rosario del Carmen Ramos. Rosario fue secuestrada en tres oportunidades. La última vez que su familia la vio con vida fue a fines de noviembre de 1976. Al mes siguiente, sus dos hijos fueron secuestrados y llevados a una casa en Tafí Viejo, en donde luego fueron separados. Ismael tenía ocho años y Marcos un par de meses. “Por la prueba producida, por el esquema de valoración, por el conocimiento que se tiene de cómo funcionó el aparato del terrorismo estatal en nuestra provincia, lo más probable es que Marcos haya sido llevado al centro clandestino Arsenal Miguel de Azcuénaga, instrumentalizado como plus de tortura para su madre secuestrada, que sabemos que estuvo allí”, alegó García Salemi. 

Ismael fue llevado a una casa por la calle San Juan al 1600. Allí intentaron cambiarle su nombre, lo obligaban a rezar y recibía constantes golpes. “Para un chico de ocho años, el nombre propio es el andamiaje de la psiquis, es la herencia materna, es el primer territorio de la identidad. El cambio de nombre era la tortura psicológica. Y lo que buscaban era extirpar y hacer desaparecer a Elías Ismael Suleimán de la faz de la tierra y que aparezca Juan Cano”, dijo el fiscal Patricio Rovira. Un año y medio después, Ismael logró escapar y regresar con su familia biológica. 

Foto: Audiencia juicio por apropiación - Celeste Antonio | La Palta

Marcos, en cambio, conoció su verdadera identidad 40 años después. Durante ese tiempo, sus apropiadores, hicieron de la violencia física y psicológica un cotidiano en su vida. “Marcos no fue insertado en un hogar, fue confinado en una extensión doméstica del terrorismo de Estado. Sánchez disciplinó a su botín, garantizando que ese niño vulnerado y vulnerable jamás tuviera herramientas psíquicas y simbólicas para poder cuestionar su origen ni su presente”, afirmó Rovira.

Pedido de pena 

“Carlos Alberto Vega, con su grupo, con su decisión, secuestró a los hermanos y los apartó de la protección de su propia familia biológica, de quienes lo cuidaban. Con Marcos Ramos directamente fue más allá, autorizó a que se lo lleve el PCI Sánchez”, dijo García Salemi. De esta manera, la fiscalía solicitó una pena de 17 años de prisión para Vega al considerarlo partícipe necesario de la apropiación de Marcos y la sustracción de Ismael. Además, pidió una reparación económica por los daños morales, psicológicos y familiares causados, como así también solicitó la garantía de no repetición. 

El alegato de la fiscalía finalizó con un pedido de justicia por Marcos, por Ismael, por los años que tardaron en reencontrarse, por Rosario y Dante que continúan desaparecidos. El camino a la sentencia se hace cada vez más corto. Este miércoles desde las 9.30, la querella y la defensa desarrollarán sus alegatos finales en el Tribunal Oral Federal.