Por qué luchan las mujeres que luchan: El derecho a elegir

Fotografía de Bruno Cerimele

“La verdad es yo voy a acceder a la salud sexual y reproductiva donde quiera, porque tengo recursos simbólicos, o sea conozco mis derechos y tengo recursos económicos. Soy blanca, clase media, propietaria, instruida, lo cual me diferencia de otra gente”, dice Soledad Deza y esas palabras quedan sonando en el eco metálico de su oficina. Así, sacada de contexto, la frase tiene una carga de violencia que paraliza. Puestas en contexto, la violencia es mayor. Soledad Deza es abogada, militante feminista y una trabajadora por el reconocimiento, garantía y cumplimiento de los derechos de las mujeres.

La incertidumbre de las voluntades políticas presentes y pasadas

La entrevista había empezado mucho antes. “Contame sobre la situación actual del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable”, había sido el planteo inicial. La intención: conocer las decisiones (o indecisiones) de estos últimos meses respecto a un programa que nació en el marco de la Ley Nacional 25.673. Trece años pasaron desde que se aprobó esa ley. Trece años y la única provincia que no adhirió y no reglamentó todavía esa ley es Tucumán. 22 Estados provinciales de manera gradual, más tarde o más temprano, expresaron al menos en lo formal, el compromiso de garantizar los derechos de las mujeres en lo que respecta a salud sexual y reproductiva. 22 Estados provinciales. Tucumán, no. “Esto no significa que el programa no es válido en la provincia”, aclara Soledad a la vez que advierte: “lo que significa es que si bien este derecho debe estar disponible funciona con una dosis de voluntad política”.

 “El derecho de las mujeres a decidir si tener hijos o no tenerlos es institucionalizado a partir de la creación de este programa y el Estado argentino se convierte en garante de este derecho”, dice Soledad y cuenta cómo una serie de despidos en el mes de febrero ponen en riesgo la continuidad de lo que se viene trabajando. El temor y la incertidumbre están presentes aun cuando quien fue puesta al frente del programa desde el Estado nacional sea la doctora Silvia Oizerovich, incuestionable por su trabajo y compromiso. “Es que tampoco podemos confiar, como movimiento de mujeres, que una sola persona va a ser capaz de llevar adelante todo lo que haga falta. Lo que esperamos es que la política nacional de salud reproductiva sea una política de Estado y no una cuestión de militancia”, agrega.

El programa en cuestión, explica Soledad, trabaja sobre tres ejes. El primero es la capacitación de efectores de salud, que son quienes en representación del Estado van a facilitar el acceso a la salud sexual y reproductiva. Un segundo eje es la provisión de insumos para su distribución gratuita. Y el tercer eje es la difusión masiva de los derechos sexuales y reproductivos, “porque sabemos que uno de los obstáculos para el ejercicio de este derecho sexual y reproductivo es porque no se lo conoce”, remarca. Para que el programa no decaiga son necesarios el personal especializado y los recursos económicos que garanticen insumos y campañas. Ahora, a todos estos años de trabajo dependiendo y apelando a las voluntades políticas tucumanas se suma un panorama nacional más incierto, con promesas inclumplidas a menos de tres meses de gobierno*.

La distancia entre querer y poder elegir

El derecho de las mujeres a decidir si tener hijos o no tenerlos, como había planteado al inicio Soledad, es negado a cientos o a miles de mujeres. Una cifra que no se puede precisar y mucho menos dimensionar. Uno de los principales hilos que se entrelazan en la compleja trama que sostiene estos –y otros tantos– derechos negados a las mujeres, es la pobreza. Y aquí, aquella frase que retumbó fría en el estudio de esta abogada feminista, comienza a tomar cuerpo. “Una mujer no puede diseñar con autodeterminación un plan biográfico si no cuenta con información sobre salud sexual, con educación y con provisión de insumos”, asegura, y la pobreza vulnera todos esos requisitos básicos para el ‘diseño con autodeterminación’ de la propia vida. “Las decisiones que tome en su vida no van a ser autónomas ni autogobernadas van a ser producto de las carencias y las imposiciones”, lamenta.

Soledad es de esas mujeres que deciden no quedarse en el lamento sino que salen a pelearla por aquellas a las que, a diferencia de ella, las oportunidades de elección y decisión se reducen. Desde su rol de abogada, se niega a ver las leyes como letras adormecidas en un papel. Como militante de la agrupación Católicas por el Derecho a Decidir, asegura que ninguna creencia, religión o cosmovisión puede ser invocada para imponer un plan de vida a otra persona. La posibilidad de trazar un plan biográfico no puede depender solamente de la anticoncepción sino también de la determinación ante un embarazo no deseado. “Un Estado que llega tarde para fortalecer la autonomía de las mujeres y que luego le va a retacear las ayudas sociales, que las va a dejar sin trabajo, que las va a poner presas si se realizan un aborto, no se presenta como muy justo en cuestión de género”, sentencia.

El Estado llega tarde. Sobre todo el Estado tucumano que, al decir de Soledad, tiene un importante maridaje con el conservadurismo de la Iglesia Católica. “Esa afiliación entre Estado e Iglesia impiden la implementación de la Educación Sexual Integral, por ejemplo”, señala, “y muchos chicos y chicas inician su vida sexual estando escolarizados pero no cuentan ni con la información ni con los insumos para poder iniciar sin riesgos y de forma responsable su vida sexual”. A esta resistencia se suman los llamados ‘objetores de conciencia’. En Argentina interrumpir un embarazo que es producto de una violación o que pone en riesgo la salud de la mujer es legal desde 1921. “Sin embargo en la provincia es prácticamente imposible acceder a este servicio sin el acompañamiento de un abogado o del movimiento de mujeres”, sostiene refiriéndose a un derecho que, en teoría, está garantizado por ley. “Entonces, ¿qué pasa con las mujeres que no conocen, que no saben, que no están acompañadas?”, se pregunta Soledad y la respuesta aparece como obvia.

Una historia, muchas historias

Soledad Deza, la abogada feminista, acompañó a muchas mujeres cuyos derechos les eran negados. Cuando recuerda esas historias lo hace con la distancia profesional que la caracteriza. Pero el compromiso con una causa, la convicción de una lucha y la sensibilidad ante las injusticias hacen que algunos nombres propios se vuelvan la cara visible de un sinnúmero de exclusiones que van dejando cicatrices cada vez más marcadas.

Un hombre que deja embarazada a su propia hija. Una consigna policial en la puerta tras la denuncia. Un embarazo de 14 semanas. La negación de un aborto farmacológico. “Esa niña que estaba completamente olvidada por el Estado y un Estado que recién ahora aparecía para decirle ‘vos tenés que ser madre’ y yo pensaba que quienes tienen que promover bienestar a una persona, con qué intensidad maltratan”, suelta casi sin respirar mientras recuerda este caso. Objeción de conciencia, filtrar la información a los medios, atraer a los sectores más conservadores. “¡Hasta una misa en las escalinatas de la Maternidad le hicieron!”, dice como no pudiendo creer lo que ella misma vio y vivió. “Le hicieron un cesárea que significa dejarle una marca más en el cuerpo”, y la angustia se confunde con la indignación.

Soledad Deza es católica. “No hay una sola interpretación del discurso religioso”, afirma. “En realidad, la libertad de conciencia le alcanza a todas las personas y nadie tiene el poder para juzgar la decisión de una mujer ni de ejercer su censura moral o trasladar su propio juicio y cosmovisión”, sostiene con vehemencia y asegura que existen prácticas mucho más violentas como legrar sin anestesia para castigar moral y físicamente.

Las mujeres que luchan por otras mujeres eligen hacerlo porque se niegan a rendirse ante las injusticias. Soledad Deza es de las que no se resignan ante una realidad tan descarnada. “Es tan grande esa asimetría que hace que un sector de la población tenga salud y otro sector tenga que mendigar una limosna sanitaria”, resume mientras va cerrando esta entrevista. “Yo voy a acceder a la salud sexual y reproductiva donde quiera, porque tengo recursos simbólicos, o sea conozco mis derechos y tengo recursos económicos. Soy blanca, clase media, propietaria, instruida, lo cual me diferencia de otra gente”, fueron, de las palabras dichas por Soledad a lo largo de la entrevista, las elegidas para empezar esta nota. Y al final la violencia no está en lo que dice, sino en todo lo que implica. Cada palabra es dolorosa. Cada enumeración representa un mundo de asimetrías que pega como un golpe y queda retumbando en el eco metálico de esa oficina. Como hachazos que dejan marcas imborrables en el cuerpo, en la vida, en las subjetividades de mujeres que por no ser blancas, clase media, propietarias, instruidas tiene que “mendigar una limosna sanitaria”.

* En febrero de este año se despidió  a una tercera parte de los trabajadores del programa a pesar que el ministro de Salud de la Nación Jorge Lemus asegurara en diciembre que no habría ni recortes presupuestarios ni despidos.