Prisión perpetua y una exigencia que se renueva

Fotografía cortesía de Silvina Schliserman.

Aída Correa tenía 36 años cuando la asesinaron. Su cuerpo fue el objeto sobre el que recayeron las más terribles vejaciones y, al final, la muerte. Aída tenía 36 años cuando un grupo de hombres decidió que su vida no valía nada y debía terminar. El 5 de febrero de 2012 fue a bailar a un local llamado “Paso de las lanzas” en El Cadillal, donde vivía. Según lo que se supo durante el desarrollo del juicio oral, allí  se encontró con Horacio Ángel Marelli, su pareja en ese momento. Ese mismo día habían discutido, según contaron testigos en la causa. Al día siguiente Aída apareció muerta. El Tribunal conformado por los doctores Emilio Páez de la Torre, Juana Juárez y María Alejandra Balcázar dio por probado el delito de violación seguida de muerte de Aída Correa por lo que condenó a prisión perpetua a Horacio Ángel Marelli y Aldo Rubén Rodríguez.

“El caso de Aída Correa es un caso simbólico para Tucumán porque su femicidio fue ocultado durante mucho tiempo. (La policía) tenía miedo que los vecinos de El Cadillal, que estaban de vacaciones, se pusieran nerviosos por el crimen”, contó Vicky Disatnik, de la Casa de las Mujeres de Norma Nassif, mientras esperaba la sentencia del caso junto a familiares de Aída. Por su parte, Ana Ferreyra, otra de las integrantes de la Casa, contó que la policía de El Cadillal cajonea las denuncias de mujeres que son víctimas de violencia. Esto forma parte del sistema político y policial que invisibiliza una problemática por la cual muere una mujer cada 30 horas en Argentina, según un informe de la ONG Casa del Encuentro.

La sentencia se vivió como una victoria, pero el sabor amargo queda ante la falta de respuestas del Estado frente a las violencias que miles de mujeres viven todos los días. “Hemos hecho una marcha multitudinaria el 3 de junio y ni una respuesta política el día 4, como esperábamos. A eso sumale las declaraciones de la senadora que tiene Tucumán que ha dicho en el Senado de la Nación que la violencia es de a dos. Es una cosa nefasta para el movimiento de mujeres, para las mujeres que sufren”, reflexionó Disatnik, sobre la falta de respuestas y acciones preventivas y sobre los dichos de la senadora Beatriz Rojkés de Alperovich, días atrás.

Para Vicky, con el juicio de Aída Correa se vuelve a poner énfasis en la necesidad de declarar la emergencia en violencia sexual y doméstica. Una declaración que el movimiento de mujeres, en general, viene exigiendo hace años al Estado provincial y que tiene por objetivo estructurar medidas preventivas destinadas al conjunto de mujeres víctimas de violencia. “Esto empezaría a resolverse si se toman medidas políticas que aborden la problemática de la violencia y que den una respuesta inmediata a, por ejemplo, el tema de los refugios”, recalca Disatnik. Tucumán no cuenta con un solo refugio, a pesar de que en 2013 se aprobó una ley a partir de la cual se autorizaba la creación de tres de ellos en diferentes puntos. Si bien la violencia contra las mujeres no distingue clases sociales son las mujeres más humildes las que sufren el abandono del Estado en su máxima expresión. Esto se debe a que, muchas veces, no tienen los medios ni un lugar donde ir para escapar de la violencia. Por ello, dice Vicky, es imperante la habilitación de lugares destinados al cobijo y atención de las mujeres.  

Sentencias como las del caso de Aída dan fuerzas a las personas que luchan por la vida y por los derechos de las mujeres. Instancias que duelen por lo que significan y que movilizan en cada una de las mujeres que no se cansan de exigir respuestas. Antes que sentencias ejemplares son necesarias medidas que prevengan más muertes y es el Estado quien debe dar esas respuestas.