Foto: Marcha 20 años sin paulina (febrero 2026) - Celeste Antonio | La PAlta

“Vamos a seguir la lucha, porque la lucha sirve para que se haga justicia”, dice Alberto Lebbos, padre de Paulina Lebbos, subido a un escenario en la plaza Independencia el 26 de febrero de 2026. Ese mismo día, pero 20 años antes, en Tucumán se denunciaba la desaparición de su hija. Dos semanas después, su cuerpo fue hallado sin vida a la vera de la ruta 341, en la localidad de Tapia.

Paulina tenía 23 años, era mamá y estudiante de Comunicación en la facultad de Filosofía y Letras. En la madrugada del 26 de febrero de 2006, salió a festejar que había aprobado una materia, en un boliche de la zona del Abasto, junto a su amiga Virginia Mercado. Mercado fue la última persona que la vio con vida. Según su relato, ambas tomaron un remis a la salida de la fiesta y ella se bajó antes, ya que Paulina le había manifestado que iría a la casa de su pareja, César Soto.

El cuerpo de Paulina fue hallado con signos de violencia y la autopsia determinó que la causa de muerte fue por estrangulamiento. Soto, quien tenía antecedentes por violencia de género, negó haberla visto ese día. Hoy es el principal acusado por el femicidio.

Impunidad y encubrimiento

A lo largo de dos décadas, el caso estuvo marcado por la impunidad, los encubrimientos y las demoras judiciales. Los nombres de los hijos del poder resonaron como cómplices del crimen: Gabriel y Daniel Alperovich, hijos del exgobernador José Alperovich -hoy condenado por abuso sexual- y Sergio Kaleñuk, hijo de Alberto Kaleñuk, exsecretario privado de Alperovich. Los hijos de Alperovich fueron desvinculados de la causa por falta de pruebas.

Tras una incansable lucha para que se conozca la verdad, Alberto Lebbos logró que el caso llegue a juicio. En diciembre de 2013, los ex policías Enrique Antonio García, Manuel Exequiel Yapura y Roberto Oscar Lencina fueron condenados por encubrimiento y falsificación de documentos. Los tres estaban a cargo de la investigación. Durante ese proceso, se obtuvo información que involucraba a otros funcionarios. En 2018, el banquillo de acusados estuvo ocupado por Eduardo Di Lella (ex secretario de Seguridad), Hugo Sánchez (ex jefe de la Policía), Nicolás Barrera (ex subjefe de la Policía), Héctor Brito (ex jefe de la Regional Norte de la Policía) y el ex agente Hugo Waldino Rodríguez. Todos cumplían funciones durante el gobierno de Alperovich. Todos fueron encontrados culpables de alterar las pruebas en la investigación.

En 2021 se condenó por primera vez a un funcionario del Poder Judicial de Tucumán por incumplimiento de sus deberes y encubrimiento. Se trató del ex fiscal Carlos Albaca, quien tuvo a su cargo la investigación del femicidio de Paulina. Entre las irregularidades cometidas durante su gestión se encuentran demoras en ordenar pericias de ADN, claves para identificar al asesino, y la omisión de investigar la hipótesis que sostenía que Paulina murió en una fiesta vinculada a los hijos del poder.

En febrero de 2026 se realizó un juicio abreviado contra Virginia Mercado por encubrimiento. La mujer reconoció haber omitido información relevante, contribuyendo a desviar la investigación del crimen. La Cámara Penal Conclusional de Tucumán rechazó el juicio al considerar que no hubo un reconocimiento circunstanciado del hecho. “Nosotros sabíamos perfectamente que había mentido en el juicio del año 2018-2019. Yo esperaba que diga la verdad. Reconoce el delito, pero no dijo absolutamente nada más”, dijo Alberto luego de la audiencia. Ahora se debe elegir un nuevo juez que continúe el proceso y decidir si la causa va a juicio oral o se realiza un nuevo juicio abreviado.

Hoy comienza el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk, imputados por ser presuntos responsables del homicidio. El proceso debería haber comenzado el pasado 2 de marzo, pero por pedido del fiscal Carlos Sale, su inicio se postergó. Este debate será el primero que juzgue la autoría del femicidio y contará con más de 80 testigos. Según la hipótesis fiscal, Soto asesinó a Paulina y le pidió ayuda a Sergio Kaleñuk, quien mandó órdenes a la cúpula policial para entorpecer el caso y ocultar pruebas.

Desde el primer día, Alberto Lebbos señaló al Estado provincial y a Alperovich como principales responsables de haber protegido a los involucrados en el crimen de Paulina. A pesar de las amenazas por parte de los encubridores, Lebbos recorrió las calles y los pasillos de los tribunales pidiendo justicia por su hija. Con el tiempo, el reclamo se transformó en una causa colectiva.

El nombre de Paulina Lebbos se convirtió en un símbolo de lucha. 20 años después, en las calles, en las plazas, en las marchas, el pedido de justicia y la lucha contra la impunidad continúan.