De Chiara a Agostina la deuda sigue siendo la misma
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Foto: Marcha 25 N (2025) - Marianela Jerez | La Palta
Chiara Páez tenía 14 años cuando fue asesinada por su novio en mayo de 2015 en la localidad santafesina de Rufino. Su femicidio provocó rápidamente que el caso individual se transformara en una expresión colectiva de hartazgo frente a la violencia machista.
Por los altos indicadores de violencia hacia las mujeres, denuncias y reclamos ignorados, el asesinato de Chiara terminó siendo el punto de quiebre. Semanas después, el 3 de junio, cientos de miles de personas ocuparon las calles de todo el país bajo la consigna “Ni Una Menos”. Años después, esta movilización se extendió a otros países de América Latina como Uruguay, Chile, Brasil, México y Perú, para luego llegar a España.
Once años después, otro 3 de junio se aproxima y nuevamente aparecen los nombres de adolescentes asesinadas. Agostina Vega vivía en Córdoba, tenía la misma edad que Chiara, desapareció y fue encontrada sin vida una semana después. Dulce María Beatriz Candia tenía 17 años, desapareció el 17 de mayo en Misiones, su cuerpo fue hallado días después en una construcción abandonada y la investigación da cuenta de una posible muerte por estrangulamiento.
Las investigaciones judiciales avanzan para reconstruir los hechos y establecer responsabilidades. Pero incluso antes de que concluyan los procesos judiciales, ambos casos ya producen una interpelación a los permanentes discursos que desacreditan este tipo de denuncias y reclamos.
La pregunta entonces ya no es ¿qué ocurrió con Agostina y con Dulce? Sino qué está ocurriendo con una sociedad que sigue llegando a cada aniversario de Ni Una Menos con nuevos nombres para sumar a una lista que nunca deja de crecer.
La urgencia de la emergencia de género se traduce en una matemática desgarradora, según relevamiento del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro desde el 3 de junio de 2015 a la fecha, se registraron 3.424 víctimas fatales por violencia machista en el país. Esta cifra equivale a una regularidad a la muerte de una mujer cada 30 horas
La magnitud del problema
En 2025, 219 mujeres murieron víctimas de violencia de género en Argentina: 200 fueron víctimas directas de femicidio y 19 fueron víctimas de femicidio vinculado; es decir, personas, muchas veces niños y niñas, asesinadas en un contexto de femicidio. Si se consideran sólo las víctimas directas, esto equivale a 1 femicidio cada 44 horas, de acuerdo con el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Las estadísticas permiten observar la persistencia de una violencia estructural que continúa reproduciéndose incluso después de una década de movilización social y conquistas logradas por el movimiento feminista. La violencia de género dejó de ocupar un lugar marginal dentro de la agenda pública. Conceptos como femicidio, violencia simbólica o violencia institucional, comenzaron a formar parte de discusiones cotidianas y se ampliaron herramientas jurídicas.
Sin embargo parece ser que, a más de una década de movilización, hay que volver a exponer y desarmar los discursos violentos contra mujeres y disidencias y hay que insistir con la importancia de las políticas públicas pensadas para estos casos.
Las adolescentes continúan ocupando un lugar de especial vulnerabilidad, por la desigualdad económica, los vínculos atravesados por relaciones de poder, la falta de acceso a recursos de protección y las dificultades para detectar situaciones de riesgo siguen configurando escenarios donde muchas jóvenes quedan expuestas.
Una realidad que obliga a preguntarse qué herramientas tiene una familia cuando una adolescente desaparece: ¿Qué respuestas ofrece el Estado? ¿Qué recursos existen para prevenir estas violencias antes de que ocurran? Y ¿qué lugar ocupa hoy la discusión sobre género en un contexto donde muchas de las políticas construidas durante los últimos años atraviesan procesos de debilitamiento, cuestionamiento o desfinanciamiento?