Marcha 25 N (2025)
Foto: MArianela Jerez | La Palta

Son 173 los casos de femicidios registrados en Argentina en lo que va de 2026. Así lo detalla el informe del Observatorio Ahora Que SÍ Nos Ven. En Tucumán, el último fin de semana de agosto sumó otro nombre más a la lista: Yolanda Beatriz Amaya. El cuerpo de la mujer de 53 años fue encontrado junto al de su pareja, René “Buby” Sierra, en una zona descampada de la localidad de 7 de Abril, en Burruyacú.

La investigación se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II y es conducida por el fiscal Carlos Sale. Según la investigación de la fiscalía, el domingo 30 de agosto Yolanda y René compartieron un almuerzo en una finca donde vivían sus hijos. Luego de que el resto de la familia se dirigiera a un festejo por el Día de las Infancias, la pareja quedó sola en el lugar. Fue entonces que Sierra le pidió a Yolanda que lo acompañara a una zona alejada. Cuando sus familiares regresaron, se preocuparon al no encontrarlos en la finca, ya que señalaron que rara vez salían juntos. A unos 200 metros del lugar, una de sus hijas encontró los dos cuerpos sin vida. La hipótesis fiscal sostiene que cuando el hombre llevó a Yolanda a un sector descampado, la asesinó con disparos de escopeta y luego se quitó la vida con la misma arma. Los primeros informes periciales determinaron que ambos tenían heridas producidas por disparos con arma de fuego.

Yolanda tenía ocho hijos y, junto a su familia, se dedicaba a la cría y venta de animales. Sus familiares denunciaron que la mujer era víctima de violencia de género y que Sierra se tornaba agresivo cuando consumía alcohol los fines de semana. “Este hecho constituye una tragedia que deja ocho hijos e hijas huérfanos, una familia atravesada por un dolor irreparable y a toda una comunidad profundamente conmocionada y dañada”, dice el comunicado del colectivo Ni Una Menos (NUM) Tucumán.

“Quienes ocupan cargos públicos tienen una responsabilidad que trasciende sus vínculos personales: tienen el deber institucional, ético y legal de prevenir, sancionar y contribuir a erradicar toda forma de violencia por motivos de género”, afirma el comunicado sobre las publicaciones que hizo después del hecho Gerónimo Jaime, el comisionado comunal de 7 de Abril. En sus posteos, Jaime despidió a Yolanda y René, y se refirió a este último como “un gran tipo”.

Cifras que duelen

“La violencia de género se recrudece a medida que se agrava la crisis social. Desde el gobierno de Javier Milei se generan discursos negacionistas e incluso de odio contra los derechos de las mujeres y disidencias y se desfinancian programas de asistencia a víctimas. A nivel provincial, (Osvaldo) Jaldo también sigue este libreto”, afirma Alejandra del Castillo, referente de Ni Una Menos en Tucumán. En Tucumán se produjeron seis femicidios en lo que va del año. En enero, el cuerpo de Érika Antonella Álvarez fue hallado en un descampado en Manantial Sur. Por el hecho, hoy se encuentra imputado Felipe “El Militar” Sanchez. Ese mismo mes, Luisa Mendoza fue asesinada por su ex pareja Orlando Albornoz, quien luego se suicidó. En Villa 9 de Julio, Noemí Ledesma fue brutalmente golpeada en su casa. Horas después, falleció en un hospital. En abril Karina González también fue asesinada a disparos por su pareja David Nadal. En junio, el cuerpo de Cinthia Lazarte fue encontrado calcinado y estrangulado dentro de un auto. En agosto, el nombre de Yolanda Amaya se sumó a esta larga lista de víctimas de femicidios en la provincia.

Del Castillo denuncia que en Tucumán las comisarías no toman las denuncias por violencia de género o demoran su ingreso en los tribunales. “La justicia, por su parte, no garantiza las medidas de protección ni acompañamiento a víctimas y garantiza impunidad cuando los agresores o abusadores están vinculados al poder”, sostiene la referente. La situación se recrudece ante la falta de recursos económicos y equipos interdisciplinarios para la prevención de la violencia de género y el acompañamiento a las víctimas. Tampoco se implementa de forma efectiva la Educación Sexual Integral. “No se trata sólo de una cuestión presupuestaria, sino de una orientación política que tiene la finalidad de disciplinar a las mujeres y, a través de nosotras, a toda la clase trabajadora”, afirma Alejandra.

Desde NUM exigen que las autoridades que representan al pueblo y quienes ejercen funciones públicas asuman su responsabilidad y reciban una capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres, tal como lo establece la Ley Micaela. “La principal responsabilidad en los casos de femicidio es del Estado, es el primer y principal femicida”, concluye Alejandra del Castillo.