Derechos: más que una palabra

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En el año 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó que el 3 de diciembre fuera el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La búsqueda de la igualdad de oportunidades y las acciones tendientes a mejorar su calidad de vida fueron las razones de esta proclama.

La inclusión de las personas con discapacidad es un batallar diario para organizaciones sociales y familiares de personas que tienen alguna discapacidad. Un peregrinar por obras sociales, establecimientos educativos y organismos públicos que pretenden vulnerar derechos establecidos en normativas legales.

Según destaca el doctor Juan Manuel Posse, a nivel provincial se han ido dictando distintas normativas que contribuyeron a dar respuestas a las necesidades de estas personas. La legislación, según sus dichos, es de avanzada. Pero la falta de difusión de estas normativas y, por lo tanto, su desconocimiento por parte de la comunidad hace que muchas personas no puedan gozar plenamente de sus derechos. “Tratamos de llegar al común de la gente difundiendo estas normativas en los aspectos más esenciales para que a partir de ahí las personas puedan efectuar distintas presentaciones ante los organismos o autoridades públicas encargadas de velar por los derechos de las personas con discapacidad”.

El primer obstáculo en el acceso a los derechos es el desconocimiento de las leyes y los programas, tanto nacionales como provinciales. Los sectores más vulnerados son los que tienen menos acceso a la información. En el interior de la provincia las personas no cuentan con centros de referencia de estimulación temprana y los padres, muchas veces, no pueden costear el traslado a la capital, por lo que la salud y la educación de las personas que tienen alguna discapacidad quedan relegadas.

Esta situación puede resolverse si las familias conocieran los derechos que les asisten. Así, por ejemplo, la ley 24.091 prevé un sistema de atención integral a las personas con discapacidad. Esto incluye centros de rehabilitación, tratamientos, medicamentos, transporte, entre otros. Las personas de escasos recursos pueden acceder a estas prestaciones gestionando una pensión por discapacidad, a partir de la cual se le da de alta en el programa Incluir Salud. Este programa brinda asistencia a las personas que tienen discapacidad y no tienen obra social.

Esta falta de difusión, dice Posse, puede resolverse generando redes entre trabajadores sociales, enfermeros, comunicadores y otros profesionales que trabajen en la problemática, de manera que se pueda llegar a más gente y que todos estos derechos se conozcan. “Los medios de comunicación son el pilar para acercarnos este conocimiento. Tuvimos la experiencia de la asignación por hijo con discapacidad que estuvo muy bien difundido, pero no pasa lo mismo con otros programas”, remarca.

A pesar de que este marco legal existe, los derechos de las personas con discapacidad se siguen vulnerando. Organismos públicos y obras sociales, a través de su burocracia, demoran la entrega de medicamentos que son de extrema necesidad, ponen trabas a la hora de acceder a determinados tratamientos o estudios, o piden que los familiares de personas con discapacidad completen numerosos papeles que, quizá, no se condicen con la urgencia del caso.

Los derechos son más que palabras. Las leyes existen y la lucha para que se la respete es una pelea que día a día la dan las personas con discapacidad.

Marianella Triunfetti

mtriunfetti@colectivolapalta.com.ar