Agrotóxicos y una justicia que se paraliza
/Campo de soja | Germán Ramos
Tucumán es percibida por muchos como una provincia casi feudal. Si se acude a un libro de Historia se puede encontrar la descripción de lo que implicaba un feudo. Una sociedad cuya organización económica y política estaba basada en la propiedad de la tierra en pocas manos (señores feudales). Esta situación, con algunos puntos de encuentro, puede verse en la provincia. Es decir, pocos dueños de las tierras y productores, más o menos pequeños, que arriendan y la trabajan con la misma lógica con la que la trabajaría el dueño de la tierra, una lógica netamente capitalista que les permite una mayor rentabilidad. Una lógica que, en general, no tiene una visión de cuidado de la tierra sino, muy al contrario, se basa en monocultivos que terminan por producir un desgaste de la superficie e imposibilita su recuperación en el corto plazo. A esto se suma la aplicación de productos químicos cada vez más fuertes que no solo matan malezas, insectos y otras pestes, sino que terminan por afectar a comunidades enteras.
Por otro lado, los poderes económicos locales funcionan con cierta independencia del poder político y judicial. Otra de las características de las sociedades feudales. Otra de las características del Tucumán de hoy. Así, abundan fallos judiciales a favor de quienes tienen los recursos económicos y las causas contra este sector terminan archivándose. En lo que respecta a la aplicación de agrotóxicos la mayoría de las causas que se han abierto no han prosperado. En ninguno de los casos se ha llamado a prestar declaración indagatoria a los propietarios o a los aplicadores, según contó el fiscal federal Gustavo Gómez.
La ley nacional 24.051 de residuos peligrosos establece que “serán considerados, a los efectos de esta ley, todo residuo que pueda causar daño, directa o indirectamente, a los seres vivos, o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”. La aplicación de esta ley, y su interpretación, tiene varias aristas que implican trabas a la hora de ir judicialmente contra empresas “legales” proveedoras de los químicos, contra los productores y aplicadores.
Para entender la complejidad del proceso parece necesario saber cómo funciona el mercado agropecuario. La utilización de agrotóxicos conlleva el manejo de semillas transgénicas, esto es, semillas manipuladas genéticamente que la hacen más resistentes a los químicos y le brindan ciertas características cuyo objetivo, siempre, es la mejora en la rentabilidad. Entonces, la persona que adquiere la semilla transgénica tiene la intención de que se le provea con el agrotóxico “legal”, así hay empresas que proveen el combo: semillas y químicos aptos para el manejo de esa semilla. Corporaciones que concentran toda la línea de acción dentro del mercado. Aquí radica la primera cuestión. Grandes y poderosas empresas proveedoras del mercado agropecuario que funcionan con el guiño de las instituciones de administración del Estado, y cuya “legalidad” no va de la mano con el daño socio ambiental que producen.
En el escenario ya se observan varios de los actores. Los dueños de las tierras o quienes las arriendan, las grandes corporaciones que tienen el monopolio del mercado, instituciones que limpian el camino para dar lugar a cuanto elemento pueda proporcionar mayores ingresos económicos. Ahora bien, para realizar aplicaciones químicas en terrenos cultivados, es necesario que un ingeniero agrónomo firme una receta indicando las cantidades a aplicar. Ese profesional de la agronomía, en general, ha sido formado en instituciones que avalan todo el sistema que se viene describiendo. Sin entrar en generalizaciones, pareciera no existir un solo resquicio desde donde se pueda resistir a la lógica institucionalizada.
¿Quién controla que propietarios, aplicadores y empresas proveedoras cumplan con lo que las leyes establecen? En este punto, el fiscal Gustavo Gómez explicó que cada provincia tiene su propia legislación en materia de registro, pero básicamente en todas es más o menos lo mismo. Para explicar en qué consiste realizó una enumeración que da cuenta del proceso de comercialización de agrotóxicos y posterior seguimiento:
- Cualquier venta, de cualquier agrotóxico, debe hacerse bajo receta archivada.
- La persona que va a aplicar lo debe hacer según las indicaciones de un ingeniero agrónomo, y eso se debe archivar en el registro que guarda la Secretaría de Agricultura.
- Si la aplicación la va a realizar un aeroaplicador, tiene que hacer un informe al aeropuerto más cercano haciéndole saber cuál es su plan de vuelo y qué es lo que va a hacer. Esto también se registra en la Secretaría de Agricultura de cada provincia.
“Existe un marcado incumplimiento de estos requisitos por parte de las Secretarías de Agricultura”, contó Gómez. Y este es el punto donde las investigaciones de oficio pueden prosperar. No por contaminación del medio ambiente sino, sobre todo, por evasión de impuestos. En este sentido Gómez contó que “existe una notoria diferencia entre los agricultores que siembran y cosechan de manera ‘legal’, de modo legítimo, comprando la semilla transgénica a las empresas oficiales y aplicando productos químicos que provienen de esas empresas, con los agricultores que utilizan semillas transgénicas pero han sido rescatadas de otros cultivos y que, por lo tanto, también aplican agrotóxicos que se venden en un mercado negro. Esto provoca, a su vez, un tercer mercado negro que es la venta de soja y otros cereales sin factura”. En este sentido, explicó el fiscal, la falsificación de agrotóxicos es aún más grave porque no tiene ningún tipo de control sanitario.
El panorama es bastante desalentador. “Hay una gran complicidad de parte del poder judicial”, asegura Gómez que vive la situación desde dentro del sistema, y advierte que desde la propia Justicia Federal no se quiere avanzar en estas causas, ya que no hay ni fiscales ni jueces que estén decididos a realizar las investigaciones. De esa manera se garantizaría impunidad ya sea para el agricultor, el aplicador o la empresa proveedora de agrotóxicos.
A la pregunta de si existe una salida, Gómez dijo que “hay que aprender de la burocratización de la justicia penal. Que lluevan causas penales por este tipo de causas de contaminación, hechas por cualquier persona, sean víctimas o no”. La consecuencia de esto es que el Poder Judicial se preocupe y se ocupe. Una vez más, la única salida recae en manos, no del Estado, que es quien debería ocuparse, sino de la sociedad en su conjunto.