Son el sostén de grupos vulnerados y no cobran desde hace meses
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Fotografía: Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán.
No cobran desde hace meses, no pueden pagar el alquiler ni la escolaridad de sus hijos e hijas, piden plata prestada para comer y endeudarse. Esa es la realidad de muchos trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Desarrollo Social que dan talleres, prácticas deportivas, y contienen a grupos de riesgo social compuestos por niños, niñas, jóvenes y adultos. El trabajo que realizan es clave para acompañar a estos sectores y para romper los ciclos de vulneración y/o violencia en los que se encuentran.
Según denuncian desde diferentes dependencias del ministerio, el Estado adeuda sus sueldos desde hace meses y son pocos quienes están recibiendo respuestas sobre sus situaciones particulares. Además, señalan que la precarización laboral es una condición con la que luchan año a año. Estas áreas son el Programa Desarrollo Social en Movimiento, el Observatorio de la Mujer y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DiNAyF). Por temor a represalias, algunas de las fuentes han pedido resguardar sus identidades.
El Programa Desarrollo Social en Movimiento, conformado por más de 20 personas, brinda talleres y capacitaciones en más de 10 barrios de la capital y de Tafí Viejo, donde asisten a jóvenes y adultos en situaciones de extrema vulnerabilidad. Sus trabajadores y trabajadoras no perciben sus sueldos desde enero. “Vivimos con deudas porque la inflación se come nuestro sueldo, que nunca llega. Hace tres meses que nos deben. Atravesamos una cuarentena no solo sin plata sino también sin ninguna propuesta laboral real con un contrato firmado”.
El equipo técnico -que posee especialistas en Psicología, Educación, Deportes, entre otros- es contratado bajo la modalidad de “contrato de locación de servicios” por la fundación Solidaridad, Organización y Libertad (SOL) para cumplir funciones dentro de la administración pública. Esto significa que el Estado se asocia a una fundación y la provee económicamente, siendo entonces el responsable por el atraso en los salarios. Esta modalidad de contrato, según sus empleados y empleadas, es precaria ya que no cuentan con obra social, estabilidad laboral, aguinaldos ni acceso a licencias especiales. “Desde el Ministerio de Desarrollo Social sólo hubo palabras, no acciones concretas. Siempre nuestro sueldo está al final del cajón de los cajones infinitos de la tesorería de la provincia, situación que vivimos desde hace años”.
Por otro lado, el Observatorio de la Mujer acompaña, asesora y contiene a mujeres en situación de violencia de género. De los especialistas que allí trabajan, 7 reciben un “contrato por locación de obra”, que debe renovarse cada seis meses. Según Federico Molina Prette, psicólogo del Observatorio, los salarios nunca llegan a tiempo y, cuando finalmente se concretan, están devaluados y con nula competencia con los precios y las deudas que forman parte de su realidad. “Eso también trae consecuencias a nivel psicológico y emocional, porque permanentemente vivimos en la duda de si dentro de seis meses, cuando haya que renovar contrato, se dará. En el contexto de la pandemia lo vivimos con mucha angustia. La mayoría, aparte de esta entrada de dinero, trabajamos de manera particular, y a ese ingreso no lo estamos percibiendo”.
En la última semana, según Molina, han tenido algunos atributos de los salarios adeudados desde noviembre de 2019, pero hay quienes aún no han recibido respuestas. La falta de estabilidad, de vacaciones, de seguridad social y de aportes los han llevado a exigir que, además de los pagos, se regularizan las condiciones de contratación de todos los trabajadores del Observatorio. Al tratar de profesionales que tratan con problemas de violencia, Molina sostiene que son fundamentales las condiciones de seguridad laboral.
Por último, la DiNAyF posee diversos especialistas que trabajan en cuidados orgánicos (conocidos como hogares), en la promoción y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y también con adolescentes en conflicto con la ley penal. Quienes perciben contratos de localización no reciben sus pagos desde julio de 2019. A la precarización de este tipo de contratos se le suma la falta de especialistas, recursos y materiales para desempeñar sus abordajes de las formas adecuadas, según un comunicado. "¡Pedimos la solución para lxs compañerxs que se encuentran sin contrato, pago de los honorarios adeudados y pase a planta!".
La desesperanza en estos sectores que sostienen a grupos importantes de la sociedad que han visto vulnerados sus derechos se convierte en violencia institucional, según Molina. “La violencia siempre tiene repercusiones negativas. Produce un desgaste emocional que va restando ganas al momento de abordar ciertas problemáticas. Sin embargo, hoy el compromiso sigue siendo el mismo. Tenemos la convicción de que nuestro trabajo es brindar sostén. Pero también para llevar este trabajo adelante necesitamos, como profesionales, que el Estado nos sostenga a nosotros”