La intervención del Puerto de Ushuaia y el control del sur

Con una resolución emitida el 20 de enero, el Puerto de Ushuaia fue intervenido por el gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). 

Entre los fundamentos expuestos por el gobierno, mencionan en primer lugar la denuncia efectuada por Juan Avellaneda, secretario general de la Unión Personal Superior Ferroviario de Tierra del Fuego, quien quedó a cargo de la operación del Puerto y dialoga con la gestión interventora de Iñaki Arreseygor.

La denuncia se origina en la sanción de la Ley de Sostenibilidad y Fortalecimiento de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), aprobada en julio de 2025. La norma autorizó a utilizar fondos portuarios para reestructurar la entidad que actualmente se encuentra en crisis financiera. Esta decisión “comprometería la operatividad, la autonomía financiera y el sustento institucional de la Dirección Provincial de Puertos”, según el documento oficial.

Otro de los argumentos citados refiere a una serie de irregularidades observadas en una auditoría de octubre de 2025, en la que se describen supuestas fallas de seguridad y mantenimiento.  

Por su parte, Gustavo Melella recurrió a la justicia para responder ante lo que considera “un atropello a la autonomía provincial y el federalismo”. Sin embargo, el dictamen efectuado por la Fiscal Federal ad hoc Candela Fernández Núñez sentenció que la presentación realizada por la gestión provincial fue “una pérdida de tiempo y de recursos”, ya que la competencia es de la Corte Suprema de la Nación y no del Juzgado Federal de Ushuaia donde se efectuó la demanda. Además, el gobernador no contó con la intervención de la Fiscalía de Estado, equipo técnico que debería ser encargado de ejercer la defensa del patrimonio provincial, por lo que la definición de la inconstitucionalidad de esta intervención por parte de la Justicia deberá esperar.

En el marco de las tensiones entre el Gobierno Nacional y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (AIAS), se dieron a conocer visitas irregulares de comitivas de congresistas de los Estados Unidos al sur del país, a los pocos días de la intervención del Puerto. Los encuentros privados, sin comunicaciones formales previas, ni agendas claras, no pasaron desapercibidos. 

“Los dos hechos hay que leerlos en el marco de la reconfiguración de poder mundial, donde EEUU, a partir de la pérdida de su hegemonía, busca garantizar su acceso a bienes estratégicos (minerales, petróleo, agua- recordemos las expresiones de la generala Richardson) y control de la rutas interoceánicas (canal de Panamá, pasaje Drake, ruta de Ártico), poniendo su mira sobre América Latina y el Caribe”, dice Fernando Rodríguez, miembro del Centro de Estudios Históricos Compañero Dardo Cabo. Señala que las presiones de Donald Trump sobre Venezuela, Canadá, Dinamarca y Panamá son ejecutadas con esa visión.

Rodríguez advierte también sobre cómo la alineación del gobierno de Milei con Estados Unidos no es un factor menor en estas circunstancias. Sobre ello concluye: “Alertamos que esta medida, busca poner el puerto y el proyecto del Polo Logístico Antártico en mano de intereses foráneos, que nos harían retroceder aún más sobre nuestra soberanía en el Atlántico Sur y Antártida, teniendo en cuenta que un tercio de nuestro territorio nacional está en manos del ocupante inglés de Malvinas”. 

Ante la dificultad que presenta la vía judicial, queda la respuesta inmediata del campo popular. Rodríguez pone en valor las movilizaciones que viene realizando el pueblo fueguino y espera a la convocatoria que se realizará en Buenos Aires el viernes 6 de febrero. Además, se encuentra representando a su espacio en la planificación de un Encuentro por la Soberanía a realizarse el próximo 21 de febrero por organizaciones políticas, sociales y sindicales. 

“La gran tarea es lograr que vinculemos la defensa de las distintas facetas de la Soberanía con las problemáticas cotidianas que como pueblo sufrimos día a día”, sostiene convencido, y agrega que el camino “requiere compromiso, formación y territorialidad de dirigentes y militantes del campo popular, anteponiendo los intereses de nuestra Nación, y generando organización y poder popular, que permita terminar con la política de entrega de este gobierno, y avanzar sobre los cimientos de la dependencia”. 

El puerto no es solo una infraestructura logística, es una pieza central en la vida económica y política de Tierra del Fuego AIAS. La intervención abre un período de administración excepcional del Gobierno Nacional cuyo rumbo, hasta el momento, sigue las directivas políticas de la gestión de Javier Milei, en las que la soberanía es tutelada por intereses extranjeros.