Emergencia en Discapacidad: un proyecto que protege derechos
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Foto: Alejandro Sarmiento | La Palta
El cierre de hogares para personas con discapacidad por atrasos en los pagos, la reducción de personal en centros de día y los bajos sueldos de transportistas son algunos de los motivos que impulsaron el proyecto de ley que declara la emergencia en materia de discapacidad en todo el país. La iniciativa, promovida por el diputado Daniel Arroyo del bloque Unión por la Patria, obtuvo dictamen el 30 de abril y avanza hacia su tratamiento en la Cámara de Diputados.
El proyecto plantea declarar la emergencia hasta diciembre de 2027. Uno de sus principales objetivos es frenar el recorte en 400.000 pensiones no contributivas, ya que esto afectaría a un tercio de quienes la perciben.
Entre los puntos centrales se destaca el restablecimiento de los valores prestacionales previos a diciembre de 2023. Los mismos deberán ser actualizados acorde a la inflación. Según el Foro Permanente de Discapacidad, los aranceles de los prestadores de servicios para las personas con discapacidad se encuentran congelados desde diciembre de 2024 y presentan un desfase del 73% en relación con la inflación. Esta situación generó que instituciones y prestadores reduzcan o dejen de brindar sus servicios.
Actualmente, trabajadores de talleres protegidos perciben $28.000 por mes, un monto que no se actualiza desde febrero de 2023. A su vez, los transportistas reciben $500 por litro de nafta. “Esto empeora y compromete la vida de personas con discapacidad, familiares y profesionales. En pocas palabras, esta es una política disca-odiante”, dice Sebastián Castellano, comunicador y activista. Desde el Foro se advierte que hay alrededor de 150.000 puestos de trabajo en riesgo, y que unas 250.000 personas con discapacidad podrían perder sus prestaciones.
Otro punto clave del proyecto es garantizar un financiamiento sostenible y adecuado de las pensiones no contributivas por discapacidad y asegurar los fondos para programas de salud, inclusión laboral y accesibilidad. También contempla la creación de un ingreso para las personas con discapacidad que no hayan podido jubilarse.
Rechazo desde el Gobierno
Desde la Agencia Nacional en Discapacidad (ANDIS) se emitió un comunicado en el que expresan su “enérgico rechazo” a este proyecto, al considerarlo una “iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión”. Además, niegan la existencia de una emergencia en el área.
“La ANDIS utilizó datos engañosos. No contempló que, desde el 2004, hubo un cambio de paradigma y se reconoció a la discriminación laboral como una barrera real, dejando atrás un biologicismo que establecía qué cuerpos podían trabajar y cuáles no porque eran inútiles biológicamente”, sostiene Castellano.
En su comunicado, la ANDIS afirma que “se está trabajando en el desarrollo de acciones concretas, basadas en evidencia y articuladas con todos los niveles del Estado”. Sin embargo, desde el Foro advierten que, en reuniones con organizaciones, se dejó entrever que no habrá recursos ni para nuevas pensiones ni para la actualización de aranceles.
Hoy, el área de discapacidad enfrenta una realidad insostenible. Una realidad que pone en riesgo los derechos de las personas con discapacidad y de trabajadores.
