De a poco comienzan a verse los resultados

Fotografía de Javier Sadir | Colectivo La Palta

Si se habla de pueblos originarios, Tucumán no está excepto de ser nombrado. En la provincia se encuentran 16 comunidades indígenas, ubicadas en distintos puntos y que comparten un objetivo en común: luchar por sus derechos, por el derecho sobre sus tierras.

Desde el 2006, los pueblos originarios buscan que se les reconozca sus derechos sobre los territorios que ocupan ancestralmente. Ese año, como consecuencia de los constantes conflictos de desalojo, se declaró la emergencia nacional en materia territorial, que tuvo como resultado la promulgación de la ley nacional 26.160. Esta preveía un censo de todas las comunidades originarias del país. Fue en el año 2009 cuando comenzó a ejecutarse en Tucumán y, a cinco años, finalmente se concretó.

“Tucumán es la primera provincia que tiene censada a todas sus comunidades”, celebró María Belén Leguizamón, de Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes). El 28 de agosto, 14 comunidades originarias recibieron sus carpetas técnicas con la información cartográfica del territorio que ocupan. “El reclamo de las comunidades no es todo el territorio que ocuparon hace 500 o 600 años, sino el que actualmente ocupan y sobre el cual tiene posesión ancestral, pública y pacífica. Aun así, dentro de este reclamo, la situación es distinta para cada pueblo”, agregó Leguizamón.

El paso siguiente a la entrega de las carpetas es avanzar sobre una ley de titularización, para que todas las comunidades sean, legalmente, dueñas de sus tierras. Actualmente se acuerda y plantean estrategias para sentarse con el Estado y ver de qué manera se puede hacer un proyecto de legislación. Sin embargo, la situación es compleja para cada uno de los pueblos. En un panorama óptimo, el Estado podría promover una ley de titularización de tierras fiscales, pero es aquí donde surge el problema. Según explicó Leguizamón, el 5% del total de territorio que ocupan las comunidades es fiscal. Entonces, el 95% restante está en conflicto con terceros. Para que las comunidades tengan finalmente un titulo de su territorio, diferentes factores deberán entrar en juego, como la disponibilidad política, la presión de las comunidades y un compromiso para proponer proyectos y soluciones. Como auguró Leguizamón, esto podría hacerse realidad ya que existen precedentes nacionales de titularización de tierras, por más que estén en intercesión con terceros.

A ocho años de comenzada la lucha de las comunidades originarias, Tucumán avanzó en materia de visualización de la problemática y diálogo con el Estado. Como destacó María Belén, los logros fueron fruto del trabajo de los pueblos indígenas y de las organizaciones,  sociales como Andhes. “Por ahí lo que hace falta es mayor acompañamiento de la organización civil en general. Aunque, también, mi temor es que empieza un año político y este tipo de procesos tiende, por ahí, a bloquear y poner más lento todo. Hay que continuar, no hay que pararse. Si existen esas cuestiones de que la Justicia es lenta, pero aun así hay que avanzar. Principalmente en capacitar al poder Judicial y a los agentes que tienen que ver, directamente, con la protección de los derechos humanos”, finalizó.

Que se haga justicia

El 12 de octubre se cumplió un nuevo aniversario de la muerte del comunero Javier Chocobar, quien murió cuando un terrateniente ingresó al territorio comunitario exigiendo que se vayan o le paguen por lo que serían sus tierras. A cinco años de su asesinato, la Justicia avanza a paso lento. En el último tiempo se destrabó la causa y se realizó la citación a juicio. Esto quiere decir que se citó a las partes para el debate oral, que podría tener fecha para mediados de 2015. A partir de ahora, explicó María Belén Leguizamón, comienza la etapa de formación de pruebas para el debate oral. La misma es la preparación de la prueba testimonial, principalmente. En este caso, toda la comunidad fue testigo de la muerte de Javier.

“Resulta extraño que cuando la víctima es la comunidad, la causa se dilata y pasan 5 años. Pero cuando son las imputadas, por delitos de usurpación, por ejemplo, las causas avanzan y se elevan a juicio a pesar de utilizar todos los recursos legales, y encima de forma rápida”, sostuvo Leguizamón. Resulta que en las últimas semanas se elevaron a juicio algunas de las causas presentadas contra dos comunidades tucumanas. Ante la situación, lo que se buscará es que las carpetas técnicas, entregadas en el marco del censo nacional, sirvan de prueba para estos procesos judiciales. Ahora se dialoga con el Ministerio Público Fiscal para que esa información cartográfica tenga un valor jurídico.

Los años llegan con el reconocimiento de los derechos de las comunidades. Derechos que fueron vulnerados por un Estado y una sociedad que hacía la vista gorda a los desalojos y hostigamientos por parte de los terratenientes. Hoy, las 16 comunidades indígenas de Tucumán comenzaron a construir la receta que los lleve a concretar su objetivo en común: luchar por el derecho sobre sus tierras.