Operativo Independencia: las pruebas valoradas

Fotografía de Elena Nicolay

La semana pasada, el Ministerio Público Fiscal, representado por Pablo Camuña, Agustín Chit y Julia Vitar, terminó de exponer alrededor de 260 de los 271 casos que tiene a su cargo. “Nos quedan aproximadamente unos 10 casos más”, afirmó Vitar y explicó que serán los que se tratarán este jueves 24. “Son casos con autorías materiales, que se destacan por su particularidad en la prueba y por eso les vamos a dar una exposición diferenciada”, explicó la fiscal ad hoc. De esta manera, la fiscalía terminó con la tercera semana de alegatos y, según tiene previsto, el día viernes 25 se daría por finalizada esta etapa con las consideraciones respecto a las imputaciones y los pedidos de pena para los 19 imputados. Una etapa que para el Ministerio Público Fiscal empezó la tarde del 10 de junio.

La instancia de los alegatos comenzó el jueves 3 de agosto. Las dos primeras audiencias estuvieron a cargo de las querellas representadas por los abogados Inés Lugones, Pedro Orieta y Rodrigo Scrocchi, por un lado, y las representadas por Pablo Gargiulo, por el otro (la crónica de estos alegatos, aquí). El jueves 10 fue el turno de la doctora Liliana Molinari, y su alegato lo hizo en nombre del Comité por la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos. En su exposición detalló las pruebas testimoniales y documentales referidas a la víctima Margarita Cruz. Por su parte, el doctor Luis Santucho, querellante por la Fundación Liga Argentina por los Derechos del Hombre, habló de los casos de Néstor Juan Zurita y María Rosa Zurita. “Esta no fue mi voz, fue la voz de Margarita Cruz quien luchó por más de 40 años por alcanzar la verdad y la Justicia”, dijo Molinari al cerrar su alegato. Antes había solicitado 25 años de prisión para los imputados Jorge Omar Lazarte, Alberto Alfredo Svendsen, Enrique José Del Pino, Luis Armando De Cándido, Ricardo Oscar Sánchez y Roberto Heriberto Albornoz, Néstor Rubén Castelli y Omar Edgardo Parada. (Para conocer la historia de Margarita Cruz, hacer clic aquí).

Liliana Molinari, del Comité por la Defensa de la Salud, la Ética y los Derechos Humanos | Fotografía de Elena Nicolay

“Estamos hablando de 271 hechos”, dijo en la introducción de sus alegatos el fiscal Pablo Camuña y explicó que es el megajuicio más copioso y complejo de los que se sustanciaron en la provincia. “Además estamos tratando un periodo histórico que hasta ahora no fue abordado en toda su complejidad que es el periodo anterior al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976”, agregó. Más adelante consideró que, de acuerdo a los testimonios y la prueba documental producida en las audiencias, quedó más que probado que sí se trató de terrorismo de Estado en tanto se puso al servicio de la represión todo el aparato estatal. “La CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) lo dijo ya a principios de los 80, que a Tucumán le cupo el privilegio de inaugurar el cimiento de los centros clandestinos de detención como una de las herramientas fundamentales del sistema de represión montada en la Argentina”, aseguró

71 audiencias. 409 testigos en sala. 22 testimonios tomados en los domicilios. 271 víctimas. 102 de esas víctimas permanecen desaparecidas. 7 mujeres embarazadas de hijos o hijas cuyos destinos se desconoce. “Los restos que fueron identificados, ninguno fue encontrado por el aporte de los imputados”, señaló Camuña al hablar del pacto de silencio que mantienen los imputados. “Durante el debate hemos visto cientos de víctimas rogando, clamando que los imputados les dijeran a dónde están sus familiares. Sabemos que no se han arrepentido”, y advirtió que ese silencio y esta forma de participación en el proceso van a ser valoradas también porque “pensamos que retienen esa información porque saben que de esa forma siguen haciendo daño”.

Los testimonios como prueba fundamental

“No son solo el núcleo de estos procesos. La prueba testimonial es la columna vertebral de la reconstrucción histórica que se ha hecho en la Argentina después de que ocurrieron estos hechos”, dijo al tiempo que recordó que esto fue así considerado por el tribunal en otras sentencias dictadas. Entre los más de 400 testigos que pasaron a lo largo de las 71 audiencias estuvieron sobrevivientes y familiares de las víctimas. Pablo Camuña, en la valoración general de la prueba, se refirió a estos testimonios destacando las particularidades y la importancia que tienen. “Los familiares una vez más que confían en la Justicia. Han tomado, una vez, la decisión, pese a que la Justicia por casi 30 años les ha negado las respuestas que buscaban, que van a seguir apostando por el camino que la república les ofrece para canalizar sus pedidos de justicia”, sostuvo ante el tribunal presidido por Gabriel Casas. “Los familiares de los desaparecidos y de los asesinados, con esa ausencia irremediable que nos contó el doctor Pablo Gargiulo, estuvieron otra vez en los tribunales para relatar esa verdad, esa costosa verdad de volver a pasar por sus corazones, y delante nuestro, las peores experiencias que han vivido a lo largo de sus existencias”, agregó el fiscal que además puntualizó en los testimonios de los sobrevivientes.

“Los sobrevivientes, con toda la carga adicional que tienen, han venido acá y no solo han narrado su relato, nos han ofrecido también sus cuerpos como prueba viva de lo que han vivido”. Y aparecieron los recuerdos de las personas que se sentaron frente al tribunal y, como intentando no dejar dudas sobre sus palabras, quisieron mostrar las cicatrices visibles que la tortura les ha dejado. “Cuántos de los sobrevivientes que se sentaron acá ofrecían al tribunal exhibirnos sus cuerpos con esas marcas de lo que habían vivido hace 42 años. Nos ofrecen sus propios cuerpos donde está la prueba material”, remató Camuña que a continuación citó al escritor italiano y sobreviviente del holocausto Primo Levi. “Primo Levi relata que su mayor pesadilla era estar sentado en una reunión familiar, contar lo que le había pasado y que la gente que estaba allí ni siquiera lo escuchara. Y después, si oía, no le creyera”, señaló el fiscal y agregó: “Creo, señor presidente, que hay que doblar esa lógica, hay que darla vuelta y hay que valorar en su justa dimensión las declaraciones de los testigos una vez más y también con el reconocimiento de este valor adicional que es vencer todos esos miedos, venir acá y volver a confiar en la Justicia”.

El fiscal puso en evidencia que, en muchos casos, los interrogatorios a los que fueron sometidos los testigos sobrevivientes en este juicio fueron “claramente revictimizantes”. Así, se refirió a las preguntas que por un lado trataban de indagar la credibilidad de las víctimas y que “por el otro lado dejaban esta especie de tufillo justificatorio”. Camuña recordó el caso de un familiar de Rito Medina: “Lo llevaron (a Medina) a la escuelita de Famaillá e hicieron que un camión le pasara por encima de las piernas, delante de todos los secuestrados que estaban allí, a modo de advertencia general. Cuando vino uno de sus familiares, uno de los defensores le preguntó si sabía a qué se dedicaba el señor Rito Medina y le respondió que sí sabía, que era tractorista. Frente a eso la repregunta del abogado defensor fue ‘¿usted está seguro que solamente era un tractorista?’. Detrás de ese tipo de preguntas y de las relacionadas con la militancia hay un tufillo justificatorio. Está el por algo será”. Tras revivir ese episodio que se dio en la sala de audiencias, el abogado representante del Ministerio Público Fiscal dejó claro que nada podía justificar la comisión de delitos como esas torturas.

Un párrafo aparte fue la consideración de los testimonios de hijos e hijas de las víctimas en este megajuicio. “Cuando declararon estas personas, la defensa quiso menospreciar de alguna manera las declaraciones porque quienes tenían uno, dos, tres años en el momento de los hechos, no habían sido testigos presenciales y en todo caso no podían dar un relato directo de lo que había pasado”, señaló el letrado que consideró que esa es una posición equivocada. “Se trata de hijos e hijas en los que siempre hubo un afán de búsqueda, de reconstrucción de su propia historia. Y esa búsqueda, que lleva una vida entera, lo que nos permite es tener un testigo de primera línea que lo que hace es exponer una prueba y los testimonios bastante ordenadamente.”

Julia Vitar, Agustín Chit y Pablo Camuña (de izq. a der.), del Ministerio Público Fiscal | Fotografía de Elena Nicolay

Tras hacer la valoración general de la prueba documental y repasar las inspecciones oculares, los fiscales se fueron turnando para exponer cada uno de los casos que representan. El criterio para la presentación fue agruparlos de acuerdo al lugar de donde eran las personas u ocurrieron los hechos. “Entendemos que de esa manera se pueden ver mucho más claramente primero la lógica territorial que tuvo el Operativo Independencia y en segundo lugar se ve con más claridad el orden del secuestro de las caídas de las personas vinculadas espacialmente”, señaló Julia Vitar. La fiscal ad hoc destacó como muestra de esto los once casos expuestos el día viernes 18 correspondientes a las localidades de Las Mesadas y Santa Lucía. “En esa exposición se notaba claramente que las caídas estaban divididas en dos grandes grupos: unos ocurridos en agosto y otros en diciembre de 1975”, señaló Vitar.

“Hacemos una invocación al cumplimiento por parte del Estado argentino a los tratados internacionales por los cuales se verá obligado a, por un lado, no dejar impunes las violaciones a los derechos humanos y también sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la tortura, las desapariciones forzadas”, había dicho al iniciar su alegato el fiscal Pablo Camuña. “Son todos compromisos internacionales”, remarcó el letrado que solicitó al tribunal determine que en Tucumán no hubo una guerra durante el Operativo Independencia. “El hecho que estos crímenes hayan ocurrido durante un periodo constitucional democrático, que hubiere existido un decreto de la Presidencia de la Nación que autorizaba o asignaba al ejército la misión de aniquilar la subversión, que se haya declarado el estado de sitio; ninguno de los casos autorizaba a llevar adelante ninguno de los hechos que forman parte de esta acusación”, consignó. “Ahogar a una mujer embarazada de 15 años de edad, que tiene 5 meses de gravidez y aplicarle picanas eléctricas en su vientre no puede ser válido en ninguna circunstancia”, sentenció el fiscal y señaló que, más allá de todo lo que esa persona pueda haber sido o haber hecho, “lo que va a haber es siempre es una persona torturando una mujer embarazada y eso causa la necesidad de que ese hecho sea castigado”, añadió.

Este jueves y viernes se espera que la fiscalía termine con sus alegatos al realizar el pedido de pena. Luego será el turno de las defensas y, finalmente, se prevé que la sentencia se dicte el día 15 de septiembre.