Operativo Independencia: los primeros alegatos

Los abogados Orieta, Lugones y Scrochi | Fotografía de Elena Nicolay

La mañana del jueves 3 de agosto había empezado con las palabras de los imputados. Ejerciendo su derecho de defensa material, Camilo Francisco Orce, Roberto Heriberto Albornoz y Luis Armando De Cándido hablaron por más de tres horas. En resumidas cuentas aseguraron no tener responsabilidad alguna en los delitos que se les endilgan y se presentaron como víctimas de una persecución innecesaria. De Cándido y Albornoz, ya condenados en otros procesos anteriores por delitos de lesa humanidad, fueron dos de los que al finalizar esta primera semana de alegatos escucharon el pedido de pena por parte de los abogados querellantes.

 “Venimos a conocer qué pasó con los ciudadanos santiagueños que fueron secuestrados, muchos de ellos en la provincia (de Santiago del Estero) y traídos acá y en otros casos que fueron secuestrado en esta misma provincia (Tucumán) y que hoy permanecen desaparecidos”, dijo la doctora Inés Lugones en las primeras horas de la tarde del jueves pasado. La abogada fue la encargada de abrir la instancia de los alegatos en el juicio por la megacausa Operativo Independencia. Lugones, junto a Pedro Orieta y Rodrigo Scrochi, tienen a cargo la representación de la querella colectiva llevada adelante por la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Santiago del Estero. A lo largo de casi un año y medio de audiencias buscaron probar los delitos cometidos contra José Teodoro Loto, Juan Carlos Chaparro, Daniel Fernando Cantos Carrascosa, Gustavo Enrique Holmsquit y R.C. (su identidad se preserva por aplicación de protocolo a víctima de delitos sexuales).

 “Fueron muchos años y en el medio muchos ya no están”, siguió Inés Lugones haciendo un homenaje a quienes “allá al inicio de la democracia realizaron las denuncias, comenzaron a aportar datos, a realizar marchas (…) y un especial homenaje a los presos políticos que aun cuando todavía resonaba el horror en los cuerpos de ellos se animaron a denunciar”. La extensa exposición de los abogados que representaban esta querella colectiva versó sobre el contexto político, social y económico bastante anterior a la década del 70. Poco a poco, y haciendo un pormenorizado recorrido, se acercaron a 1966. Con el cierre de los ingenios y la profunda crisis social, la organización obrera se convirtió en uno de los focos a combatir. Toda esta contextualización fue realizada en base a testimonios de víctimas y de expertos. La prueba tanto testimonial como documental permitió hablar de la conformación de un plan represivo que se valió de conceptos como el de patria y de categorías como occidental y cristiano. “Tomás Ramón Medina, vecino de la escuelita de Famaillá, relató textualmente que cuando llegó la (Policía) Federal les dijeron que cerraran el negocio familiar, porque debían servirles a ellos, por la patria”, recordaron los abogados poniendo en diálogo las construcciones conceptuales con la realidad contada por los testigos.

El circuito represivo que tuvo su epicentro en la provincia de Tucumán a partir de la implementación del Operativo Independencia estaba profundamente vinculado a la provincia de Santiago del Estero, aseguraron los querellantes. Y como prueba contundente de esta afirmación repasaron los nombres de los santiagueños desaparecidos cuyos restos fueron identificados en el Pozo de Vargas:

  • Gloria Susana Figueroa Nieva, secuestrada en junio de 1976; sus restos fueron recuperados en 2014.
  • Miguel Ángel Figueroa Nieva, secuestrado en junio de 1976; sus restos fueron recuperados en junio de 2016.
  • Marta Susana Costilla, secuestrada en febrero de 1977; sus restos fueron recuperados en agosto del 2013.
  • Luis Alberto Lezcano, secuestrado en marzo de 1976; sus restos fueron recuperados en julio de 2013.
  • Julio Oscar Zurita, secuestrado en noviembre de 1976; sus restos fueron recuperados en 2014.
  • Julio Armando Leiva, secuestrado en 1977; sus restos fueron recientemente identificados.
  • Santiago Armando Arquetti, secuestrado en enero de 1977; sus restos fueron recientemente identificados.
  • Félix Daniel López Saraco, secuestrado en febrero de 1976; sus restos fueron recientemente identificados.
  • Emilio Ibarra, secuestrado en marzo de 1976; sus restos fueron recuperados en 2013.
  • Santiago Omar Vicente, secuestrado en febrero de 1976; sus restos fueron recuperados en 2015.
  • Héctor Rubén Carabajal, secuestrado en diciembre de 1976; sus restos fueron recuperados en 2015.
  • Dardo Exequiel Arias, secuestrado en octubre de 1976; sus restos fueron recientemente identificados.
  • Ángel Rodolfo Méndez, secuestrado en junio de 1976 en Yerba Buena; sus restos fueron recuperados en 2016.
  • Osvaldo José Gregorio Giribaldi, secuestrado en Jujuy, empleado del Ingenio Ledesma; sus restos fueron recuperados en junio de 2016.
  • Francisco Eduardo Díaz, secuestrado setiembre de 1976; sus restos fueron recuperados en 2015.
  • Enrique Gonzalo Díaz Macías, secuestrado en octubre de 1976; sus restos fueron recuperados en marzo de 2016.

Las historias de cada uno de los casos representados por Lugones, Orieta y Scrochi fueron presentados ante una sala repleta que permanecía atenta más allá del avance de las horas. El pedido de la pena para cada uno de los imputados por los delitos cometidos contra José Teodoro Loto, Juan Carlos Chaparro, Daniel Fernando Cantos Carrascosa, Gustavo Enrique Holmsquit y R.C. se realizó cerca de las 19 horas del día jueves. Antes, los abogados explicaron por qué los delitos que aquí se juzgan deben considerarse constitutivos del delito internacional de genocidio. “Porque es necesario llamar a las cosas por su nombre”, sentenciaron categóricamente tras repasar los fundamentos jurídicos. Así también, se refirieron a los delitos sexuales el marco del terrorismo de Estado. “Deben ser considerados como delitos independientes de la tortura y de los tormentos”, advirtieron haciendo referencia a la modificación de la jurisprudencia al respecto.

“Este es un juicio único a nivel país”, dijo sobre el final de su alegato Rodrigo Scrochi. “En esta sala vimos pasar muchas personas del interior de la provincia, quienes no tuvieron la posibilidad material ni simbólica de asimilar el terror vivido”, señaló el abogado que reflexionó sobre las evidentes desigualdades socioeconómicas de los sobrevivientes y familiares que brindaron su testimonio a lo largo de las audiencias. “No pudieron desatar el nudo de terror, de silencio y de impunidad”, señaló. “Hermanos tucumanos que no pudieron procesar lo vivido y esperaron 40 años para contarlo”, agregó al tiempo que recordó el concepto de daño transgeneracional expuesto por la testigo experta Liliana Rousseau. “Todos los que estamos aquí formamos parte de esas generaciones afectadas (…). Yo soy parte de esa generación que le tocó vivir su infancia al calor de las luchas de abuelas, madres e hijos en busca de justicia. Soy parte de esa generación que vivió su juventud viendo cómo los genocidas eran condenados y la justicia llegaba después de tantos años de impunidad. Soy parte de la generación que hoy está aquí presente, exigiendo justicia y juzgando a los genocidas. Y soy parte de la generación que juzgará hasta los últimos genocidas que quedan sueltos”.

La querella representada por Inés Lugones, Pedro Orieta y Rodrigo Scrochi solicitó las penas de prisión perpetua, de cumplimento efectivo en cárcel común para los imputados Jorge Omar Lazarte, Roberto Heriberto Albornoz, Alberto Alfredo Svendsen, Luis Armando De Cándido, Enrique José Del Pino, Omar Edgardo Parada y Néstor Ruben Castelli.

En el nombre de todos

El abogado querellante Pablo Gargiulo | Fotografía de Elena Nicolay

Pablo Sebastián Gargiulo es el abogado que lleva adelante, desde hace algunos años, la querella en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Desde ese rol, el viernes 4 presentó los alegatos por las causas de Néstor Juan Agustín y María Rosa Zurita, Maurice Jeger y Olga Cristina González, Jorge de la Cruz Agüero y de Adán Rodolfo Leiva. Además, como representante particular, realizó los alegatos por las causas de Máximo Osvaldo Jaroslavsky, Julio Antonio Martín, Héctor Hugo Gargiulo y Carmen Gómez de Gargiulo.

“Pablo era su nombre de guerra. Por eso yo me llamo así, y a partir de que yo supe que ese era el origen de mi nombre lo llevo con mucho orgullo”, dijo sobre el principio el abogado que a lo largo de este juicio busca justicia por la desaparición de sus padres: Héctor y Carmen. Pero antes de contar quiénes fueron cada una de las víctimas por las que hizo el pedido de pena a siete imputados, Gargiulo habló con solvencia del plan sistemático de aniquilamiento que implicó el Operativo Independencia. “Fue un banco de prueba de lo que después se implementara durante el terrorismo de Estado”, sostuvo el abogado.

El repaso a través de los testimonios y las pruebas documentales por las consecuencias del cierre de los ingenios, la organización de los trabajadores y el disciplinamiento a la clase obrera que se propuso Fuerzas Armadas y cuyo registro está en el diario de campaña de Acdel Vilas, fueron los primeros tópicos que el abogado abordó. “La Iglesia no puede pedir reconciliación, porque no fue imparcial. Fue cómplice”, sentenció al hablar del rol que cumplió esta institución cuyos capellanes castrenses fueron funcionales a la represión. También habló del papel que jugó la prensa tanto nacional como provincial y de la construcción de la figura del enemigo. “Una definición que tenía que ser muy elástica”, señaló advirtiendo la amplitud que necesitaba esta idea para justificar el secuestro y desaparición de tantas personas de las más diversas ocupaciones, clases sociales y posicionamientos político ideológico.

El concepto de guerra y la declaración de ‘estado de sitio’ fueron dos de los puntos sobre los que el abogado se detuvo. Valiéndose de tratados internacionales y de la legislación argentina, advirtió las inconsistencias en las tesituras que justifican en estos conceptos los delitos cometidos. “El estado de sitio no debía ser excusa para la supresión de las garantías constitucionales”, señaló.

A lo largo de casi cuatro horas de exposición, Pablo Gargiulo habló de cada uno de los casos que representa y repasó los testimonios que dieron cuenta de esas víctimas y de la vinculación de los imputados a los que señaló como responsables. Para Alberto Alfredo Svendsen solicitó la pena de 12 años de prisión; en tanto para Jorge Gerónimo Capitán, Enrique José Del Pino, Jorge Omar Lazarte, Luis Armando De Cándido, Roberto Heriberto Albornoz, Ricardo Oscar Sánchez, Manuel Rubén Vilas y Omar Edgardo Parada pidió que sean condenados a prisión perpetua. Respecto a la modalidad de cumplimiento consignó que en los casos que los imputados estén en condiciones de ser remitidos a una unidad penitenciaria, el cumplimiento sea efectivo y en cárcel común. Para aquellos que por razones de salud o avanzada edad u otros motivos que hagan imposible el cumplimiento de la pena en un establecimiento penitenciario, solicitó que se considere el sistema de vigilancia electrónica.

Gargiulo le dedicó un párrafo aparte a uno de los imputados que más veces pidió la palabra a lo largo de todo este proceso judicial: Jorge Omar Lazarte. Haciendo referencia a su legajo, señaló la importante formación que el imputado tenía en lo que a servicio de inteligencia y contrainteligencia se refiere. “Lazarte fue un hombre formado en inteligencia. Pero él siempre ha sostenido que durante su estadía en la policía de Tucumán su función se vinculó estrictamente a contar pares de borceguíes y uniformes militares”, sostuvo Gargiulo haciendo referencia a las explicaciones vertidas por el imputado en reiteradas oportunidades. “Pero simultáneamente a esa explicación dice que su llegada a Tucumán es a propósito de la situación caótica que se vivía en la provincia que era presa de permanentes ataques subversivos y por pedido desesperado del gobernador Juri”, continuó señalando el letrado. “Es decir que mientras por un lado describe ese escenario caótico, él dice que se las pasaba contando uniformes, siendo un oficial de inteligencia altamente calificado”, agregó. “Esa versión de los hechos exculpatoria y a mi entender es falsa” concluyó Pablo Gargiulo que remató con una frase de Napoleón Bonaparte que provocó la sonrisa de los miembros del tribunal: “Cuando el adversario se equivoca, no hay que distraerlo”.

Martita Gómez (izq.) | Fotografía de Elena Nicolay

Antes de concluir sus alegatos, el abogado le fue dando lugar al hijo, al sobrino, al amigo-hermano. Sus padres fueron secuestrados cuando él tenía alrededor de un año de vida. Su abuela, la ‘Martita Gómez’, como se la conoce en Tucumán a esta histórica militante y una de las primeras Madres de la provincia, había estado sentada en la primera fila escuchando a su nieto. “En primer lugar le quiero agradecer a mi abuela. Yo creo que todo lo que pueda haber de bueno o de noble en mí se lo debo a ella”, dijo Pablo sosteniendo la voz firme. “Quiero agradecerle también a Laura, mi compañera de toda la vida, por apoyarme todos estos años, y por mantener permanentemente a salvo de mi locura en estos últimos días a nuestras hijas”, agregó. Las cuatro mujeres estaban sentadas juntas, como pegaditas unas con otras, sosteniéndose.

“Las víctimas de esta causa no solamente hemos tenido que convivir con la ausencia de nuestros familiares a lo largo de todos estos años. También hemos tenido que convivir con un discurso negacionista, legitimador del terrorismo de Estado, estigmatizante en cuanto a sus víctimas”, dijo Gargiulo en una alocución que mantenía a toda la sala de audiencias emocionada. “Las víctimas de estas causas hemos tenido que convivir con los asesinos, hemos tenido que compartir las calles con ellos, hemos tenido que soportar incluso que el peor de ellos llegue a la gobernación de esta provincia”, agregó haciendo referencia a Antonio Domingo Bussi. “Hemos tenido que soportar que desde ese discurso que tienen las manos manchadas de sangre se nos dé lecciones de moral”. Señalando la subsistencia de ese discurso hizo referencia a la propuesta esgrimida por el concejal Ricardo Bussi, hijo del genocida condenado. “Propuso la iniciativa de sacar el Ejército a la calle para combatir la delincuencia. Esa postura, esa decisión, esa propuesta, tiene raíces que calan profundamente en los hechos que ocurrieron hace 42 años, porque lo que está diciendo es que la solución para el problema de la inseguridad es volver a llamar a ese ejército salvador de la patria que en otra oportunidad terminó con el flagelo de la subversión (…). Esta iniciativa interpela fuertemente a la sociedad no ya por lo que pasó con las víctimas hace 42 años, esta cuestión trasciende al universo de las víctimas de este juicio. Y en ese sentido también interpela al tribunal. Porque el tribunal tiene en sus manos una sentencia que puede significar o un apoyo implícito, indirecto, elíptico si se quiere, a iniciativas de esta naturaleza que abrevan en aquellas fuentes de hace 42 años o ponerle un coto, o ponerle un límite. Y poner las cosas en su sitio, que no es el sitio de los salvadores de la patria”.

Homenaje a la militancia y a la alegría

Natalia Ariñez, presente | Fotografía de Elena Nicolay

Natalia Ariñez, presente | Fotografía de Elena Nicolay

Natalia Ariñez fue para todos los que sostienen la lucha por la verdad, la memoria y la justicia, mucho más que una militante. No hay quien no la recuerde por su lucha y por su sonrisa. De todas las personas que militaron y militan estas causas, Natalia tuvo, además, una fuerte presencia en cada uno de los juicios por delitos de lesa humanidad. No solo se comprometió para que se realicen, sino que buscó por todos los medios que se conociera lo que estaba pasando y lo que esto significaba. Este debate oral y público, el número 12 que se realiza en la provincia, era especial. En esta oportunidad se juzgan los delitos cometidos contra Jorge de la Cruz Agüero, el padre de Natalia. En junio del año pasado, Natalia declaró por la causa de su padre. En diciembre perdió la vida tras haber sido arrollada por un conductor que realizó maniobras incomprensibles al tratar de evitar un control vial.

Pablo Gargiulo, su amigo y hermano de la vida, cerró su alegato dedicándoselo a su memoria: “Quiero dedicarle a ella este alegato, a su memoria y esta última palabra que tantas veces estuvo en su boca explotando en un grito, pero sin jamás perder la sonrisa, señores jueces: Justicia”, dijo emocionado. El día anterior, Inés Lugones dedicó un homenaje a la mujer que hizo de su vida la más alegre y colorida de las luchas:

Natalia no era una militante más, era una de las personas que uno siempre quería tener cerca. Frente a las adversidades, que las tuvimos, aparecía con sus frases y sus gestos dando ánimos y persistiendo como nadie en seguir adelante. Perseverando como pocas, sostén de la memoria del pasado con presente, desde los primeros tiempos. Gestora junto con sus compañeros del Diario del Juicio, medio de comunicación para informar los juicios de lesa humanidad en Tucumán, Natalia estaba siempre en la parte alta de esta sala; la de los comunicadores. Atenta a los gestos, a la palabra y a los testimonios de estas víctimas que como ella esperaron 41 años para llegar a este estrado. Desde allí a menudo alzaba mi mirada y encontraba su sonrisa, sus gestos de asombro, de aliento, o muchas veces de bronca ante la palabra deslegitimadora de los del frente.
Natalia asumió que los juicios de lesa de humanidad no debían circunscribirse a esta sala, por eso el Diario del Juicio. Contar la historia acallada soterrada por años de impunidad. Natalia militó sin cansancio recreando métodos y generándolos. Cuando en los tiempos de los 90 se respiraba impunidad, la agrupación HIJOS a la que pertenecía Natalia salió a la calle a señalar públicamente a los genocidas impunes. Tenacidad por mantener en alto la memoria colectiva, eso era Natalia.
Acá en este juicio se juzga a los responsables del crimen a su padre, Jorge Agüero. "Tengo más tiempo de militancia que lo que mi papá tuvo de vida", respondió Natalia ante la pregunta de su abogado el doctor Pablo Gargiulo. Natalia homenajeó a su padre, militante y poeta con un poema: "Inoportuno vuelve hoy, 40 años después en mí: tu justicia".
Pensándola siento que ella desea que este momento sea de alegría y eso es un mandato. Voy a terminar con alegría el mejor de los tributos para esta militante, diciendo eso que puso en su página de Facebook: "¿De qué se ríe se preguntarán? Ni idea... supongo que de lo imposible... que solo tardó un poco más..."
Con Natalia en nuestros corazones pedimos justicia, señores jueces.