Los derechos de la niñez, en retroceso
/Luis Pedernera | Fotografía de Bruno Cerimele
Luis Pedernera es uruguayo y tiene una amplia trayectoria en organizaciones y organismos de defensa de los derechos de la niñez y adolescencia en su país y a nivel regional. En febrero de este año fue elegido para formar parte del Comité por los Derechos del Niño, el organismo que tiene la función de examinar los progresos realizados en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los países que han ratificado la Convención por los Derechos del Niño. La semana pasada, Pedernera visitó Tucumán para recabar información acerca de las políticas públicas que se realizan en la provincia a fin de cumplir las normas internacionales. Esta información formará parte del documento evaluador que el Comité elabora cada 5 años y que describe avances y retrocesos en la aplicación de los derechos de la niñez y adolescencia.
En ese marco, el delegado se reunió con funcionarios del Ejecutivo provincial y también con representantes de la Justicia. En el último caso, Pedernera lamentó un faltazo de importancia. “El jueves tuve una reunión con jueces y camaristas de familia de quienes pude recabar informaciones de interés, pero es una pena que no haya podido tener un diálogo con los jueces de menores que no estuvieron presentes en la reunión. Era una presencia que me interesaba, ya que he recibido planteos por parte de operadores del sistema preocupados por algunas formas de actuación de los jueces de menores, y lamentablemente no vinieron al diálogo. Era una oportunidad importante porque nuestro sistema se basa en el diálogo para avanzar en hacer cada día más realidad los derechos del niño”.
El proceso de examen se realiza cada 5 años y los miembros del Comité reciben informes del Estado, de las organizaciones sociales y de organismos como UNICEF; además escuchan testimonios de niños y luego de eso elaboran un documento de recomendaciones y observaciones. Ese documento debería ser una pieza central para pensar las políticas hacia la infancia: allí el Comité plantea las principales preocupaciones y los principales puntos a abordar para que el Estado tenga en cuenta a la hora de abordar las políticas hacia la niñez y adolescencia. Argentina deberá recibir ese documento durante 2018 por lo que desde el Comité se espera que sus recomendaciones ayuden a los funcionarios de los tres Poderes del Estado a avanzar en que los derechos del niño sean una realidad en el país.
Luego de encontrarse con funcionarios estatales, Pedernera se reunió con organizaciones de la sociedad civil a quienes escuchó en una ronda de intercambio que organizó la Secretaría de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán el viernes por la mañana. La propuesta del delegado uruguayo consistió en recibir las principales inquietudes de organizaciones con trabajo territorial, agentes estatales relacionados al trabajo social, representantes de organizaciones de profesionales que trabajan en relación a la niñez y medios de comunicación populares.
Entre las principales preocupaciones que recibió Pedernera se encuentra el rol de las fuerzas de seguridad en sus diferentes formas de intervención territorial. Trabajadoras sociales del Ministerio de Desarrollo Social expresaron su preocupación por el accionar incompetente de la Policía provincial ante conflictos de orden familiar en los que se ven envueltos niños y adolescentes de sectores vulnerables: desde situaciones de violencia familiar, donde son los niños y sus madres quienes deben abandonar su vivienda y no el agresor, hasta adolescentes en conflicto con la ley que sufren diferentes tipos de agresiones incongruentes con los derechos humanos y en especial con los derechos del niño que garantiza el derecho internacional. Por otro lado, las organizaciones territoriales denunciaron la connivencia de agentes de la Policía con los dealers en los barrios más vulnerables, en un escenario en el que se registra el acceso a las drogas en niños desde los 7 u 8 años, así como un importante nivel de complicidad con la delincuencia juvenil.
“No hay nada más en contra de la Convención por los Derechos del Niño que las propuestas por la baja de edad de imputabilidad.”
En este marco, el delegado uruguayo recibió con amargura el desarrollo de las políticas estatales. “Ahora a uno le queda la preocupación por cierto retroceso en materia de políticas sociales que denuncian las organizaciones territoriales y que afectan particularmente a los niños que siguen siendo el sector más desfavorecido en nuestra región, siguen siendo los más pobres en el total de la población”. De la misma manera, expresó su rechazo por el avance de los discursos que ponen a la niñez como un agente del delito, un discurso que, impulsado desde algunos medios de comunicación, encuentra recepción en quienes diseñan las políticas públicas: “También estamos preocupados por los procesos de criminalización que todavía están ahí en las gateras pendientes y con una fuerza muy grande por emerger, y que la manifestación más patente de esos procesos es el neopunitivismo, las propuestas de baja de edad de imputabilidad que están presentes en Argentina pero también en Centro y Norteamérica y que son preocupantes porque no hay nada más en contra de la Convención por los Derechos del Niño que las propuestas por la baja de edad de imputabilidad. Ese discurso está en contra de los derechos del niño y está en contra de lo que expresa la Convención y por eso nuestro rechazo tiene que ser frontal porque la Convención dice explícitamente que la cárcel es una mala respuesta por lo que debe usarse excepcionalmente y por el menor tiempo posible”.
En Argentina no sólo el problema es el avance de estos discursos, sino también la materialidad de la exclusión en la que viven los niños, niñas y adolescentes. Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, el 58,7% de los menores de 18 años viven bajo la línea de pobreza, mientras que en la población adulta la pobreza alcanza el 30%. Por otro lado, según informó UNICEF este mes, el 65% de los adolescentes que acceden a la escuela secundaria no la terminan, lo que vulnera el derecho fundamental a recibir una educación básica. “Vemos con profunda preocupación los procesos de Argentina y otros países del sur, porque el foco está desplazado, realmente deberíamos preocuparnos por los derechos económicos sociales y culturales del niño y las preocupaciones hoy son la inseguridad y aumentar las penas, eso es un cambio de enfoque peligroso porque no tenemos que olvidar que con los niños se construye mucho de lo que el país va a ser”, finalizó Pedernera.