Suspenden el inicio del juicio por complicidad empresarial
/Foto: Audiencia preliminar juicio ingenio la fronterita - alejandro sarmiento | la palta
Más de 50 años después del comienzo del terrorismo de Estado en Tucumán con el Operativo Independencia y a más de una década de iniciada la investigación judicial, se esperaba que empiece el juico por la causa conocida como Ingenio La Fronterita. Sin embargo, al mediodía de hoy, martes, y un día antes de la primera audiencia se anunció su suspención.
En este juicio se esperaba que por primera vez en la provincia se juzgue la responsabilidad de empresarios en crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado.
Los imputados en la causa son Jorge Alberto Figueroa Minetti y Eduardo Butori. Si bien empezó con seis empresarios acusados inicialmente, tres de ellos fallecieron durante el proceso y otro fue apartado por razones de salud. Se los juzgará por los delitos cometidos contra 68 víctimas en el marco del funcionamiento de una base militar instalada dentro del predio del ingenio La Fronterita, ubicado en Famaillá.
Los testimonios reunidos a lo largo de los 16 juicios por delitos de lesa humanidad realizados en Tucumán señalaron reiteradamente que en las instalaciones del ingenio funcionó un centro clandestino de detención. Allí operaba una base militar desde la cual se desplegaban operativos represivos en la región, lo que da cuenta del rol que tuvieron directivos del ingenio en el secuestro, la detención ilegal y las torturas de trabajadores y pobladores de la zona entre 1975 y 1978. Se estima que, durante ese período, más de 80 personas fueron víctimas de la represión vinculada al ingenio.
“Que esta causa llegue a debate oral marca un hito para Tucumán. No sólo se juzgan crímenes gravísimos, sino también el rol que sectores empresariales tuvieron en el engranaje represivo. Sin esa dimensión, la verdad queda incompleta”, decía Florencia Vallino, directora ejecutiva de Abogadas y abogados del NOA en los Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes). Desde el organismo, que se presenta como uno de los querellantes en la causa, advierten que este proceso judicial también busca evitar lo que se conoce como impunidad biológica, es decir, que el paso del tiempo cierre las causas sin que exista una sentencia.
La audiencia estaba prevista para este miércoles 11 de marzo, a partir de las 9.30 en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán (TOF) en la esquina de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco. Desde los organismos de derechos humanos se había convocado a organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y a la comunidad en general a acompañar el inicio del debate este miércoles frente al Tribunal Oral Federal.
