Operativo Independencia: El genocidio comenzó en Tucumán

Foto: Marcha en Tafí Viejo (2025) - Mariela De Haro | La Palta

“El Operativo Independencia no fue solamente más represión, sino que se trató de un plan represivo cualitativamente distinto a todo lo que venía sucediendo”, dice Ana Jemio, licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Sociales. El 5 de febrero de 1975, María Estela Martínez de Perón firmó el decreto 261/75, que ordenó el inicio del Operativo Independencia. Días después, el 9 de febrero, se puso en marcha un plan sistemático de desaparición y exterminio que luego se extendió por todo el país. 

Con la excusa de erradicar la Compañía del Monte Ramón Rosa Jiménez, brazo armado del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las fuerzas armadas desplegaron una ocupación militar por casi todo el territorio tucumano. Alrededor de 300 efectivos fueron trasladados al sur de la provincia, donde asentaron sus bases militares en la denominada “zona de operaciones”. Esa ocupación militar tuvo como objetivo controlar y ejercer el terror en toda la población. Se impusieron toques de queda, se restringió la circulación por las calles y los militares podían ingresar a las casas sin ningún permiso para realizar requisas. 

“Hay toda una corriente que dice que se buscaba destruir al movimiento popular, a todas las organizaciones, destruir los lazos sociales. Lo que hay que pensar son los enormes procesos de resistencia en Tucumán, que fueron gestando una avanzada y un proyecto verdaderamente alternativo, en algunos casos revolucionarios y en otros no. Es la existencia de ese proyecto, con esa potencia, lo que ellos buscaban atacar”, explica Jemio. 

El modus operandi del Operativo Independencia, se caracterizó por la creación de Centros Clandestinos de Detención (CCD), donde se cometieron innumerables violaciones a los derechos humanos. Los dos más grandes fueron la Escuelita de Famaillá y la Jefatura de Policía en la capital tucumana. Allí se encontraba el personal especializado en inteligencia y se torturaba a las personas secuestradas. En el ingenio Fronterita, el ex ingenio de Lules y Santa María, también funcionaron CCD que actuaban como punto de apoyo de los centros principales. Además, existieron más de 60 espacios de detención clandestina que formaban parte de esa red de secuestros. 

1975 fue el año de mayor represión: el 50% de los secuestros del período 1975-1983 se produjo ese año. Alrededor de 800 personas fueron sometidas a la desaparición forzada, es decir, fueron secuestradas, torturadas e incomunicadas. A sus familias se les negó cualquier tipo de información. El 60% de las víctimas son sobrevivientes.

“El Estado, en su sistema penal y punitivo, creó una faz clandestina que antes no existía. Ahí estuvieron involucradas todas las fuerzas armadas y de seguridad, pero también el Poder Judicial, porque intervinieron ciertos jueces y se crearon leyes. Hubo un Estado que instaló un sistema clandestino para ejercer el terror”, sostiene la socióloga.

Los juicios y una verdad histórica

Foto: Apertura Juicio Operativo Independencia (2016) - Ignacio López Isasmendi | La Palta

En mayo de 2016, en Tucumán comenzó uno de los juicios más grandes: la megacausa Operativo Independencia. Por primera vez, se juzgaron crímenes de lesa humanidad ocurridos antes del golpe de Estado de 1976, bajo un gobierno constitucional. La causa contó con 271 víctimas de las cuales, más del 70% eran del interior de la provincia. De los 20 imputados solo 10 fueron condenados. La segunda parte de este proceso judicial, la Megacausa 14, se desarrolló en 2020.   

Estos juicios evidenciaron que el daño provocado por el terrorismo de Estado es transgeneracional. “En los poblados del interior, donde hubo ocupación militar y los niveles de victimización son tan altos, se transmite el horror pero no las palabras que ayudan a ubicarlo y a entenderlo. Muchas veces, lo más silenciado no es la experiencia del horror, sino las experiencias organizativas que quedaron como un tema tabú. Es decir, quedó la idea de que a quienes hacen quilombo les pasan cosas malas”, explica Jemio. 

Durante las audiencias de la megacausa declararon profesionales que llevaron a cabo investigaciones sobre el Operativo Independencia, conocidos como ‘testigos de contexto’. Ana Jemio fue una de elles. “Los juicios permitieron construir una verdad, recabar testimonios, conocer nuevos procesos e interpretaciones que fueron fundamentales para desarrollos científicos. A su vez, estos desarrollos construyen nuevas miradas y nuevos conocimientos que se vierten en los juicios”, dice Jemio. Para la socióloga, la construcción de memoria y verdad se trata de un proceso de retroalimentación entre los organismos de derechos humanos, el ámbito científico y el poder judicial. “Si miramos lo que se sabía con el retorno democrático y lo que sabemos hoy sobre ese proceso, el avance es enorme”, agrega. 

Las sentencias de estos juicios dejaron en claro una verdad histórica: el terrorismo de Estado comenzó antes del golpe de Estado de 1976. En la actualidad, los crímenes cometidos durante el Operativo Independencia se siguen juzgando. El 11 de marzo comenzará el juicio por la causa La Fronterita, donde se investiga la complicidad empresarial durante el terrorismo de Estado. 

“Cuando decimos que no hablamos del pasado sino del presente, nos referimos a las transformaciones económicas, políticas y sociales que instaló el genocidio, y también a las memorias que han sido borradas, capturadas y que no terminan de aparecer. Por eso es tan importante seguir hablando, porque muchas de esas memorias son las que ayudan a entender las situaciones presentes”, concluye Jemio.