Más humanos: con los pibes no
/por Federico Gómez Moreno*
Foto: Ignacio López Isasmendi | La Palta
Con un timing de reloj suizo, envalentonado por el caldeo mediático, la indignación social y el proyecto de ley de baja de edad de imputabilidad impulsado por el gobierno nacional, el Poder Ejecutivo de Tucumán volvió a patear el tablero de los derechos humanos de las infancias y adolescencias. Hace unos días se oficializó el decreto que ordena el traslado del Instituto Roca al Pabellón 8 del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz, que procederá a llamarse “Cura Brochero”.
“El Roca” es la institución que alberga adolescentes en conflicto con la ley penal, los pibes infractores. Por ley, y por numerosos tratados internacionales, los adolescentes que transgreden deben tener un lugar de alojamiento y una modalidad de tratamiento orientada a la revinculación social, educativa, laboral, y no al encierro, el castigo y la punición. Desde hace un tiempo que hay pocos pibes en el Roca ya que a través del CAD (Centro de Admisión y Derivación), a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, un grupo de profesionales psicólogas y trabajadoras sociales los recibían para escuchar y orientarlos hacia otras alternativas a la privación de la libertad: actividades comunitarias, educativas, laborales, familiares, de salud, etc.. Porque el Roca, aunque con un régimen distinto para albergar adolescentes, no deja de ser un lugar de encierro. No es cierto que el Roca está lleno de pibes que van a la pileta y juegan al voley. Y si así lo hicieran, tampoco estaría mal.
Benjamín Paz es la nueva cárcel inaugurada hace poco, en Trancas. Por la urgencia de descomprimir las comisarías, que semana tras semana eran noticia por las denuncias, incidentes, reclamos y muertes, se inauguró medio a las apuradas. Había que trasladar a los presos. Más que una cárcel modelo de máxima seguridad, Benjamín Paz es, según especialistas, criminólogos y arquitectos penitenciarios, una “Comisaría 2.0”, un lugar donde no pueden estar alojadas personas privadas de libertad. La distancia, las horas de encierro, la falta de estructura edilicia acorde, la ausencia de espacios preparados para el trabajo resocializador (a través de escuela, capacitación, trabajo, acceso a salud) y las pocas horas de esparcimiento, todo eso constituye un argumento para quienes afirman que se parece más a un espacio construido para castigar que un lugar para resocializar.
En ese marco, desde la Mesa No a la Baja, integrada por organizaciones de derechos humanos, organizaciones de base, trabajadores, profesionales y espacios militantes, y fuertemente impulsada por ANDHES, se realizó un comunicado en donde se expresa la gravedad de esta medida y los argumentos de su ilegalidad. En la misma línea, diferentes medios locales también han estado comunicando esta preocupación. En consonancia, desde la Asociación Pensamiento Penal (APP), se expresaron a través de un comunicado titulado “Tucumán: El «Instituto Cura Brochero» y un retroceso hacia el sistema tutelar del siglo pasado”. Por su parte, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) publicó su informe sobre la situación carcelaria en cada provincia en el que dedica un apartado a las malas condiciones de alojamiento de la cárcel de Benjamín Paz. Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social recorrieron e inspeccionaron el pabellón, y dieron el “ok”. La Secretaría de DDHH brilló por su ausencia, para sorpresa de nadie.
Los argumentos para oponerse al traslado del Roca al Pabellón “Cura Brochero” sobran, los hay de todo tipo: legales, estadísticos, éticos, profesionales, institucionales, administrativos. Invito a leer los documentos citados para realmente entender la dimensión y la complejidad jurídica y social del problema. Pero esos argumentos parecen no alcanzar. El homicidio con adolescentes involucrados en Santa Fe, los robos a mano armada de pibes menores de edad que se reproducen una y otra vez en los medios, el pedido de mano dura de la sociedad, teñida por un populismo punitivo que lastima, y ejecutado sin titubeos por el gobierno nacional terminan ganando la pulseada de la agenda pública. La seguridad es el tema que más relevancia política tiene. Discursiva y pragmáticamente, es el punto de unión de fascistas y progresistas: la respuesta a la delincuencia es el castigo. Por más veces que haya fracasado el castigo y la punición como forma de abordar el delito, por más evidencia sobre la ineficacia de la cárcel en la reinserción, el encierro y el castigo parecen ser la única respuesta. Y esta decisión va en esa dirección: hay elecciones en 2027.
Pero hay un detalle en el que es importante detenerse, porque sino pasa desapercibido y el foco se diluye en debates argumentativos generales: el sufrimiento subjetivo y los efectos del encierro en la salud mental de quienes habitan las cárceles. Como toda institución, la cárcel genera fenómenos instituyentes, formas de ser, pensar, actuar, razonar, accionar. Y los efectos de la prisionalización en la salud mental, en el cuerpo y en la subjetividad, son devastadores. Ansiedad, ataques de pánico, paranoia, intentos de suicidio, suicidios, impulsividades, abstinencia, consumo. Eso, lejos, y en el encierro, puede ser enloquecedor. Hay que hablar más de los sufrimientos de salud mental generados como efectos del encierro.
Pretender resolver el delito con el encierro es subestimar el problema. En Tucumán cada vez se encierra más, y cada vez hay más lugar para alojar presos, pero las condiciones no mejoran. La provincia está advertida internacionalmente por las condiciones de alojamiento y detención en comisarías y unidades penitenciarias. Frente a problemas complejos se necesitan respuestas complejas. Pero eso implica tiempo, decisión política y presupuesto.
El delito es un conflicto social que se resuelve con la respuesta penal del Estado, y eso es problemático. Por supuesto que el dispositivo jurídico debe actuar en la instancia correspondiente, pero dentro de una lógica que piense a la transgresión adolescente como un problema complejo que requiere otro tipo de razonamientos más sofisticados que solamente castigar. El pibe de 16 que roba, consume, ‘bardea’, está intentando decir algo.
El encierro genera o agrava las situaciones de salud mental y de sufrimiento subjetivo. Benjamín Paz está ubicado en las afueras de la ciudad y el traslado de los familiares para ver a sus hijos, y el de profesionales y trabajadores del lugar, va a ser un problema inmenso, que ya viven quienes están alojados allí. Y esto tiene consecuencias, tensa el ambiente.
El adolescente que transgrede lo hace para decir algo que no puede expresar de otro modo. Lo hace tensando la ley, lo permitido. Como los adolescentes de los countries que manejan borrachos después del campeonato de fútbol y chocan o atropellan a alguien de vez en cuando. Pero los adolescentes que molestan son siempre los mismos, y el sistema penal tiene un dispositivo infalible para su detección y posterior encierro. Transgredir requiere una sanción y una responsabilización, pero si la única respuesta es la penal y la del castigo, es probable que ese pibe siga bardeándola, siga desafiando lo permitido para hacerse notar.
Foto: Alejandro Sarmiento | la palta
Es difícil, es una lucha a contramano, pero ojalá que las autoridades provinciales reflexionen sobre la gravedad de esta decisión y puedan dar marcha atrás; a veces cambiar de opinión es un signo de nobleza. Ojalá que la militancia organizada pueda hacerse escuchar desde la Mesa No a la Baja para no retroceder, para seguir dando la batalla de la importancia de los derechos humanos en las infancias y adolescencias y en lo peligroso en la salud mental su vulneración. Y sino, al menos que estas líneas puedan servir para debatir en la mesa del domingo o en la juntada de los jueves, para desarmar el discurso berretín que odia al pibe chorro porque sí. Subamos la vara, elevemos la discusión. Seamos mejores personas, más humanos.
Federico Gómez Moreno: Psicólogo (UNT) - Psicoanalista. Maestrando en Criminología (UNQ). Miembro del CEA - Director de Total Interferencia. Docente y tallerista en cárceles.
